Un juez federal ratificó el viernes una orden de restricción anterior que prohíbe al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) acceder a los registros financieros sensibles mantenidos por el Departamento del Tesoro.
La jueza federal de distrito Jeannette Vargas concedió una orden de restricción preliminar solicitada por 19 fiscales generales estatales para bloquear al Departamento del Tesoro de permitir el acceso al DOGE a sus sistemas de pagos mientras el caso continúa.
La orden de restricción seguirá en gran medida los términos de la orden de restricción temporal emitida el 8 de febrero, que prohibía al Departamento del Tesoro otorgar acceso a los designados políticos, empleados especiales del gobierno o cualquier otro empleado fuera del departamento. La Casa Blanca designó a Elon Musk, líder del equipo del DOGE, como empleado especial del gobierno.
Bajo la orden, solo aquellos que trabajen en la Oficina de Servicios Fiscales y que hayan pasado las verificaciones de antecedentes podrán acceder a esos registros.
En una orden de 64 páginas del 21 de febrero, Vargas afirmó que el tribunal permitiría a los demandados la oportunidad de abordar los problemas procedimentales relacionados con la protección de la información sensible en el Departamento del Tesoro.
La jueza dijo que la orden de restricción podría levantarse si el Departamento del Tesoro certifica antes del 24 de marzo que los miembros del DOGE recibieron la capacitación requerida para acceder a la Oficina de Servicios Fiscales, verifica los procesos de selección y autorización de seguridad realizados por el DOGE, y desarrolla procedimientos de mitigación para reducir las amenazas potenciales derivadas del acceso ampliado del DOGE a los sistemas.
“De hecho, tomarse el tiempo para mitigar adecuadamente las posibles preocupaciones de seguridad y abordar correctamente a los miembros para participar en este trabajo supera la necesidad inmediata de los demandados de acceder y volver a desarrollar el sistema del Tesoro”, afirmó Vargas. “Sin abordar estos problemas, las consecuencias potenciales de una violación de seguridad cibernética podrían ser catastróficas”.
La jueza también rechazó la solicitud de los demandantes de imponer restricciones más amplias que impidieran a DOGE desarrollar procesos para detener los pagos que llegan a través de los sistemas de pagos del Tesoro.
Vargas dijo que la solicitud “excedería con mucho” el alcance de la orden de restricción temporal emitida a principios de este mes y que los demandantes no habían demostrado que tienen derecho a una medida tan amplia contra el DOGE.
El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, uno de los demandantes, dijo en un comunicado que la orden de restricción sirve como una “victoria para el Estado de Derecho y para los habitantes de Nevada”.
“Nuestro país tiene sistemas establecidos para garantizar que nuestro gobierno funcione sin problemas y que nuestros ciudadanos estén protegidos, y lucharé contra cualquier esfuerzo por eludir ilegalmente esas protecciones o desmantelar nuestro sistema de controles y balances”, declaró.
Ford afirmó que el presidente Donald Trump “puso en peligro la información privada y personal de los habitantes de Nevada y de los estadounidenses” al permitir el acceso de DOGE a la información sensible del Tesoro.
Los fiscales generales que se unieron a Ford para presentar la demanda del 7 de febrero incluyen a los de Nueva York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
Tanto la Casa Blanca como el Departamento del Tesoro no respondieron a una solicitud de comentarios antes de la hora de publicación.
La orden de restricción fue emitida por el juez federal de distrito Paul Engelmayer el 8 de febrero, y luego extendida por Vargas en una decisión del 11 de febrero. Vargas declaró en ese momento que el secretario del Tesoro Scott Bessent y otros altos funcionarios del departamento confirmados por el Senado no tienen prohibido acceder a los sistemas de pagos del Tesoro.
Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero, que renombró el Servicio Digital de EE. UU. como DOGE y encargó a este la revisión de las agencias federales para posibles recortes de personal y reducción de costos. La orden establece que se espera que el trabajo del DOGE se complete para el 4 de julio de 2026.
Para realizar auditorías, se concedió al DOGE acceso a los sistemas federales, lo que ha generado desafíos legales por parte de algunos legisladores demócratas y sindicatos que argumentan que el acceso es inconstitucional.
Abogados del Departamento de Justicia emitieron una orden propuesta el 5 de febrero en la que se decía que el gobierno federal restringirá temporalmente el acceso del DOGE a la información en el sistema de pagos del Tesoro y permitirá que los empleados especiales del gobierno tengan acceso “solo de lectura” a los datos.
El DOGE informó que sus esfuerzos para reducir costos en varias agencias federales han ahorrado un estimado de 55 mil millones de dólares hasta el 17 de febrero.
Con información de Bill Pan
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