El 14 de marzo, el Departamento de Justicia retiró las demandas de la era Biden que impugnaban las leyes estatales de Oklahoma y Iowa que autorizaban a esos estados a detener y aplicar consecuencias a los inmigrantes ilegales.
A pesar de las nuevas acciones del gobierno federal, las leyes de Oklahoma y Iowa siguen bloqueadas por las cortes federales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una notificación voluntaria de desestimación ante la corte federal de distrito de Oklahoma y una notificación voluntaria de desestimación ante la corte federal de distrito de Iowa.
La administración Biden había presentado una demanda para bloquear las dos leyes estatales, argumentando que violaban la Constitución de Estados Unidos al crear sistemas de inmigración estatales que chocan con el sistema federal.
El presidente Donald Trump basó su campaña el año pasado en una plataforma que prometía mayores esfuerzos para aplicar las leyes de inmigración y emitió una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con la política de inmigración desde que regresó a la Casa Blanca.
La ley de Oklahoma, HB 4156, permite a las autoridades estatales detener y encarcelar a inmigrantes indocumentados que se encuentren físicamente en el estado. La ley también exige que quienes sean condenados bajo este estatuto abandonen Oklahoma en un plazo de 72 horas.
Innumerables personas de todo el mundo, incluyendo miles de ciudadanos chinos, así como personas afiliadas a organizaciones terroristas, han cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Los habitantes de Oklahoma están preocupados por quién podría estar acechando una oportunidad para perjudicar a nuestro país, declaró el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, el 30 de abril de 2024, al promulgar la ley.
La ley creó el delito de "ocupación inadmisible", que se da cuando una persona es "extranjera y, voluntariamente y sin permiso, entra y permanece en el estado de Oklahoma sin haber obtenido previamente autorización legal para entrar en Estados Unidos". El estatuto define "extranjero" como "cualquier persona que no sea ciudadana o nacional de Estados Unidos".
El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, celebró la desestimación de la demanda federal.
"Como esperábamos y anticipábamos, el presidente Trump y el [Departamento de Justicia] han tomado medidas que permitirán a las fuerzas del orden de Oklahoma acabar con las operaciones ilegales de marihuana que han infestado nuestro estado", dijo Drummond en un comunicado.
"Durante demasiado tiempo, las fuerzas del orden de Oklahoma se vieron obstaculizadas porque el gobierno federal se había negado a hacer algo para deportar a los inmigrantes ilegales que trabajaban en estos cultivos", dijo Drummond.
El 28 de junio de 2024, el juez federal de distrito Bernard Jones, que presidía la demanda, emitió una orden judicial preliminar que bloqueaba la ley estatal mientras la corte consideraba el caso.
"En efecto, la HB 4156 penaliza una conducta ya prohibida por la ley federal", escribió Jones en su orden.
Si se permitiera que la ley se mantuviera, "cada estado podría otorgarse 'autoridad independiente' para implementar su propia política migratoria... sin duda 'disminuyendo el control del gobierno federal sobre la aplicación de la ley' y 'desvirtuando el esquema integrado de regulación creado por el Congreso'", escribió el juez, citando el fallo de 2012 de la Corte Suprema en Arizona vs. Estados Unidos, que anuló una ley estatal que convertía en delito estatal la presencia ilegal en Estados Unidos.
"Los asuntos delicados de la política migratoria 'deben abordarse con una sola voz'... Y, para bien o para mal, esa voz no pertenece a un solo estado, sino a Estados Unidos", escribió Jones.
El estatuto de Iowa, conocido como SF 2340, fue firmado por la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, el 10 de abril de 2024.
La ley tipificó como delito que un extranjero entrara o intentara entrar al estado si se le había negado la entrada o había sido excluido, deportado o expulsado de Estados Unidos. El estatuto también permitía a los jueces estatales ordenar el regreso de los condenados a su país de origen.
"La administración Biden no ha hecho cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, poniendo en riesgo la protección y la seguridad de los habitantes de Iowa", dijo Reynolds al firmar el proyecto de ley.
El proyecto de ley dio a las fuerzas del orden de Iowa el poder de "hacer cumplir las leyes de inmigración que ya existen", dijo.
La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, agradeció al Departamento de Justicia por retirar su demanda.
"Hoy, el presidente Trump demostró una vez más que respalda a Iowa y demostró su compromiso con la seguridad de Estados Unidos al retirar la ridícula demanda de Biden. Esta es una gran victoria para los habitantes de Iowa en todo el estado", declaró Bird.
El juez de distrito estadounidense Stephen Locher bloqueó la ley el 17 de junio de 2024, al considerar que estaba invalidada por la ley federal, que prevalece sobre la ley estatal.
"En términos políticos, la nueva legislación podría ser defendible. En términos de derecho constitucional, no lo es", escribió Locher en su orden.
La aplicación de las leyes de inmigración es una responsabilidad federal y la ley SF 2340 "no permite que la ley federal de inmigración siga su curso", escribió.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Octavo Circuito confirmó la orden preliminar del juez el 24 de enero.
Un panel de tres jueces determinó que la ley SF 2340 entra en conflicto con la ley federal y con la discreción de los funcionarios federales en los procedimientos de deportación de inmigrantes.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios. No recibió respuesta al cierre de esta edición.
Zachary Stieber, Chase Smith y Caden Pearson contribuyeron a este artículo.
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