El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), en colaboración con múltiples organismos encargados de hacer cumplir la ley, detuvo a 370 "delincuentes extranjeros" durante una ofensiva contra las actividades delictivas en Massachusetts del 18 al 23 de marzo.
Las detenciones se produjeron como parte de una "operación policial mejorada y selectiva centrada en la delincuencia organizada transnacional, las bandas y los delincuentes extranjeros ilegales atroces", dijo el ICE en un comunicado del 24 de marzo.
Entre las organizaciones objetivo se encontraban las bandas Tren de Aragua, MS-13, Trinitarios y 18th Street. La MS-13, con sede en El Salvador, y la Tren de Aragua de Venezuela fueron designadas como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado el mes pasado.
"El ICE y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley realizaron muchas de las detenciones después de que las jurisdicciones locales se negaran a cumplir las solicitudes de detención de inmigrantes para entregar a los delincuentes y, en su lugar, optaran por poner en libertad a los extranjeros, lo que obligó a los oficiales y agentes a realizar detenciones en las comunidades de Massachusetts", dijo la agencia.
De las 370 detenciones, 205 de las personas tenían "condenas o cargos penales significativos". Seis individuos eran fugitivos extranjeros con cargos o condenas por delitos como asesinato, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Entre los detenidos se encontraban un ilegal dominicano que había sido expulsado previamente de Estados Unidos por estar involucrado en la distribución de drogas; un ilegal chileno condenado por agresión sexual y agresión a un menor de 14 años; un ilegal brasileño acusado de homicidio; y un ilegal guatemalteco acusado de violación.
"Es fundamental salvaguardar la integridad del proceso de inmigración y ciudadanía", dijo Jodi Cohen, agente especial a cargo de la división del FBI en Boston.
"Simplemente no podemos permitir que delincuentes violentos y peligrosos entren o permanezcan en Estados Unidos con falsos pretextos, con lealtades e intenciones desconocidas. Es una amenaza directa para la seguridad pública y nuestra seguridad nacional".
Durante la operación, las autoridades incautaron tres armas de fuego y municiones, aproximadamente cinco kilogramos de fentanilo, unos 44 kilogramos de metanfetamina y 1.2 kilogramos de cocaína.
Entre las agencias que participaron en la operación se encontraban el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., la Administración para el Control de Drogas y la Fiscalía de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia anunció el 24 de marzo que Estados Unidos planea extraditar a tres miembros de Tren de Aragua a Chile, donde son buscados por secuestro y rescate.
Estados Unidos declaró a los miembros de la banda como enemigos extranjeros. Chile había solicitado a Washington que devolviera a los hombres a Chile. El Departamento de Justicia dijo que "trabajará con rapidez" para hacerlo.
Esfuerzos de deportación
El intento del presidente Donald Trump de deportar a inmigrantes ilegales criminales se topó con un obstáculo esta semana cuando un juez federal denegó la solicitud de la administración de eliminar dos órdenes que bloquean la deportación de miembros de bandas venezolanas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.El 15 de marzo, Trump emitió una proclamación presidencial invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite deportar rápidamente a los extranjeros de Estados Unidos durante períodos de invasión o guerra.
La medida del presidente tenía como objetivo acelerar las deportaciones de venezolanos mayores de 14 años que son miembros de la banda Tren de Aragua y no son ciudadanos o residentes permanentes legales de Estados Unidos.
Sin embargo, el juez James Boasberg de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió dos órdenes que impidieron a la administración deportar a miembros de la banda en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
La administración solicitó la anulación de las dos órdenes. El lunes, el juez se negó a hacerlo, alegando que es probable que los demandantes tengan éxito en su argumento de que merecen audiencias individuales para determinar si la ley es aplicable a ellos.
En múltiples presentaciones ante los tribunales, la administración Trump criticó las órdenes de Boasberg. Son «una afrenta a la amplia autoridad constitucional y estatutaria del presidente para proteger a los Estados Unidos de extranjeros peligrosos que representan graves amenazas para el pueblo estadounidense», decía una de las presentaciones.
Mientras tanto, la administración sigue adelante con sus planes de deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplió recientemente formalmente su designación legal de "Hallazgo de afluencia masiva de extranjeros". La ampliación permite a los agentes no federales, como la policía local, colaborar en los esfuerzos federales de control de la inmigración en momentos de cruces fronterizos a gran escala.
La semana pasada, el DHS dijo que a más de 530 000 inmigrantes ilegales que entraron en Estados Unidos bajo un programa de libertad condicional durante la administración anterior se les revocará su estatus legal en abril.
El programa, lanzado en 2022, permitía a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití venir a Estados Unidos si tenían patrocinadores estadounidenses.
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