La atención de la administración Trump a la aplicación de la ley de inmigración ha llevado a múltiples agencias gubernamentales, como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y los departamentos de Estado, Defensa y Justicia, así como al ejército, a ampliar sus actividades relacionadas con la inmigración más allá del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El DHS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han dado prioridad a las medidas tradicionales tras la declaración de emergencia del presidente Donald Trump para la frontera sur.
El presidente también restableció la política de "Permanecer en México" de su primera administración y reanudó las obras del muro fronterizo. Se puso fin al protocolo de "captura y liberación" utilizado por la administración anterior, y el DHS ha revocado las normas de la administración anterior que restringían las acciones del ICE en lo que respecta a la detención de inmigrantes ilegales en instituciones como las escuelas.
Desde la implementación de la nueva política, los arrestos de inmigrantes ilegales criminales por parte de ICE se han duplicado, y los arrestos de fugitivos en general por parte de la agencia se han triplicado, según el DHS.
Los encuentros diarios en la frontera han disminuido un 93 por ciento desde que Trump asumió el cargo, dijo el departamento, y el presidente ha cumplido su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas, con la administración deteniendo a inmigrantes ilegales, incluidos criminales violentos, en la Bahía de Guantánamo.
Asistencia militar
El Departamento de Defensa asumió un papel clave en la seguridad fronteriza, algo que comenzó hace varias administraciones bajo el presidente George W. Bush.Trump esbozó su plan de cambios en la responsabilidad del Departamento de Defensa en una orden ejecutiva del 20 de enero en la que declaró que el ejército tiene "un papel largo y bien establecido en la seguridad de nuestras fronteras contra amenazas de invasión, contra incursiones ilegales de ciudadanos extranjeros en Estados Unidos".
Bajo la última administración Bush, militares en servicio activo y miembros de la Guardia Nacional fueron enviados a la frontera sur de Estados Unidos para ayudar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
Desde que asumió el cargo, Trump ha aumentado el número de soldados en la frontera y prometió enviar más.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que los activos del departamento estaban disponibles para ayudar en la expulsión de personas que se encuentran ilegalmente en el país. Entre esos recursos se incluye el uso de la Bahía de Guantánamo, que ha sido el destino de al menos 13 vuelos de expulsión de inmigrantes, cargados con lo que las fuerzas policiales denominan "lo peor de lo peor" de los inmigrantes ilegales criminales detenidos. Al menos un vuelo trasladó a 177 inmigrantes ilegales venezolanos desde la Bahía de Guantánamo, deportándolos a Honduras.
El ICE ha recibido una importante ayuda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para deportar por vía aérea a inmigrantes ilegales. Hasta ahora, se han utilizado al menos 26 vuelos militares para la deportación.
El papel de los militares se amplió debido a la actual administración que ha designado a los cárteles y bandas criminales, como la MS-13, como organizaciones terroristas extranjeras.
Departamento de Estado
El Departamento de Estado trabaja con funcionarios de otros países, allanando el camino para aceptar la deportación de sus ciudadanos.El primer viaje internacional profesional del secretario de Estado, Marco Rubio, fue a Centroamérica para negociar acuerdos con Guatemala, Panamá y El Salvador en relación con los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
Parte de su acuerdo significa que esos países aceptarán no solo a sus ciudadanos, sino también a los deportados de otros países que han sido menos cooperativos con la solicitud de Estados Unidos.
Algunos de los funcionarios de más alto rango del Departamento de Estado están familiarizados con la agitación que rodea el tema de la inmigración, entre ellos Christopher Landau, quien es la elección de Trump para el puesto de Rubio. Landau fue embajador de Estados Unidos en México de 2019 a 2021 y colaboró con la política de la primera administración Trump de Permanecer en México.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, nombró a 600 miembros del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, facultándolos para ayudar a "detener y deportar" a personas que se encuentran en el país ilegalmente.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una fotografía de archivo. (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. a través de Getty Images)
Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia (DOJ) ha tomado medidas contra las ciudades santuario bajo el liderazgo de la recién nombrada fiscal general, Pam Bondi.Bondi dejó claro que las ciudades y los estados que no estén dispuestos a trabajar con los agentes federales en la aplicación de la ley de inmigración, incluida la asistencia en la identificación y la ejecución de la deportación, seguirán siendo blanco del Departamento de Justicia.
"Este es un nuevo Departamento de Justicia, estamos tomando medidas para proteger a los estadounidenses", dijo Bondi al anunciar una demanda contra el estado de Nueva York, el fiscal general de Nueva York y el gobernador por una ley que permite a las personas que pueden no estar en Estados Unidos legalmente obtener licencias de conducir.
Otra demanda de la fiscal general de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois impugna sus leyes de santuario que, según el Departamento de Justicia, obstruyen la aplicación de la ley federal de inmigración.
Aplicación de la ley local
Las agencias federales también han apoyado en gran medida a las fuerzas policiales locales, debido en parte al programa 287(g) del ICE. Ese programa permite a los agentes de las fuerzas policiales locales ayudar y participar en la búsqueda y deportación de inmigrantes ilegales.El programa, que fue ampliado por Trump mediante una orden ejecutiva del 20 de enero, exige al ICE que delegue la autoridad de control de la inmigración a los agentes de las fuerzas policiales locales y ha ayudado al gobierno federal a localizar a inmigrantes ilegales criminales.
Solo en enero, el Informe mensual de encuentros 287(g) mostró que los oficiales del programa local tuvieron éxito en apoyar a los agentes federales en la detención y condena de inmigrantes ilegales violentos en varios estados.
Un agente de la Oficina de Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en el Departamento de Justicia en Washington el 12 de febrero de 2025. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Mayor participación de las agencias
El FBI, la Administración para el Control de Drogas y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos participaron en operaciones del ICE. La Oficina de Prisiones del Departamento de Justicia trabajaron para detener a inmigrantes ilegales, lo que ha permitido al ICE aumentar su capacidad de detención.El Departamento de Salud y Servicios Humanos también suspendió un programa que proporcionaba servicios legales a niños que entraban ilegalmente en el país.
El Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro también ha ayudado a identificar a los empleadores que han contratado a inmigrantes ilegales.
El primer avión militar estadounidense que transporta inmigrantes ilegales detenidos a un centro de detención en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, embarca desde un lugar no especificado de Estados Unidos el 4 de febrero de 2025. (DHS vía Reuters)
Cambios legislativos
El Congreso ha aprobado cambios para apoyar el fin de la inmigración ilegal. Trump firmó la legislación aprobada por ambas cámaras del Congreso llamada Ley Laken Riley. La nueva ley exige que las agencias federales detengan a los inmigrantes ilegales acusados de robo, allanamiento de morada, agresión a las fuerzas policiales o cualquier delito violento.El Estatus de Protección Temporal para los venezolanos, establecido por la administración Biden para permitir que cientos de miles de inmigrantes venezolanos residan en Estados Unidos, también terminó a finales de enero.
En su orden ejecutiva del 20 de enero "Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión", el presidente declaró: "Hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación es de vital importancia para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos. El pueblo estadounidense merece un Gobierno Federal que anteponga sus intereses y un Gobierno que entienda su sagrada obligación de priorizar la seguridad y el bienestar financiero y económico de los estadounidenses".
Con información de The Associated Press
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