Un juez federal le ordenó a la administración Trump que no deporte a cinco ciudadanos venezolanos en una demanda presentada antes de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley poco utilizada que permite la rápida deportación de extranjeros en tiempos de guerra o invasión.
El juez James Boasberg de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dictó una orden sin papel el 15 de marzo, citando «circunstancias apremiantes» para conceder una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre otros, para bloquear la deportación de los demandantes venezolanos identificados en el caso.
La orden de Boasberg prohíbe la deportación de los cinco hombres venezolanos, acusados de ser miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, durante un período de dos semanas, mientras se desarrollan otros procedimientos legales.
La demanda, presentada el sábado por la mañana por la ACLU y Democracy Forward, impugnó preventivamente la invocación por parte del presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, que se utilizaría para justificar las deportaciones de los cinco demandantes venezolanos, que actualmente se encuentran detenidos en Texas.
Más tarde ese mismo día, Trump emitió una proclamación invocando la ley de tiempos de guerra, señalando que el Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera y afirmando que muchos de sus miembros se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están «llevando a cabo una guerra irregular y acciones hostiles» contra el país.
La proclamación también afirma que el Tren de Aragua «está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos», y que los miembros de la banda son «enemigos extranjeros» que representan un peligro para el país. Trump también ordenó que todos los miembros del Tren de Aragua fueran arrestados y deportados de inmediato.
La ACLU y Democracy Forward sostienen que los demandantes tienen «solicitudes de asilo convincentes» y que la administración los clasificó erróneamente como «enemigos extranjeros» en virtud de la AEA [Ley de Enemigos Extranjeros], una clasificación que permite que sean deportados rápidamente si hay una guerra declarada o «cualquier invasión o incursión depredadora».
La orden del juez que bloqueaba la deportación se dictó antes de que la administración Trump presentara una respuesta a las acusaciones. El Departamento de Justicia, que representa a la administración Trump en el caso, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
En su primer día de regreso al cargo, Trump firmó una proclamación en la que declaraba una emergencia nacional en la frontera sur, alegando que «la soberanía de Estados Unidos está siendo atacada» por cárteles, bandas criminales, traficantes de personas y la entrada ilegal de extranjeros.
La proclamación se refiere explícitamente a una «invasión» que ha causado «caos y sufrimiento generalizados» en Estados Unidos, al tiempo que ordena a las agencias federales que tomen medidas inmediatas para hacer frente a lo que Trump describió como un «peligro presente y una amenaza inminente» asociados a la inmigración ilegal.
Sin embargo, la ACLU y Democracy Forward sostienen que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela ni se enfrenta a una invasión de un gobierno extranjero, por lo que el posible uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump para deportar a los hombres venezolanos es ilegítimo.
«La vaguedad y amplitud de la esperada Proclamación, junto con el proceso desordenado del gobierno para acusar a individuos de estar afiliación con el Tren de Aragua, sin duda provocará miedo e incertidumbre sobre el alcance de la Proclamación, y paralizará a los inmigrantes en sus actividades cotidianas y en el ejercicio de sus derechos constitucionales básicos», escribieron los grupos en la moción.
«Además, la invocación extraordinaria y a-textual de los demandados de un poder de guerra, fuera del contexto de una guerra real o inminente, plantea serias preocupaciones sobre la invocación injustificada de los poderes de guerra por parte de los demandados en general, y sobre la estabilidad más amplia del orden jurídico de Estados Unidos», añadieron.
Al apoyar la solicitud de los demandantes de una orden de restricción temporal que bloquee la deportación, el juez señaló que los grupos habían satisfecho los cuatro factores necesarios para conceder una medida cautelar. Estos son: La probabilidad de éxito en cuanto al fondo, la probabilidad de sufrir un daño irreparable, el equilibrio de las equidades a favor de los demandantes y que la medida cautelar sea de interés público.
El juez programó una audiencia por videoconferencia para el 17 de marzo.
Arthur Spitzer, asesor principal de la ACLU del Distrito de Columbia, dijo en un comunicado que la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros representaría «otro peligroso exceso de la administración, diseñado para apoyar un programa de deportación masiva sin control, todo ello eludiendo la necesaria revisión judicial».
Trump ha indicado repetidamente su intención de invocar la ley para combatir la inmigración ilegal, incluso durante su discurso inaugural del 20 de enero.
«Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas extranjeras y redes criminales que traen crímenes devastadores al suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y barrios marginales», dijo.
«Como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes», añadió Trump.
Desde que asumió el cargo, el presidente ha actuado con decisión en materia de control de la inmigración, ordenando, entre otras cosas, a las agencias federales que tomen medidas inmediatas para repeler y expulsar a los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera.
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