El presidente Donald Trump emitió una proclamación el 27 de marzo en la que suspendió las autorizaciones de seguridad de los abogados de WilmerHale debido a actividades que consideró "perjudiciales para intereses estadounidenses críticos".
La orden instruye a las agencias gubernamentales revocar las autorizaciones de seguridad de los empleados de WilmerHale, rescindir cualquier contrato con la firma de abogados y restringir el acceso de sus empleados a los edificios gubernamentales.
La proclamación citaba específicamente la contratación por WilmerHale del ex asesor especial Robert Mueller, junto con sus principales ayudantes, Aaron Zebley y James Quarles.
En respuesta a la proclamación de Trump, un portavoz de WilmerHale defendió la contratación de Mueller, diciendo que se retiró de la firma en 2021 después de una "larga y distinguida carrera en el servicio público".
"Esperamos buscar todas las soluciones apropiadas a esta orden ilegal", dijo el portavoz en una declaración a varios medios de comunicación.
El portavoz afirmó que la proclamación se asemejaba a una orden ejecutiva dirigida a otro bufete de abogados, la cual fue bloqueada por un juez. Trump firmó una orden el 6 de marzo dirigida a Perkins Coie —el bufete contratado por la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016 y el Comité Nacional Demócrata— debido a lo que percibió como una "actividad deshonesta y peligrosa" llevada a cabo por el bufete.
La orden de Trump también implicó la contratación por parte de Perkins Coie de la empresa de investigación de la oposición Fusion GPS, que entonces empleó a Christopher Steele, el especialista en contrainteligencia británico retirado que compiló el ahora desacreditado expediente Steele que acusaba a la campaña presidencial de Trump de 2016 de conspirar con Rusia.
Perkins Coie impugnó la orden ejecutiva de Trump, argumentando que la orden del presidente violaba sus derechos a la libertad de expresión, la libre asociación y el debido proceso constitucional. El 12 de marzo, la jueza de distrito del Distrito de Columbia, Beryl Howell, acordó bloquear temporalmente partes de la orden de Trump que imponía ciertas sanciones al bufete, argumentando que era probable que este ganara la demanda.
Trump también firmó una orden el 14 de marzo que ordena a las agencias gubernamentales revocar las autorizaciones de seguridad de los empleados de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (Paul Weiss). La orden también instruye a las agencias que rescindan sus contratos con el bufete de abogados.
Esa orden fue retirada el 20 de marzo después de que Paul Weiss emitiera una declaración en la que acordaba revisar sus prácticas de contratación, se comprometía a realizar contrataciones, retención y promociones basadas en el mérito y dedicaba el equivalente a 40 millones de dólares en servicios pro bono en apoyo a las iniciativas de la administración Trump, como ayudar a los veteranos y el Grupo de Trabajo del presidente para Combatir el Antisemitismo.
En respuesta a las medidas de Trump contra ciertas firmas de abogados, 20 fiscales generales estatales demócratas y la Asociación Americana de Abogados acusaron al presidente de representar peligros para el sistema legal estadounidense al restringir la libertad de los abogados para elegir a sus clientes.
The Epoch Times se puso en contacto con WilmerHale para solicitar más comentarios y no recibió respuesta al momento de la publicación.
TJ Muscaro, Reuters y Katabella Roberts contribuyeron a este artículo.
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