El Senado presentó recientemente una legislación bipartidista destinada a detener el flujo de fentanilo y sus precursores hacia Estados Unidos, con el objetivo de responsabilizar a las entidades chinas de la exportación de estas drogas.
Los senadores Jim Risch (R-Idaho) y Jeanne Shaheen (D-N.H.), presidente y miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores respectivamente, presentaron el 6 de marzo la Ley de Ruptura de Transacciones Sospechosas de Fentanilo. La legislación no está vinculada a los aranceles, sino que tiene como objetivo otorgar al presidente de EE. UU. más autoridad para imponer sanciones a las entidades estatales o controladas por el Estado de China, incluidas las instituciones financieras, por contribuir al tráfico de fentanilo.
"Con el apoyo del gobierno chino, China sigue siendo la mayor fuente de fentanilo y precursores de opioides sintéticos para los cárteles mexicanos", dijo Risch en un comunicado. "Estos opioides llegan a nuestra frontera sur y matan a más de 100,000 estadounidenses cada año. Esto debe terminar y los responsables deben rendir cuentas".
Shaheen dijo que Estados Unidos debería "utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para cortar el flujo de fentanilo".
"China es el principal proveedor de precursores del fentanilo que alimentan esta epidemia, y no ha hecho lo suficiente para frenar la exportación de estos productos químicos a los grupos delictivos transnacionales mexicanos que tratan de traficar fentanilo en Estados Unidos", dijo Shaheen.
Añadió que la legislación reforzará la capacidad de Estados Unidos para "hacer responsables a las entidades chinas e interrumpir las cadenas de suministro que permiten esta crisis".
Según la Ley de Acceso a la Información, el secretario de Estado y el fiscal general tendrían que presentar un informe conjunto a las comisiones parlamentarias correspondientes. El informe incluiría temas como las futuras medidas de EE. UU. para instar a China a combatir la producción y el tráfico de fentanilo y opioides sintéticos, y hacer esfuerzos para abordar su sistema financiero y las organizaciones monetarias relacionadas con el tema.
El secretario de Estado y el fiscal general también estarían obligados a proporcionar una sesión informativa clasificada a los comités del Congreso correspondientes sobre los esfuerzos de EE. UU. para obtener la aprobación de China para establecer oficinas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE. UU. en las dos ciudades chinas de Shanghái y Cantón.
Si se promulga, la legislación alentaría a la administración Trump a identificar a las personas y entidades en China involucradas en la producción y el tráfico de drogas, y a apuntar a las instituciones financieras chinas que permiten el lavado de las ganancias de las drogas, según el comunicado de prensa.
El 4 de marzo, el presidente Donald Trump impuso un arancel general del 25% a Canadá y México, y del 20% a todos los productos chinos, alegando que las medidas comerciales eran una respuesta a su gestión del fentanilo, que ha sido introducido de contrabando en Estados Unidos en grandes cantidades.
Días después, Trump anunció una prórroga de un mes para determinadas importaciones canadienses y mexicanas.
En abril del año pasado, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino publicó un informe en el que afirmaba que Beijing subvencionaba directamente la fabricación de análogos de opiáceos ilegales utilizados por los traficantes para fabricar la droga fuera de China.
En mayo de 2024, la DEA publicó su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2024, en la que señalaba que los cárteles de Sinaloa y Jalisco, con sede en México, "dependen de empresas químicas y de prensado de pastillas en China para suministrar los precursores químicos y las prensas de pastillas" necesarios para fabricar drogas sintéticas.
"Las organizaciones de tráfico de drogas con sede en México y Sudamérica utilizan cada vez más los sistemas bancarios clandestinos con sede en China como su principal mecanismo de lavado de dinero", afirma el informe.
Un ciudadano chino fue condenado a 10 años de cárcel en diciembre del año pasado por blanquear 62 millones de dólares procedentes del tráfico ilegal de estupefacientes en nombre de narcotraficantes mexicanos.
Dos proyectos de ley de la Cámara de Representantes —la Ley para Detener el Fentanilo Chino (H.R.747) y la Ley para Detener el Lavado de Dinero Procedente del Fentanilo (H.R.1577)— esperan ahora la votación de la Cámara de Representantes tras salir adelante en el Comité de Servicios Financieros el 6 de marzo.
Con información de Associated Press
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