Un grupo de 19 fiscales generales estatales demócratas presentó una demanda el 3 de abril en la que impugna la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exige a los votantes que demuestren que son ciudadanos estadounidenses y que le impide a los estados contar los votos por correo que reciben después del día de las elecciones.
Presentada en la corte federal de Boston, la demanda se produjo tras otras dos que impugnan la orden. Los demandantes afirman que la orden «usurpa el poder constitucional de los Estados y pretende enmendar la ley electoral por decreto».
«El intento del presidente de controlar nuestras elecciones, intimidar a los votantes y limitar el derecho al voto de los estadounidenses es inconstitucional, antidemocrático y, francamente, antiamericano», dijo la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James.
El 25 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva, titulada «Preservar y proteger la integridad de las elecciones estadounidenses», que obliga a los votantes a presentar pruebas documentales de su ciudadanía estadounidense cuando se registren para votar en las elecciones federales. La orden también tiene como objetivo impedir que los estados cuenten los votos por correo que lleguen después del día de las elecciones presidenciales y legislativas.
El año pasado, los estados que se unieron a la demanda habían permitido que se contaran las papeletas tardías que tenían matasellos anteriores al día de las elecciones si llegaban dentro de un plazo específico establecido por la ley estatal.
En su orden, Trump citó las políticas de Dinamarca y Suecia de no aceptar papeletas por correo que lleguen tarde, independientemente de cuándo tengan matasellos, y dijo que Estados Unidos debería seguir la misma política.
California y Nevada lideraron el grupo de 19 estados al argumentar que Trump carece de la facultad exclusiva para modificar los procedimientos electorales de los estados. El Congreso, dijeron, tiene la facultad, en virtud de la Constitución, de anular las leyes estatales para las elecciones federales.
«Ni la Constitución ni el Congreso autorizan el intento de restricción del voto por parte del presidente», dijo en un comunicado el fiscal general demócrata de California, Rob Bonta.
El Comité Nacional Demócrata y los líderes demócratas del Congreso, el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer (D-N.Y.) y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries (D-N.Y.), ya impugnaron la orden de Trump en las cortes.
En su demanda, los 19 estados argumentaron que la norma viola la Constitución y la Ley Nacional de Derechos Electorales, que permite votar siempre que una persona atestigüe su ciudadanía bajo amenaza de perjurio.
Mientras que los demócratas han dicho que ya es ilegal que los no ciudadanos voten, los republicanos han expresado su preocupación por cómo la falta de verificación puede permitir que algunos no ciudadanos mientan para registrarse.
Los fiscales generales también acusaron a la orden de Trump de violar la autoridad constitucional de los estados sobre las elecciones al utilizar la pérdida de fondos federales y las posibles investigaciones del Departamento de Justicia como amenazas para obligarlos a llevar a cabo las exigencias del mandato.
En su orden, Trump argumentó que los estados «no investigan adecuadamente la ciudadanía de los votantes y, en los últimos años, el Departamento de Justicia no ha priorizado ni dedicado suficientes recursos para hacer cumplir estas disposiciones», y alegó que la administración Biden permitió que los inmigrantes ilegales figuraran en las listas de votantes estatales.
Cuando anunció la orden, el presidente dijo que era necesaria para «enderezar nuestras elecciones».
Con información de Reuters
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