El 1 de abril, un juez federal bloqueó indefinidamente la capacidad de la administración Trump para despedir masivamente a trabajadores federales en período de prueba en 19 estados y en Washington, restringiendo una orden nacional emitida el mes pasado.
El juez de distrito de EE. UU. James Bredar, en Baltimore, Maryland, ya había dictaminado el 13 de marzo que la administración debería haber avisado con antelación cuando despidió al menos a 11,000 trabajadores sin notificar a los estados y gobiernos locales con antelación.
El juez ordenó al gobierno que reincorporara a los trabajadores despedidos en 18 agencias antes del 17 de marzo.
La última decisión de Bredar sustituye a esa orden, pero también abarca dos agencias adicionales: el Departamento de Defensa y la Oficina de Administración de Personal.
Al dictar su decisión, el juez dijo que el gobierno federal puede «despedir en masa a los empleados en período de prueba (es decir, despedirlos mediante una reducción de la plantilla, o RIF)», pero que cuando lo haga, «debe seguir ciertas leyes y reglamentos».
«Recientemente, las agencias gubernamentales ejecutaron una serie de despidos masivos, pero cuando lo hicieron, según consta ante la corte, no siguieron los procedimientos obligatorios de RIF», escribió el juez.
Bredar consideró que la administración Trump «probablemente infringió las leyes que regulan los despidos masivos de empleados públicos, y esto con el daño continuo e irreparable de los estados demandantes».
Sin embargo, señaló que su orden solo se aplica a los empleados que viven o trabajan en los estados mayoritariamente demócratas que, junto con Washington D. C., demandaron por los despidos masivos.
«Quizás sería conveniente una orden judicial más amplia si esta acción fuera en nombre de los miles de empleados que fueron despedidos, siendo probablemente similares, si no idénticas, las circunstancias de cada uno de ellos, y existiendo pocas dudas de que los daños sufridos por algunos eran representativos de los experimentados por todos, o casi todos. Pero este no es el caso», escribió Bredar.
«Solo los estados han presentado demandas aquí, y solo para reivindicar sus intereses como estados. No son representantes de los trabajadores».
Agencias cubiertas por la sentencia judicial
El juez señaló que, si bien «cada estado tiene derecho a decidir por sí mismo si solicitará reparación en las circunstancias actuales», «sería inapropiado que la corte diseñara una reparación que tuviera como efecto que las decisiones debidamente reservadas a los estados no participes fueran anuladas de manera efectiva e innecesaria por esta corte».La sentencia de Bredar afecta a los trabajadores de los Departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Educación, Energía, Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano, Interior, Trabajo, Transporte, Hacienda y Asuntos de Veteranos.
Además, los trabajadores en período de prueba despedidos de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la Agencia de Protección Ambiental, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la Administración de Servicios Generales, la Administración de Pequeñas Empresas y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional están cubiertos por las órdenes, junto con los del Departamento de Defensa y la Oficina de Gestión de Personal.
Los empleados cubiertos por la orden deben trabajar en Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Wisconsin o Washington, D.C.
La sentencia de Bredar responde a una demanda presentada el 6 de marzo por una coalición de estados, en su mayoría liderados por demócratas, que demandaron a casi dos docenas de agencias federales por los despidos de trabajadores en periodo de prueba.
En su demanda, los estados, liderados por el fiscal general de Maryland, Anthony Brown, argumentaron que la medida era ilegal porque las agencias no habían cumplido con los requisitos legales para los RIF, incluido el aviso previo de 60 días a los trabajadores y a los estados.
La administración Trump apeló la decisión anterior de Bredar, alegando que los despidos eran legales y que el juez carecía de poder para exigir la readmisión de los trabajadores.
Un panel de la corte de apelaciones de EE. UU. se negó a suspender el fallo de Bredar a principios de marzo.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y la Oficina del Fiscal General de Maryland para recabar comentarios.
Zachary Stieber contribuyó a este artículo
Con información de Reuters
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