El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, emitió el 27 de febrero una orden ejecutiva que ordena a la policía estatal y a los funcionarios de prisiones que ayuden a las autoridades federales de inmigración.
La orden ejecutiva faculta a las fuerzas del orden del estado para apoyar la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.
«Como gobernador, proteger a nuestros ciudadanos es mi principal responsabilidad, y hoy estamos tomando medidas que harán que Virginia sea más segura al expulsar a los inmigrantes ilegales peligrosos y criminales de nuestra Mancomunidad», dijo Youngkin en un comunicado. «Los inmigrantes ilegales peligrosos y criminales no deben volver a nuestras comunidades para agredir, violar y asesinar. Deben ser devueltos al lugar de donde vinieron».
La orden pide a la Policía Estatal de Virginia y al Departamento de Correcciones que firmen acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). También se creará un grupo de trabajo de la policía estatal formado por agentes federales para ayudar a identificar y detener a los inmigrantes ilegales criminales que supongan un riesgo para la seguridad pública.
El gobernador también ordenó a las cárceles locales y regionales que cooperaran con el grupo de trabajo.
En la campaña presidencial de 2024, Trump prometió los mayores esfuerzos de deportación en la historia de Estados Unidos.
Desde que Trump asumió el cargo, los agentes del ICE y otras autoridades federales han llevado a cabo operaciones específicas en todo el país.
En solo un mes, el ICE arrestó a más de 20,000 inmigrantes ilegales, en comparación con los 33,000 arrestos que se produjeron en todo el año 2023 bajo el mandato del expresidente Joe Biden. Esto supone un aumento del 627 por ciento en los arrestos mensuales en comparación con este mismo periodo del año pasado, según el Departamento de Seguridad Nacional.
El vicepresidente JD Vance elogió la medida del gobernador.
«Impresionante», escribió Vance en una publicación en la red social X.
La orden ejecutiva de Youngkin se produce tras acciones similares tomadas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. A principios de este mes, DeSantis firmó un amplio paquete de leyes de inmigración destinadas a llevar a cabo las políticas de Trump contra la inmigración ilegal.
Mientras tanto, no todos los estados han cooperado.
La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció recientemente que el Departamento de Justicia está demandando al estado de Nueva York, a la gobernadora Kathy Hochul y a la fiscal general del estado, Letitia James, por la aplicación de la ley de inmigración.
El Departamento de Justicia estaba apuntando a la «Ley de Luz Verde» del estado que permite a los neoyorquinos obtener licencias de conducir sin tener que demostrar su estatus legal. En respuesta, Hochul dijo que su estado no dará marcha atrás.
En California, el gobernador Gavin Newsom aprobó una ley que utiliza el dinero de los contribuyentes para reforzar las defensas legales del estado contra las políticas y la aplicación de la ley de inmigración de la administración Trump.
La ley destina 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de California para luchar en las cortes contra el gobierno federal y otros 25 millones de dólares a grupos legales para defender a los inmigrantes que se enfrentan a una posible deportación.
De NTD News
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
