El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció esta semana la construcción de un centro de atención a migrantes en la frontera con México con ayuda del gobierno de los Estados Unidos.
El mandatario visitó el miércoles 12 de marzo las instalaciones del actual centro de atención ubicado en el municipio de Tecún Umán, en el departamento de San Marcos, Guatemala, acompañado de la directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, y una delegación del gobierno de Guatemala.
Durante la visita, Arévalo reveló la construcción de un centro de atención a migrantes guatemaltecos que regresen al país por tierra y para apoyar a los migrantes que están en tránsito hacia otros países.
"Se va a construir, gracias a la colaboración de OIM y del gobierno de los Estados Unidos, un centro con las mejores condiciones posibles para que nuestros hermanos sientan que los estamos esperando y que los estamos acogiendo con los brazos abiertos", dijo Arévalo.
"La Organización Internacional para las Migraciones es uno de nuestros socios más fuertes para trabajar precisamente en mejorar las capacidades que tenemos para recibir de una manera digna a todos los connacionales que están regresando al hogar y para apoyar a las personas que están en tránsito hacia otros países", añadió.
El actual centro de deportados funciona en un lugar alquilado por el gobierno, donde actualmente los migrantes pasan por un registro migratorio y luego se les realiza una entrevista donde los especialistas evalúan las necesidades de atención humanitaria.
Las nuevas instalaciones tendrán capacidad para atender a 250 personas simultáneamente, e incluirá servicios de reintegración, atención de niñez migrante no acompañada y unidades familiares, que son los tres grupos de retorno vulnerable más importantes.
El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, dijo durante la visita que la obra tendrá un costo de 2 millones de dólares, que fueron asignados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2020.
El proyecto iniciará con la demolición de una estructura existente en el terreno dispuesto para la construcción, que tomará alrededor de dos meses, y tardará un año más en terminarse.
Desmantelamiento de USAID
Durante la presente administración el Departamento de Estado de Estados Unidos ha cancelado alrededor del 83 por ciento de los contratos de la USAID, según informó el secretario de Estado Marco Rubio el 10 de marzo.“Los 5200 contratos que ahora están cancelados gastaron decenas de miles de millones de dólares en formas que no sirvieron (y en algunos casos incluso dañaron) los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos”, dijo Rubio en la plataforma de redes sociales X.
Unos 1000 contratos se mantuvieron vigentes y continuarán en marcha.
Rubio visitó Guatemala a inicios de febrero en una pequeña gira por países centroamericanos, en busca de acuerdos en temas migratorios y de seguridad.
Parte de sus acuerdos significaban que los países aceptarán no solo a sus ciudadanos, sino también a los deportados de otros países que han sido menos cooperativos con la solicitud de Estados Unidos.
Deportación de migrantes ilegales en Estados Unidos
La administración de Trump ha priorizado la deportación de migrantes ilegales principalmente para disminuir la oleada de crímenes perpetrada por personas que ingresaron al país de forma ilegal.Bajo la administración Biden-Harris al menos 5.8 millones de inmigrantes solicitantes de asilo o de otras protecciones migratorias entraron a los Estados Unidos, según un reporte del Migration Policy Institute (MPI).
Tan solo en el año fiscal 2024 más de 17,000 inmigrantes con antecedentes penales fueron detenidos por la patrulla fronteriza, mientras que poco más de 3800 inmigrantes con antecedentes penales han sido detenidos en lo que va del año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).
El 20 de enero, durante su discurso inaugural de toma de posesión, Trump advirtió una deportación masiva de migrantes ilegales que permanezcan en el país. Un día después, el 21 de enero, Trump declaró emergencia nacional por lo que llamó «una invasión» en la frontera entre Estados Unidos y México.
Con información de Estela Hernández.
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