Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una propuesta de amicus curiae en Maryland para apoyar una demanda que busca bloquear la pausa que la administración del presidente Donald Trump impuso a las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés).
Presentado a un juez federal el 28 de febrero, el escrito argumenta que las acciones de la administración violaron la separación de poderes de la Constitución, así como la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor de 2010, que estableció la CFPB.
"Estos esfuerzos no solo violan nuestra ley y estructura constitucional, sino que también amenazan a los consumidores para cuya protección se creó la CFPB, y a los que ha protegido desde su creación hace una década y media", según un escrito de la representante Maxine Waters (D-Calif.), miembro de mayor rango del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, y otras 202 personas.
El 28 de febrero, un juez federal accedió a la petición de los miembros de presentar un escrito de amicus curiae, al que se unieron el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-N.Y.), y el miembro principal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jamie Raskin (D-Md.).
Anteriormente en febrero, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russ Vought, asumió el cargo de director en funciones de la oficina, que se enfrentó al escrutinio de uno de los principales asesores de Trump, Elon Musk. En dos mensajes separados en las redes sociales, Musk escribió: "Eliminar la CFPB" y "CFPB RIP".
El escrito de los demócratas se produjo como parte de una demanda presentada por el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, que dijo en una queja del 9 de febrero que incluía a empleados de la CFPB. El grupo presentó una demanda por separado el mismo día sobre el Departamento de Musk de Eficiencia Gubernamental de recibir acceso a los registros de la oficina.
La jueza de distrito Amy Berman Jackson emitió una orden temporal el 14 de febrero que impedía a la administración, entre otras cosas, borrar datos y despedir a empleados de la CFPB "excepto por causas relacionadas con el rendimiento o la conducta del empleado específico".
En su escrito, los demócratas dijeron que Vought impedía a la oficina "desempeñar sus diversas responsabilidades por mandato legal, como la supervisión de bancos y entidades no bancarias".
Añadieron que "sin la Oficina como guardián, las instituciones financieras se envalentonarán para llevar a cabo prácticas injustas, engañosas y abusivas en violación de las leyes de protección de los consumidores, perjudicando a los consumidores, colocando a los bancos más pequeños que siguen sujetos a la regulación de otras agencias en una desventaja competitiva, y creando el tipo de inestabilidad del mercado que Dodd-Frank fue diseñado para prevenir".
La organización, creada para hacer frente a las preocupaciones surgidas tras la crisis financiera de 2008, ha sido objeto de importantes casos ante la Corte Suprema sobre la separación de poderes en el país. El año pasado, la mayoría de la corte confirmó el controvertido mecanismo de financiación de la oficina, por el que el director determina una cantidad que la oficina extrae de la Reserva Federal.
En un caso de 2020, Seila Law contra la CFPB, la mayoría de la corte dijo que la estructura de la oficina violaba la Constitución al exigir que el director solo pudiera ser destituido por el presidente "por causa justificada". No obstante, permitió que la oficina siguiera funcionando, afirmando que la protección de la destitución del director era independiente de la ley que creó la CFPB.
El 24 de febrero, la administración Trump rechazó la idea de que estaba violando la separación de poderes de la Constitución.
"En cualquier caso, la Corte Suprema ha reconocido desde hace tiempo que las agencias pueden decidir permisiblemente qué acciones de aplicación y supervisión tomar, si las hay, en consonancia con los deberes legales impuestos a la agencia por el Congreso", dijo el Departamento de Justicia en un escrito.
Con información de Reuters.
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