NUEVA YORK— La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, amenazó el martes con desplegar tropas de la Guardia Nacional para restablecer el orden, ya que la huelga de los guardias de prisiones en todo el estado entraba en su segundo día.
Los funcionarios estatales y los líderes sindicales coinciden en que las huelgas violan las normas para los empleados estatales.
"Las acciones ilegales e ilícitas que están llevando a cabo varios funcionarios penitenciarios deben terminar de inmediato", dijo Hochul en un comunicado. "No permitiremos que estas personas pongan en peligro la seguridad de sus colegas, de las personas encarceladas y la de los residentes de las comunidades que rodean nuestras instalaciones penitenciarias".
El sindicato de funcionarios de prisiones estatales afirma que sus "miembros están entre la espada y la pared". Exigen un aumento salarial, controles de seguridad más estrictos para los visitantes de las prisiones y una reversión de las reformas penitenciarias, incluidas las que limitan el confinamiento solitario.
No se disponía de cifras inmediatas sobre el personal que no entraba en las instalaciones, pero WIVB informó que al menos parte del personal se negaba a entrar en sus turnos en 25 prisiones. Los medios de comunicación locales informaron que habían piquetes frente a varios centros de detención.
"Saben que pueden ser multados y sancionados", dijo Kenny Gold, de la Asociación de Oficiales Correccionales y Policía Benévola del Estado de Nueva York, a la cadena de televisión local WIVB en una protesta frente al Centro Correccional de Collins el lunes.
Los funcionarios de prisiones se reunieron con los funcionarios sindicales el martes, según la declaración de Hochul, que añadió que obligaría a los trabajadores a volver a sus turnos.
La huelga se produce tras renovadas peticiones de que se responsabilice a los guardias de prisiones, después de que un vídeo publicado en enero mostrara a funcionarios de prisiones golpeando a un hombre esposado en el centro penitenciario de Marcy. Murió al día siguiente y la gobernadora acabó ordenando el despido del personal de la prisión. La muerte fue declarada homicidio a principios de febrero.
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