Un juez federal bloqueó temporalmente el intento del Departamento de Educación de cancelar cerca de USD $250 millones en subvenciones para la formación de maestros.
En una orden emitida el lunes, el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Myong Joun, de Massachusetts, falló a favor de ocho estados dirigidos por demócratas que impugnaban los recortes, indicando que el Departamento de Educación debe restaurar el estado actual durante 14 días mientras ambas partes presentan sus argumentos.
La demanda se centra en el futuro de dos programas: el Programa de Asociación para la Calidad Docente (TQP) y el Programa de Apoyo al Desarrollo de Educadores Eficaces (SEED), establecidos por el Congreso en 2008 y 2011, respectivamente. Estas iniciativas fueron creadas para abordar la escasez de maestros en áreas rurales y urbanas, así como para alentar a los estudiantes universitarios en campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a seguir carreras en la educación K-12.
El mes pasado, el Departamento de Educación recortó estas subvenciones como parte de un esfuerzo más amplio para cancelar aproximadamente USD $ 600 millones en fondos para programas de formación de educadores que promueven “ideologías divisivas”. El departamento justificó los recortes como necesarios para cumplir con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe que el dinero de los contribuyentes se destine a financiar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Según el departamento, los programas desfinanciados se habían utilizado para capacitar a futuros educadores en “temas inapropiados e innecesarios”, como la teoría crítica de la raza —un conjunto de ideas que sostiene que el racismo está profundamente arraigado en la cultura e instituciones de la sociedad–, el DEI y el activismo por la justicia social. Algunos de ellos también incorporaron estrategias de reclutamiento y contratación de maestros basadas en la raza.
En cuanto a TQP y SEED, una carta de terminación enviada a los beneficiarios de las subvenciones expuso varias justificaciones potenciales para los recortes, indicando que los programas afectados podrían haber participado en iniciativas DEI; violado la ley federal de derechos civiles; entrado en conflicto con la política del departamento de “priorizar el mérito, la equidad y la excelencia en la educación”; estar sujetos a fraude, abuso o duplicación; o de algún modo no haber servido “a los mejores intereses de los Estados Unidos”.
En su demanda, los ocho estados argumentan que el Departamento de Educación no proporcionó una razón clara y específica para la terminación de las subvenciones TQP y SEED, ofreciendo en su lugar solo referencias vagas a sus prioridades políticas.
Además, sostienen que las cancelaciones abruptas interrumpieron las cadenas de suministro de docentes, obligándolos a depender de educadores no calificados y desestabilizando los sistemas educativos locales.
Joun estuvo de acuerdo, fallando que la decisión del departamento carecía de una explicación clara. También determinó que los estados tenían derecho a medidas cautelares, señalando que los programas de capacitación docente ya estaban siendo cancelados y que se habían despedido empleados en estados como California, Massachusetts y Nueva Jersey.
“El expediente demuestra que, si deniego la orden de restricción temporal, decenas de programas de los cuales dependen las escuelas públicas, universidades, estudiantes, maestros y el personal docente serán aniquilados”, escribió.
Basándose en una revisión preliminar de las pruebas disponibles, Joun concluyó que es probable que los estados triunfen en el fondo de sus reclamaciones.
El Departamento de Educación no respondió a una solicitud de comentarios sobre la decisión.
Los recortes a los programas TQP y SEED fueron el objetivo de una demanda federal separada presentada el 3 de marzo en Maryland por tres organizaciones de maestros. Esa demanda citó una resolución del 21 de febrero del mismo tribunal federal en Maryland, que impidió a la administración Trump cancelar contratos federales relacionados con DEI. Los grupos de maestros sostienen que sus adjudicaciones de subvenciones están amparadas por esa medida cautelar y, por lo tanto, deberían ser restablecidas.
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