La administración Trump pagará a El Salvador 6 millones de dólares para mantener en sus cárceles, durante un año, a unos 300 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y a dos presuntos miembros de la pandilla MS‑13. Ambas pandillas han sido designadas como organizaciones terroristas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció recientemente recibir y albergar a inmigrantes ilegales criminales en su infame prisión a cambio de un precio. La oferta se realizó como parte de un acuerdo entre Bukele y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante la primera misión diplomática de Rubio en su mandato.
«La República de El Salvador confirma que albergará a estos individuos durante un año, a la espera de la decisión de Estados Unidos sobre su destino a largo plazo», escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en un memorando obtenido por The Associated Press.
De acuerdo con el acuerdo alcanzado entre Bukele y Rubio, todos los prisioneros entrantes serán encarcelados en la “mega‑prisión” de El Salvador, con capacidad para 40,000 reclusos, denominada Terrorism Confinement Center.
Bukele describió la tarifa como “relativamente baja para Estados Unidos”, pero lo suficientemente alta como para ayudar a sostener el sistema penitenciario; en este caso, el costo para Estados Unidos se fijaría en aproximadamente USD 20,000 por prisionero al año.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, uno de los miembros de la pandilla MS‑13, Cesar Eliseo Sorto Amaya, fue condenado por doble homicidio en El Salvador antes de ser capturado por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El otro fue acusado, durante la administración Biden, de ser un líder de alto rango de la pandilla MS‑13.
Más temprano el sábado, el presidente Donald Trump firmó una proclamación invocando una ley del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar aún más la expulsión de Tren de Aragua (TdA) de Estados Unidos.
«Proclamo que todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que sean miembros de TdA, que se encuentren en Estados Unidos y que no sean, en realidad, naturalizados o residentes permanentes legales de Estados Unidos, están sujetos a ser aprehendidos, detenidos, asegurados y expulsados como Alien Enemies», reza la proclamación.
La proclamación ordena, a continuación, a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional que comiencen a trabajar en la expulsión de los “Enemigos Extranjeros”.
«El Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional están autorizados para tomar todas las acciones necesarias bajo la Ley de Enemigos Extranjeros para llevar a efecto esta proclamación, de acuerdo con la ley aplicable», establece la proclamación.
«Todos estos agentes, agencias y funcionarios reciben por la presente plena autoridad para todos los actos que realicen en la ejecución de tales regulaciones cuando actúen bajo la dirección del Fiscal General o del Secretario de Seguridad Nacional, según corresponda».
También parece incluir los recientes acuerdos de Rubio con El Salvador y Guatemala para exportar a inmigrantes ilegales violentos a sus prisiones, indicando que estos Enemigos Extranjeros declarados no solo están sujetos a detención hasta su expulsión de Estados Unidos, sino que también están «sujetos a ser trasladados a cualquier ubicación que ordenen los funcionarios responsables de la ejecución de estas regulaciones de acuerdo con la ley aplicable».
The Epoch Times se ha comunicado con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional para obtener más confirmación sobre este acuerdo de transferencia y solicitar más detalles, como la fecha en que probablemente se realice la primera transferencia.
Con información de The Associated Press.
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