El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el 27 de marzo la creación de un nuevo Grupo de Trabajo sobre Regulaciones Anticompetitivas, cuyo objetivo será identificar y eliminar leyes y regulaciones que obstaculizan la libre competencia en Estados Unidos.
El grupo de trabajo, establecido dentro de la División Antimonopolio del DOJ, sumará esfuerzos para eliminar lo que denomina "barreras regulatorias innecesarias" impuestas por gobiernos estatales y federales que perjudican a consumidores, trabajadores y pequeñas empresas. El departamento también solicitará comentarios públicos durante un periodo de 60 días, según indica el anuncio.
"Alcanzar la Edad de Oro económica del presidente Trump requerirá deshacer regulaciones opresivas que sofocan la libre competencia en el mercado", dijo Abigail Slater, Fiscal General Adjunta que lidera la División Antimonopolio. "Esta División Antimonopolio se opondrá a las barreras perjudiciales a la competencia, ya sean impuestas por reguladores públicos o monopolios privados".
La creación del grupo sigue a dos órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump durante las primeras semanas de su segundo mandato. La Orden Ejecutiva 14192, emitida el 31 de enero, declaró que la política del poder ejecutivo es reducir cargas regulatorias innecesarias. La Orden Ejecutiva 14219, firmada el 19 de febrero, ordenó a las agencias iniciar una revisión de todas las regulaciones e identificar aquellas que imponen cargas indebidas a pequeñas empresas o que obstaculizan la empresa privada.
Como parte de su trabajo, el grupo iniciará una consulta pública para recopilar información sobre leyes y regulaciones que dificultan la competencia empresarial, particularmente en sectores clave como vivienda, transporte, alimentos y agricultura, atención médica y energía, según indica el anuncio.
En el ámbito de la vivienda, el departamento citó el aumento en los costos y los obstáculos regulatorios para la construcción y propiedad de viviendas. En transporte, señaló inmunidades antimonopolio y estructuras monopolísticas que elevan los precios para los consumidores.
Funcionarios también afirmaron que los precios de alimentos aumentaron un 27 por ciento durante la administración anterior y argumentaron que eliminar reglas anticompetitivas podría aliviar la presión sobre las familias. Además, destacaron que las regulaciones en atención médica pueden fomentar la consolidación y sobreprecios, mientras que las regulaciones energéticas podrían impedir la innovación y aumentar los costos de servicios públicos.
El público puede enviar comentarios a través de Regulations.gov hasta el 26 de mayo. El DOJ indicó que agradece aportes de consumidores, empresas, grupos de defensa y otros afectados por estas leyes y regulaciones.
El grupo de trabajo también coordinará con agencias estatales y federales y continuará con el trabajo previo de la División Antimonopolio, defendiendo la competencia en procesos regulatorios. Esto incluye presentar informes amicus curiae, comentarios sobre legislaciones propuestas y asesoría técnica a agencias que evalúan el impacto regulatorio.
El DOJ publicó un informe en 2018 detallando cómo ciertas regulaciones pueden perjudicar la competencia, y desde entonces ha presentado comentarios apoyando acciones de desregulación en sectores como energía y licencias.
El Grupo de Trabajo sobre Regulaciones Anticompetitivas ampliará estos esfuerzos, señaló el DOJ, con el objetivo de mejorar la oportunidad económica mediante la competencia.
La división afirmó que continuará oponiéndose a regulaciones que restrinjan la entrada al mercado, protejan a operadores establecidos o que reduzcan la elección e innovación del consumidor.
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