Una jueza federal falló en contra del despido del presidente Donald Trump de Hampton Dellinger, el jefe de una agencia de control federal, en el primer fallo sobre un caso que pondrá a prueba el alcance del poder presidencial, luego de que la solicitud de la administración Trump a la Corte Suprema para acelerar el caso fuera rechazada.
La jueza de distrito de Washington Amy Berman Jackson dijo en su orden del 1 de marzo que el secretario del Tesoro Scott Bessent y los acusados enumerados "deben reconocer el título y el cargo del demandante como Asesor Especial de la Oficina del Asesor Especial; no deben obstruir ni interferir con el desempeño de sus funciones; no deben negarle la autoridad, los beneficios o los recursos de su cargo", a menos que sea destituido legalmente de su cargo.
Citó el Título 5 del Código de Estados Unidos, que establece que el jefe de la Oficina del Asesor Especial (OSC) "puede ser destituido por el Presidente sólo por ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta en el cargo".
Jackson había prometido una decisión el 1 de marzo tras conceder una prórroga el 26 de febrero para que Dellinger permaneciera en su puesto. La OSC es responsable de proteger a los empleados federales, ex empleados federales y solicitantes de prácticas prohibidas como la discriminación.
Trump despidió a Dellinger el 7 de febrero en un correo electrónico de una sola frase. El 10 de febrero, Dellinger presentó una demanda impugnando el despido, argumentando que Trump no expuso una causa, como lo exige la ley, al despedirlo.
El Departamento de Justicia (DOJ) argumentó en una apelación ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia que la Constitución de Estados Unidos "faculta al Presidente a remover, a voluntad, al único jefe de una agencia, como el Asesor Especial". Esa apelación fue rechazada en una opinión de 2 a 1, con el disenso del juez de circuito Gregory Katsas, que estuvo de acuerdo con el gobierno.
En medio de las impugnaciones judiciales, la Casa Blanca había nombrado al Secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, como líder interino de la OSC.
Dellinger también actuó para detener los despidos de seis trabajadores gubernamentales en período de prueba por parte de la administración Trump, que la procuradora general interina Sarah Harris dijo que eran acciones que perjudicaban a la administración.
La administración Trump dijo que espera que los burócratas del gobierno federal trabajen para implementar su agenda Estados Unidos Primero, ante la oposición de algunos empleados que no están de acuerdo con la agenda del presidente.
La Casa Blanca dijo que está enfocada en racionalizar la fuerza laboral federal, y anteriormente ofreció indemnizaciones de siete meses con goce de sueldo a los empleados federales que renuncien voluntariamente, señalando los inminentes recortes al gobierno federal.
Jackson dijo en su opinión del 1 de marzo que "sería antitético a la existencia misma de esta agencia gubernamental y posición particular reivindicar el poder del Artículo II del Presidente tal como fue descrito", al tiempo que advirtió sobre "una licencia constitucional para intimidar a los funcionarios del poder ejecutivo para que hagan su voluntad".
La jueza señaló que su fallo fue "extremadamente limitado" y no menoscababa los poderes de Trump con respecto a otras partes del poder ejecutivo.
"Esta es la única agencia con un solo jefe que las cortes deben considerar, y es diferente a todas las demás", escribió. "Por lo tanto, reconocer la naturaleza única de la OSC no será una amenaza para la decisión de los redactores, manifestada en el Artículo II, de hacer que 'un solo presidente sea responsable de las acciones del Poder Ejecutivo'".
La OSC es la agencia federal independiente encargada de investigar y enjuiciar la corrupción gubernamental y política. Recibe su autoridad de la Ley de Reforma del Servicio Civil, la Ley de Protección de los Denunciantes, la Ley Hatch y la Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados (USERRA).
Jackson agregó que la OSC "no tiene asignadas responsabilidades que incluyan promover la agenda de la administración; es trabajo del Asesor Especial investigar y arrojar luz sobre un conjunto de prácticas prohibidas específicas para que los otros organismos, en el ejercicio apropiado de su autoridad constitucional, puedan tomar las medidas que consideren apropiadas".
El Departamento de Justicia presentó una notificación de apelación ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. También solicitó suspender la orden judicial, a la espera de la apelación.
"Esta medida constituye una intrusión extraordinaria en la autoridad del Presidente", se lee en la moción de la defensa para suspender el proceso. "Los demandados han demostrado de manera contundente que es probable que tengan éxito en el fondo del asunto. La Corte Suprema ha dejado en claro –en dos ocasiones, y recientemente– que el Artículo II impide al Congreso poner límites a la autoridad del Presidente para destituir a los principales funcionarios de Estados Unidos que se desempeñan como únicos jefes de una agencia del Poder Ejecutivo".
Es probable que el caso llegue a la Corte Suprema.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
