La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció la creación de un grupo de trabajo de varias agencias para identificar y abordar las vulnerabilidades de seguridad en cuatro condados a lo largo de la frontera sur del estado de 370 millas.
El 25 de febrero, Hobbs firmó la Orden Ejecutiva 2025-01, que ordena al Departamento de Emergencias y Asuntos Militares, al Departamento de Seguridad Pública y al Departamento de Seguridad Nacional de Arizona, establecer un grupo de trabajo conjunto conocido como Operación Guardián del Desierto.
"Estoy orgullosa de lanzar la Operación Guardián del Desierto para combatir a los cárteles, detener el contrabando de drogas, la trata de personas y asegurar la frontera de Arizona", dijo la demócrata Hobbs, en un comunicado.
"Mi administración estuvo en contacto con el gobierno federal y los alguaciles locales sobre la operación, sus objetivos críticos y nuestro compromiso compartido de mantener a los criminales y las drogas fuera de las comunidades de Arizona".
La Operación Guardián del Desierto se lanzó después que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva el 20 de enero declarando una emergencia nacional en la frontera sur de 1954 millas con México.
En el año fiscal 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. registró más de 2.13 millones de encuentros con inmigrantes ilegales en la frontera suroeste, 340,664 menos que el año anterior.
Hasta enero, se registraron 61,465 encuentros fronterizos, según datos de CBP.
Hobbs dijo que la Operación Guardián del Desierto buscará asociaciones con las agencias locales de aplicación de la ley y el gobierno federal para interrumpir las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales (TCO) en los condados de Yuma, Pima, Santa Cruz y Cochise.
Los objetivos del programa incluyen identificar y abordar las vulnerabilidades de seguridad a lo largo de la frontera sur del estado, así como combatir los delitos relacionados con la frontera perpetrados por TCO mediante el cierre de sus cadenas de suministro y redes operativas, dijo Hobbs.
Esta iniciativa se financiará utilizando una parte del saldo de $28 millones en el fondo de seguridad fronteriza de Arizona, dijo la gobernadora.
Hobbs dijo que la Operación Guardián del Desierto se basará en los esfuerzos de la Fuerza de Tarea SAFE, una operación conjunta entre la Guardia Nacional de Arizona y CBP para interceptar drogas ilícitas en los puertos de entrada.
La gobernadora dijo que estos esfuerzos evitaron que más de 19 millones de pastillas de fentanilo, 6,598 libras de otras drogas ilegales y 237 armas ingresen al país.
Hobbs dijo que su administración asignó más de 100 millones de dólares en fondos de seguridad fronteriza a las fuerzas del orden locales para combatir los cruces fronterizos ilegales y el tráfico de drogas.
Estos fondos también facilitaron el establecimiento de una Oficina de Coordinación Fronteriza dentro del Departamento de Seguridad Nacional de Arizona (DHS) para promover la colaboración entre las agencias de aplicación de la ley y el gobierno federal para asegurar la frontera.
Además, Hobbs dijo que su oficina solicitó más de 500 millones de dólares a la administración Biden para reembolsar al estado los gastos de seguridad fronteriza.
También se comprometió a no utilizar los recursos estatales para "acorralar indiscriminadamente a las personas, atacar a los Dreamers o hacer cumplir las leyes de inmigración en iglesias, escuelas u hospitales, con excepciones para los delincuentes violentos"
En febrero, los republicanos de la Cámara de Representantes de Arizona propusieron una legislación para asignar 50 millones de dólares del fondo general del estado para el apoyo a las fronteras locales.
Bajo este plan, las agencias de aplicación de la ley utilizarían los fondos para mejorar los esfuerzos para interceptar drogas en la frontera y detener a los delincuentes.
Los fondos también se centrarían en operaciones de contrabando de personas, inmigración ilegal y otros delitos relacionados con la frontera.
El 5 de noviembre, los votantes de Arizona aprobaron la Proposición 314, conocida como la Ley de Seguridad Fronteriza. Esta ley amplió significativamente el papel de las agencias estatales y locales de aplicación de la ley en el arresto y enjuiciamiento de inmigrantes ilegales.
En marzo de 2024, Hobbs vetó el proyecto de ley 1231 del Senado, cuyo objetivo era convertir en delito estatal cruzar la frontera ilegalmente fuera de los puertos de entrada designados.
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