Juez renuncia a demanda del sindicato de docentes que desafía la prohibición del DEI

Gente caminando frente al edificio del Departamento de Educación en Washington el 4 de febrero de 2025. (Kevin Lamarque/Reuters/Archivo fotográfico)Gente caminando frente al edificio del Departamento de Educación en Washington el 4 de febrero de 2025. (Kevin Lamarque/Reuters/Archivo fotográfico)
PrincipalesPor Bill Pan11 de marzo de 2025, 6:04 p. m.
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Un juez federal se recusó de una demanda que impugna la reciente directriz de la administración Trump que exige que las escuelas y universidades pongan fin a sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

En una orden judicial emitida el lunes, el juez Joseph Laplante, del Distrito de Nuevo Hampshire, declaró que su papel como miembro a tiempo parcial del profesorado en varias facultades de derecho estadounidenses podría crear un conflicto de intereses.

Entre las instituciones en las que Laplante imparte clases se encuentra la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo Hampshire, que está afiliada a la Asociación Nacional de Educación (NEA), el mayor sindicato de profesores del país y uno de los principales demandantes en el caso.

"Dado que la actuación del juez como instructor de posgrado podría implicar, o verse implicada por, el objeto de este caso, los participantes razonables y otras personas podrían cuestionar razonablemente la imparcialidad del juez", escribió.

La demanda fue presentada el 5 de marzo por las secciones de Nueva Hampshire, la Asociación Nacional de Educación (NEA) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Los grupos argumentan que la nueva guía del Departamento de Educación de EE. UU. sobre los programas de DEI es "inconstitucionalmente vaga".

Las posturas del departamento se describen en una carta del 14 de febrero dirigida a sus colegas de la Oficina de Derechos Civiles, que reafirmó su compromiso de hacer cumplir las leyes federales contra la discriminación.

La carta advierte a las instituciones educativas de que toda "discriminación racial encubierta" y "toma de decisiones basada en la raza" bajo la bandera de la DEI es ilegal y que no deben intentar utilizar contratistas externos para eludir estas prohibiciones. Las escuelas tenían hasta el 28 de febrero para cumplir o arriesgarse a perder la financiación federal.

El esfuerzo de aplicación se basa en parte, en la interpretación del departamento, sobre la decisión de 2023 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que declaró inconstitucional el llamado "racismo de admisión" en las universidades. El departamento dijo que el fallo debería aplicarse de manera más amplia para prohibir que las escuelas y universidades traten a los estudiantes de manera diferente por motivos de raza en la búsqueda de objetivos de diversidad, equidad e inclusión.

"La ley es clara: tratar a los estudiantes de manera diferente por motivos de raza para lograr objetivos difusos como la diversidad, el equilibrio racial, la justicia social o la equidad es ilegal según el precedente de la Corte Suprema", afirma la carta.

La NEA y la ACLU pidieron a la corte que bloquee la directiva, que según ellos podría reprimir la libertad de expresión en las escuelas.

La demanda cita a tres educadores anónimos de Nuevo Hampshire —un profesor de inglés de secundaria, un profesor de estudios sociales de octavo curso y un orientador de secundaria—, todos ellos miembros del sindicato, que alegan verse afectados por la nueva política anti-DEI.

El profesor de inglés, según la denuncia presentada, teme medidas disciplinarias basadas en el lenguaje de la guía "debido a la forma en que surgen en su clase cuestiones relacionadas con la diversidad, el racismo sistémico y las cargas morales".

Del mismo modo, al profesor de estudios sociales le preocupa que las lecciones sobre la historia de Estados Unidos puedan violar las restricciones de la guía sobre el debate del "racismo sistémico y estructural" o las "políticas y prácticas discriminatorias".

La demanda se hace eco de una impugnación legal previa de la NEA y la ACLU contra una ley de Nuevo Hampshire que restringe los debates en clase sobre "conceptos divisivos", como la idea de que las personas son inherentemente racistas, sexistas u opresivas en virtud de su raza o género. Un juez federal diferente anuló dicha ley el pasado mes de mayo, dictaminando que no proporcionaba a los profesores la "claridad tan necesaria" sobre su aplicación.

El estado presentó un recurso de apelación contra dicha sentencia.

The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Educación para recabar comentarios.


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