La Federación Estadounidense de Profesores y la Asociación Estadounidense de Sociología demandaron al Departamento de Educación de EE. UU. el 25 de febrero por una carta en la que se advertía que las escuelas podrían perder la financiación federal si no cesaban sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en un plazo de 14 días.
En la demanda judicial, presentada en una corte federal de Maryland, los demandantes afirmaron que la carta del Departamento de Educación del 14 de febrero viola la Primera y la Quinta Enmienda. Pidieron al juez que declarara la política inconstitucional y prohibiera a los funcionarios federales hacer cumplir la directiva.
En la carta, Craig Trainor, secretario adjunto en funciones de derechos civiles del departamento, condenó lo que describió como "discriminación racial manifiesta y encubierta" en las escuelas y universidades de educación primaria y secundaria, y añadió que los defensores de tales "prácticas discriminatorias" intentaron justificarlas aún más en los últimos cuatro años en nombre de la DEI".
Al hacerlo, introdujeron "estereotipos raciales y una conciencia racial explícita en la formación, la programación y en las disciplinas cotidianas" escribió Trainor. Advirtió que las escuelas tenían dos semanas para poner fin a cualquier práctica que tratara a las personas de manera diferente debido a su raza, al tiempo que prometió que el departamento "haría cumplir la ley enérgicamente" y tomaría "las medidas adecuadas" para evaluar su aplicación.
La carta se envió a los departamentos de educación de los 50 estados, según el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
La Federación Estadounidense de Maestros es uno de los sindicatos de maestros más grandes del país, mientras que la asociación sociológica es un grupo de unos 9000 estudiantes universitarios, académicos y maestros.
Afirmaron que la carta viola las protecciones de la libertad de expresión previstas en la Primera Enmienda al obligar a las escuelas a enseñar únicamente las opiniones respaldadas por el gobierno federal. La carta también viola la Quinta Enmienda porque la directiva es tan ambigua que las escuelas no sabrán qué prácticas cruzan la línea, según la demanda.
"El alcance excesivo y la vaguedad de la ley y las restricciones basadas en el contenido que impone a la libertad de expresión y de opinión, obligarán a los miembros de los demandantes a elegir entre reprimir su libertad de expresión y asociación protegida por la Constitución o arriesgarse a perder fondos federales y ser objeto de enjuiciamiento", se lee en la demanda.
La carta "trastoca y reescribe radicalmente una jurisprudencia bien establecida", afirmaron los demandantes, señalando la justificación de Trainor para las nuevas obligaciones de no discriminación: una decisión de la Corte Suprema que prohíbe el uso de la raza en las admisiones universitarias (Students for Fair Admissions v. Harvard).
El Departamento "intenta establecer un nuevo régimen legal"
En su carta a las escuelas, Trainor dijo que el fallo de la corte más alta del país se aplica de manera más amplia a toda la educación financiada por el gobierno federal. "En esencia, la prueba es simple: si una institución educativa trata a una persona de una raza de manera diferente a como trata a otra persona debido a la raza de esa persona, la institución educativa viola la ley", escribió en la carta.En su demanda, el sindicato y la asociación argumentaron que no existe ninguna ley federal que impida la enseñanza sobre la raza y temas relacionados con la raza y que la Corte Suprema no prohibió los esfuerzos para promover la DEI en la educación.
La demanda se produce cuando la administración se enfrenta a otras demandas que impugnan las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump destinadas a prohibir las políticas y programas de DEI dentro del gobierno federal.
La semana pasada, un juez federal de Maryland impidió parcialmente a la Casa Blanca aplicar dicha prohibición en las agencias federales y empresas que contratan con el gobierno, tras determinar que las acciones probablemente violan la Constitución de los Estados Unidos.
El juez también prohibió a la administración Trump poner fin o modificar los contratos y subvenciones federales relacionados con la DEI.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Educación para recabar comentarios.
Con información de Bill Pan y Associated Press.
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