El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó el recurso con el que se buscaba anular la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que prohíbe que los ecuatorianos voten con el teléfono en la mano durante las elecciones del 13 de abril, como había pedido el gobierno del presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa.
La impugnación fue presentada por el abogado Manuel Vite el pasado 17 de marzo, pero fue archivada este martes por el juez Joaquín Viteri debido a que Vite no completó ni aclaró su denuncia en contra de la disposición del CNE.
El 18 de marzo, el juez Viteri le dio a Vite dos días para que especifique de forma clara y precisa cuál era el acto o resolución contra la cual estaba recurriendo, con señalamiento de la persona u órgano que emitió el acto o resolución y la identidad de a quien se le atribuye su responsabilidad.
Además, le pidió que detalle cuáles eran "los agravios que ha sufrido y preceptos legales que estime le han vulnerado", se señala en la resolución del TCE.
Según la normativa, el incumplimiento por parte del denunciante del pedido del juez en el plazo establecido desemboca en el archivo de la causa.
El pasado lunes, el juez Viteri pidió a la secretaría del TCE que certifique si Vite había presentado algún documento, pero la respuesta fue negativa, por lo que dispuso que la impugnación sea archivada.
El pasado 13 de marzo, el pleno del CNE aprobó una resolución en la que prohibía el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio, así como también durante el escrutinio, salvo en el caso del presidente de cada mesa electoral.
La decisión fue tomada después de que su presidenta, Diana Atamaint, se reuniera con el Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía y los ministerios de Interior y Defensa, cuyo ministro, Gian Carlo Loffredo, dijo que la medida busca que la ciudadanía no "pueda ser víctima de sicariato (asesinato por encargo) producto de la extorsión a la hora de votar".
Desde el correísmo rechazaron esta decisión y criticaron que el CNE haya aceptado la demanda del gobierno de Noboa.
Tras la primera vuelta, la candidata correísta Luisa González y Noboa culparon al CNE de presuntas irregularidades en el desarrollo de la votación y del posterior escrutinio, lo que no fue avalado por las principales misiones de observación electoral, como las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que definieron los comicios como transparentes y sin irregularidades que lleven a pensar en un fraude.
Noboa llegó a afirmar sin aportar prueba de que en algunas zonas del país los electores habían sido amenazados por grupos criminales para votar a favor de González, lo que supuestamente debían demostrar con una fotografía de la papeleta de votación, por lo que el mandatario exigió que no se usen teléfonos móviles durante la votación en la segunda vuelta.
Sobre este mismo tema aún está pendiente un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que el viernes admitió a trámite una demanda que busca que se declare la inconstitucionalidad del artículo uno de la resolución en la que se determina la prohibición.
Los jueces que admitieron el recurso le dieron al CNE y a la Procuraduría General del Estado tres días para que defiendan la constitucionalidad de la norma impugnada y solicitaron el expediente con los informes y demás documentos que dieron origen a la disposición demandada.
Más de 13.7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 13 de abril para decidir si Noboa es reelegido para un mandato completo (2025-2029), donde profundice su "guerra" declarada al crimen organizado y avance en las reformas económicas propuestas, o si prefiere que el correísmo retome las riendas del país y convierta a González en la primera mujer presidenta de Ecuador.
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