Opinión
En la vida de las sociedades modernas hay hechos que se convierten en determinantes. Sus consecuencias rebasan la condición de escándalos. Revelan realidades, anuncian cambios y los crean, modifican destinos individuales y colectivos. Desde que emergen ya son símbolos y estos símbolos representan verdades que estaban ocultas o eran soslayadas.
Es el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Lo he llamado Campo de la Muerte porque era la muerte lo que ahí se ejercía en la condición del abuso, de la tortura, del asesinato, como eslabón en una cadena de crímenes, símbolo del mal absoluto.
Si me dijeran una manera distinta de verlo, diría que es una versión extremadamente sádica del capitalismo gore con sus monstruos endriagos, organizados para disputar las ganancias del mercado de la droga, organizar las extorsiones, torturar, matar, desmembrar, desaparecer seres humanos.
Finalmente ese campo en Teuchitlán organizado para entrenar sicarios también servía para exterminar a un grupo humano específico: los muchachos y muchachas pobres a quienes con engaños secuestraban y si no estaban dispuestos a convertirse en sicarios eran asesinados.
Las evidencias encontradas por el colectivo Madres Buscadoras Guerreros de Jalisco: ropa, montones de zapatos, restos de huesos humanos calcinados, fosas de incineración –que llamaron hornos crematorios–, huellas de balazos en los muros.
Hubo una evidencia que coincide con el relato de sobrevivientes del Campo de la Muerte de Teuchitlán: a veces se obligaba a los muchachos a enfrentarse entre sí a muerte. Un video de los cinco amigos jóvenes de San Juan de los Lagos y que fue difundido hace tiempo, los muestra de rodillas, amordazados, con huellas de golpes, antes de que los obligaran a esa pelea a muerte entre ellos. Se observa un muro detrás de ellos igual al de una fotografía tomada cuando el descubrimiento de las madres buscadoras y que fue dado a conocer.
Ante las primeras noticias la presidente Claudia Sheimbaum expresó una sola palabra: terrible. Sin embargo, las críticas a ella se centraron en no haber suspendido su festejo en el Zócalo, declarado luto nacional, ir al lugar, abrazar a las madres buscadoras, ordenar una investigación exhaustiva.
Tres días después la comunicación del gobierno se centró en tratar de disminuir el impacto social provocado por la difusión alcanzada de la existencia del campo de Teuchitlán. Hordas de bots inundaron las redes para negar ese hecho y denigrar a quienes afirmaran lo contrario, políticos oficiales hicieron declaraciones en ese sentido, se comenzó a hablar de un montaje, la Presidente dijo que no había “exterminio”, centró su molestia en afirmar que era indebido que con este motivo se mencionara al presidente López Obrador, “déjenlo en paz”, dijo.
De pronto el tema se quiso circunscribir a un pleito electoral entre el gobierno y los partidos opositores. Se dijo que el Campo de Teuchitlán era parte de una campaña de desprestigio de estos partidos en contra del gobierno de Morena y en particular en contra de López Obrador. Se informó, sin ofrecer ninguna prueba, que habían gastado “20 millones de pesos” en las redes, luego la cifra se modificó a “20 millones de dólares”. Esta campaña es cómoda por el desprestigio que tienen estos partidos.
Todos quienes señalaran el Campo de Teuchitlán fueron descalificados como “carroñeros”. Después la Fiscalía General de la República (FGR) limpiaría el Campo y organizaría un tour con comunicadores identificados con el gobierno quienes negarían todo lo revelado antes.
Jesús Ramírez Cuevas, jefe de asesores de la presidente Claudia Sheimbaum y jefe reconocido de la propaganda oficial desde la gestión de López Obrador, dijo en Canal 14 que el tema de Teuchitlán era una operación internacional para “desestabilizar al gobierno patriota mexicano”. Quizás en tiempos de la guerra fría se utilizaban ese tipo de tesis, que ahora son propias de regímenes como el de Nicolás Maduro.
Pero la realidad es necia y los datos de la realidad matan a cualquier campaña propagandística. Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad del gobierno, detiene a un criminal de apellido Lastra quien declara que en el campo de Teuchitlán se torturaba y asesinaba a los jóvenes que no querían convertirse en sicarios, lo que coincidía con las evidencias y testimonios existentes. Sólo se vio obligado a sostener el absurdo de que “no se les exterminaba, sólo se les mataba”.
Un estudio de investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno, que data de 2019, basado en imágenes satelitales, evidencia la existencia de hornos crematorios clandestinos. Con base en esta metodología científica, desde 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda encontró, no sólo en Teuchitlán, indicios certeros de cremaciones clandestinas e inusuales conectadas a lugares bajo control criminal.
Luego vino el jaque mate comunicacional a la campaña de control de daños y propagandística del gobierno en este asunto: la filtración de documentos de la Secretaría de Defensa Nacional por parte de Guacamaya Leaks, que hablan de la existencia de reportes de inteligencia sobre distintos sitios donde han aparecido restos humanos calcinados. Lo cual incluye la zona de Teuchitlán donde elementos criminales quisieron sobornar a miembros de la Guardia Nacional. Estos informes fueron enviados a las juntas de seguridad que presidía López Obrador.
La presidente de México, sin tomar en cuenta este contexto y de manera evidente mal informada sobre el derecho internacional, declaró que en México no hay crímenes de lesa humanidad, dijo al referirse al campo de Teuchitlán: “No sé que quieran decir con crímenes de lesa humanidad”. La dimensión del crimen cometido en este campo es parte de una terrible cadena de transgresión delictiva que entra en el marco del derecho internacional, según el Estatuto de Roma de 2002 que creó la Corte Penal Internacional que juzga los crímenes de lesa humanidad.
El artículo 7 del Estatuto de Roma señala como crímenes de esta índole: la desaparición forzada, la tortura sistemática, el asesinato, dirigidos contra un grupo humano específico y la esclavitud. Todo ello corresponde a los delitos cometidos en el Campo de Teuchitlán, siendo jóvenes pobres el grupo humano víctima de los mismos.
La Corte Penal Internacional ha juzgado no sólo a jefes de gobierno sino a líderes de guerrillas africanas, precisamente por reclutamiento forzoso equivalente a esclavitud, además de tortura y asesinatos. El caso mexicano corresponde a una situación atípica, la de crímenes masivos cometidos por organizaciones criminales con presunta complicidad activa o pasiva de autoridades civiles, en este caso del más alto nivel según múltiples señalamientos, entre ellos de parte del actual gobierno estadounidense. La omisión culposa también entra en el ámbito de la Corte Penal InternacionaI cuya jurisdicción en la materia es reconocida por el Estado mexicano.
México vive actualmente una crisis humanitaria. En el sexenio de López Obrador –quien sostuvo abiertamente una postura que puede ser considerada de pasividad cómplice– hubo 54 mil desapariciones y más de 200 mil muertos. Teuchitlán no es el primer caso. Pero hago votos porque el Campo de la Muerte de Teuchitlán, por los crímenes de lesa humanidad y los de encubrimiento presunto ahí cometidos, sea la base para un juicio de la Corte Penal Internacional si acaso el Estado mexicano es incapaz de hacer justicia.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
