Un juez federal emitió el lunes una orden que impide a la administración Trump realizar redadas de inmigración en ciertos lugares de culto e iglesias.
El juez de distrito de Estados Unidos Theodore Chuang emitió un fallo a favor de varios grupos que presentaron una demanda en un tribunal federal de Maryland desafiando la decisión del presidente Donald Trump de abandonar un memorando publicado bajo la administración Biden que bloqueaba las detenciones de inmigrantes en centros de culto y otros lugares.
La orden judicial preliminar del juez con sede en Maryland solo se aplica a los demandantes, que incluyen a un grupo de Cuáqueros, así como a una red de iglesias bautistas con sede en Georgia y un templo sij en California.
Su orden judicial señaló que la política de Trump carecía de «cualquier limitación significativa o salvaguardias sobre dicha actividad» en relación con las redadas de inmigración y «probablemente no satisface estos requisitos constitucionales y estatutarios en cuanto a los demandantes».
«Por lo tanto, se garantiza un retorno al statu quo hasta que los contornos exactos de lo que sea necesario para evitar la infracción ilegal del ejercicio religioso se determinen más adelante en este caso», agregó Chuang.
El juez ordenó a la administración que aplicara un memorando de 2021 emitido por Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la época de Biden, que impedía al departamento, que supervisa a las agencias de inmigración, realizar detenciones y redadas en lugares de culto, centros médicos y escuelas.
«Donde el ejercicio religioso comunitario de los demandantes se verá afectado de manera significativa y adversa por las reducciones en la asistencia resultantes de las acciones de aplicación de la ley de inmigración de conformidad con la política 2025, los agentes armados de la ley que operan en o en los lugares de culto de conformidad con la política 2025 afectarán negativamente la capacidad de los Cuáqueros y Sijs de seguir sus creencias religiosas o rendir culto libremente», escribió Chuang en su opinión de 59 páginas.
Al día siguiente de la toma de posesión de Trump, el DHS emitió un comunicado en el que informó que había suspendido las disposiciones relacionadas con la administración Biden que prohibían la aplicación de la ley cerca de lugares sensibles.
Cinco congregaciones Cuáqueras de Maryland, Massachusetts, Pensilvania y Virginia demandaron al DHS y a su secretaria, Kristi Noem, el 27 de enero, casi una semana después de que se anunciara la nueva política.
«Esta medida permite a los valientes hombres y mujeres del CBP (Customs and Border Protection) y del ICE (Immigration and Customs Enforcement) hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales —incluidos asesinos y violadores— que han entrado ilegalmente en nuestro país», dijo en el comunicado el entonces secretario en funciones del DHS, Benjamine Huffman. «Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La Administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, y en su lugar confía en que usen el sentido común».
Un portavoz del DHS confirmó recientemente a The Epoch Times que está reasignando al director interino de ICE, Caleb Vitello, quien ya no desempeñará un papel administrativo.
Vitello fue director adjunto de armas de fuego y programas tácticos antes de ser nombrado director en funciones. El DHS no ha nombrado un sustituto para Vitello.
Hace semanas, Tom Homan, el zar fronterizo de la Casa Blanca encargado de llevar a cabo la agenda de inmigración de Trump en todo el gobierno federal, dijo que las detenciones dentro de los Estados Unidos son aproximadamente tres veces más altas de lo que eran en esta época el año pasado, bajo la presidencia de Joe Biden. Pero dijo que aún no es suficiente.
«No estoy satisfecho», dijo Homan a CNN a principios de este mes. «Tenemos que lograr aún más».
Del 23 al 31 de enero, los funcionarios compartieron datos en X diariamente, pero luego dejaron de publicar información. El tablero de datos de la agencia tiene más información, pero esas cifras trimestrales solo están actualizadas hasta septiembre de 2024.
La administración ha dicho en repetidas ocasiones que su primera prioridad es deportar a los inmigrantes ilegales que han cometido delitos en Estados Unidos o suponen una amenaza para la seguridad pública.
Con información de The Associated Press.
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