Un juez federal se negó el jueves a conceder una orden de alejamiento temporal que habría ampliado el bloqueo a la destitución de decenas de agentes de la CIA que trabajaban en programas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA), cuyo desmantelamiento había ordenado el presidente Donald Trump.
El juez de distrito de EE. UU. Anthony Trenga, en Virginia, emitió previamente una suspensión administrativa para detener los despidos tras una demanda presentada por oficiales de inteligencia de carrera que habían sido asignados temporalmente a tareas relacionadas con DEIA dentro de la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI).
En la orden del 27 de febrero, Trenga dijo que había denegado la solicitud de los demandantes de una orden judicial preliminar, que podría haber impedido que las agencias los despidieran mientras el caso estaba en curso.
El juez amplió el plazo para que los demandantes aceptaran un programa de renuncia diferida, que les permitiría recibir el pago hasta el 30 de septiembre.
Trenga no dio una razón específica para su decisión en la orden. El juez declaró que el fallo se tomó después de considerar «las presentaciones, el expediente de este caso y el argumento oral» presentado ante la corte.
Kevin Carroll, un exagente encubierto de la CIA que representa a los demandantes, dijo a los periodistas el jueves que Trenga ha dictaminado que el director de la CIA, John Ratcliffe, tiene «amplias facultades legales» para despedir a los agentes de la CIA si lo considera necesario para el interés nacional.
The Epoch Times se puso en contacto con Carroll y la CIA para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
Carroll reveló anteriormente que los demandantes se encontraban entre los 51 oficiales de la CIA que fueron puestos en licencia administrativa remunerada el 22 de enero, después de que Trump emitiera una orden ejecutiva que calificaba los programas existentes de DEIA como «ilegales e inmorales».
Según la presentación judicial, el 14 de febrero se ordenó a los demandantes que se presentaran en el centro de visitantes de la CIA con sus credenciales de acceso a la comunidad de inteligencia (IC) y se les dieron tres opciones: Retirarse inmediatamente, aceptar un programa de renuncia diferida o ser despedidos el 20 de mayo. Se les exigió que tomaran una decisión antes del 19 de febrero.
Los demandantes alegaron que su inminente despido no se basaba en razones de seguridad nacional, sino más bien en sus asignaciones temporales relacionadas con la DEIA y en «una disputa política interna entre los partidos republicano y demócrata sobre la eficacia y legalidad de las iniciativas de la DEIA» dentro del gobierno federal.
Alegaron que los despidos eran «arbitrarios, caprichosos, un abuso de discreción» y carecían de justificación fáctica, lo que, según ellos, violaba sus derechos constitucionales en virtud de las Enmiendas Primera y Quinta.
«Ninguna de las actividades de estos funcionarios fue ni es ilegal. En ningún momento las agencias que emplean a los demandantes han afirmado que hayan incurrido individualmente en alguna mala conducta, ni se les acusa de mal desempeño», declararon en el expediente judicial.
En su orden, Trump dijo que la administración anterior forzó «programas de discriminación ilegales e inmorales» en prácticamente «todos los aspectos» del gobierno federal a través de iniciativas de DEI.
La orden exige que las agencias federales rescindan todas las oficinas y puestos relacionados con la justicia ambiental, así como cualquier plan de acción, subvención y contrato centrado en la equidad en un plazo de 60 días a partir de la emisión de la orden.
También exige a las agencias que elaboren una lista de los beneficiarios que han recibido financiación federal para implementar programas de DEI y justicia ambiental desde el 20 de enero de 2021, y de los contratistas federales que han proporcionado formación en DEI a sus empleados.
Tras la orden, la Oficina de Gestión de Personal (OPM) de EE. UU. emitió un memorando el 21 de enero en el que ordenaba a las agencias federales que concedieran a los empleados de DEI una licencia remunerada antes del 22 de enero y que eliminaran todos los sitios web y cuentas de redes sociales asociados a iniciativas de DEI antes de esa fecha.
La orden de Trump se ajusta a su promesa de campaña de favorecer procesos de selección basados en el mérito y eliminar factores como la raza y el sexo en las decisiones de RR. HH.
Tom Ozimek contribuyó a este artículo
Con información de Reuters
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