Una jueza federal de Washington amplió el 25 de febrero su bloqueo de la congelación de fondos federales por parte de la administración Trump.
La jueza de distrito Loren AliKhan emitió una orden preliminar que prohíbe a los funcionarios federales congelar subvenciones y préstamos hasta nuevo aviso.
Los grupos que demandaron al gobierno por la congelación habían ganado el 3 de febrero una orden de restricción temporal contra la congelación porque la jueza concluyó que los funcionarios "cortaron el suministro de combustible a una máquina vasta, complicada y nacional, aparentemente sin ninguna consideración por las consecuencias de esa decisión".
El Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro y otros grupos dijeron que era necesario un bloqueo más permanente para mantener el flujo de fondos federales a las organizaciones sin fines de lucro y a las pequeñas empresas que dependen de ellos.
"Los mismos factores que la Corte consideró anteriormente justifican ahora una medida cautelar. Los demandantes siguen teniendo probabilidades de éxito en sus tres demandas", dijeron en un escrito. "La congelación causaría un daño irreparable a los demandantes y a sus miembros, castigando su ejercicio de los derechos fundamentales de la Primera Enmienda, frustrando su capacidad para llevar a cabo sus misiones básicas y, en muchos casos, infligiendo un perjuicio económico existencial. Y el interés público favorece firmemente una reparación que impida a los demandados seguir aplicando la orden de congelación, incluso con otro nombre".
Los abogados del gobierno instaron a AliKhan a no dictar una orden preliminar.
Escribieron en un escrito que la congelación se describía en un memorando que ya ha sido retirado. Incluso si no fuera así, el memorándum solo cubría "categorías discretas de financiación" y se estaba aplicando bajo la autoridad establecida del Poder Ejecutivo, dijeron los abogados.
AliKhan dijo en su nuevo fallo que la congelación, que provocó el cierre de los portales de financiación federal y la paralización de los pagos, causó "caos y parálisis en todo el país".
"La reparación que los demandantes solicitan ahora es una versión más duradera de la que pidieron entonces, cuando sus miembros estaban al borde de la extinción. En resumen, los demandantes han presentado pruebas significativas que indican que la congelación de la financiación sería económicamente catastrófica —y en algunas circunstancias, fatal— para sus miembros. Esto es suficiente para demostrar un perjuicio de hecho", dijo.
Durante una reciente vista del caso, AliKhan mantuvo la orden de restricción temporal mientras contemplaba la posibilidad de emitir una orden judicial preliminar.
La jueza ha ordenado a los funcionarios que notifiquen por escrito la orden preliminar a todas las agencias que recibieron el memorándum, con instrucciones de que no tomen ninguna medida para impedir el desembolso de fondos federales.
También ha ordenado al gobierno que presente un informe de situación antes del 28 de febrero en el que le informe sobre el cumplimiento de la sentencia y ha ordenado a las partes en el caso que presenten un informe de situación conjunto antes del mismo día en el que propongan los pasos a seguir en el caso.
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