El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) dijo el martes que los inmigrantes en el país deben registrarse ante el gobierno federal y que, de no hacerlo, se enfrentarán a multas, posibles penas de prisión o ambas.
Esto permitiría a las fuerzas del orden rastrear y obligar a los inmigrantes ilegales a autoexpulsarse, al tiempo que se ahorrarían recursos de la agencia que de otro modo se utilizarían para llevar a cabo deportaciones físicas, dijo el DHS en un comunicado.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, enfatizó que la administración Trump hará cumplir todas las leyes de inmigración para garantizar «la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses».
«[El presidente Donald Trump] y [la secretaria del DHS, Kristi Noem] tienen un mensaje claro para aquellos que están en nuestro país ilegalmente: Váyanse ahora», dijo la portavoz. «Si se van ahora, pueden tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano».
Según el sitio web del departamento, todos los inmigrantes mayores de 14 años a los que no se les tomaron las huellas dactilares ni se les registró cuando solicitaron un visado estadounidense, y aquellos que han permanecido en Estados Unidos durante 30 días o más, deben solicitar el registro y la toma de huellas dactilares.
Declaró que los padres y tutores deben asegurarse de que sus hijos, que se hayan registrado previamente con el gobierno federal, vuelvan a registrarse y se presenten para la toma de huellas dactilares en un plazo de 30 días a partir de que cumplan 14 años.
El DHS emitirá una prueba de registro una vez finalizado el proceso de registro y toma de huellas dactilares. El departamento declaró que los inmigrantes mayores de 18 años deben llevar esta prueba en todo momento.
«El incumplimiento dará lugar a sanciones penales y civiles, que pueden llegar a incluir el procesamiento por delito menor y el pago de multas», declaró, sin especificar el importe de las multas.
El DHS dijo que en los próximos días se pondrá a disposición un formulario y un proceso para el registro de inmigrantes.
La medida se produjo tras la orden ejecutiva de Trump que instruye al DHS a implementar políticas y procedimientos que alienten a los inmigrantes ilegales a salir voluntariamente del país lo antes posible, y a evaluar las multas y sanciones que podrían imponerse a los inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país.
La orden de Trump afirma que la anterior administración de Biden había supervisado «una avalancha sin precedentes de inmigración ilegal en Estados Unidos» durante los últimos cuatro años y le había permitido a millones de inmigrantes ilegales «volar directamente a Estados Unidos en vuelos comerciales» y «establecerse en comunidades estadounidenses, violando leyes federales de larga data».
«Muchos de estos extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública, cometiendo actos viles y atroces contra estadounidenses inocentes», afirmaba la orden. «Otros participan en actividades hostiles, como espionaje, espionaje económico y preparativos para actividades relacionadas con el terrorismo».
Quienes deseen emigrar a Estados Unidos pueden hacerlo por medios legales, ha dicho el presidente.
Después de asumir el cargo el 20 de enero, Trump firmó varias acciones ejecutivas para disuadir y prevenir la entrada de inmigrantes ilegales en el país, incluida la cancelación del servicio de la aplicación CBP One, que fue establecida por la anterior administración Biden para permitirle a los inmigrantes sin documentos legales de entrada programar citas en los puertos de entrada de EE. UU.
Trump también firmó una orden el 19 de febrero en la que ordenaba a todas las agencias que identificaran cualquier programa financiado con fondos federales que proporcionara asistencia financiera a inmigrantes ilegales y que pusieran fin a dicha asistencia. El presidente también ordenó poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales, lo que fue bloqueado por varios jueces federales mientras las cortes examinan la legalidad de la orden.
La semana pasada, Noem emitió un memorando en el que autorizaba a los agentes especiales del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de EE. UU. a desempeñar las funciones de los agentes de inmigración.
El DHS declaró en un comunicado de prensa del 20 de febrero que hasta 600 agentes del DSS en todo el país habían sido designados para ayudar a arrestar y deportar a inmigrantes ilegales. El comunicado también señaló que el DHS había designado a empleados del Departamento de Justicia (DOJ) y del IRS para participar en actividades de control de la inmigración.
Jack Phillips contribuyó a este artículo
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