El 20 de febrero se presentaron dos demandas contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y los decretos ejecutivos del presidente Donald Trump que limitan los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) del gobierno y rechazan la ideología transgénero.
La demanda Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) v. U.S. DOGE Service fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
CREW solicitó al tribunal que obligue al DOGE a cumplir con las leyes federales de divulgación y registros.
La otra demanda, San Francisco AIDS Foundation v. Trump, fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
Los demandantes afirmaron que tres de los recientes decretos ejecutivos de Trump relacionados con las políticas DEI son inconstitucionales y pidieron al tribunal que sean bloqueados.
En la demanda de CREW, los acusados son el DOGE, Elon Musk, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y la Administración Nacional de Archivos y Registros.
Trump emitió el Decreto Ejecutivo 14158 el 20 de enero, implementando al DOGE, un organismo asesor que recomienda medidas de reducción de costos. El decreto reorganizó el Servicio Digital de EE. UU. –que fue creado por el presidente Barack Obama en 2014 dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente–, como el Servicio DOGE de EE. UU., según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.
El decreto instruyó a la entidad a "implementar la Agenda DOGE del Presidente, modernizando la tecnología y el software federal para maximizar la eficiencia y productividad gubernamental".
Recientemente, los funcionarios del gobierno federal dieron versiones contradictorias sobre el estatus de Musk en DOGE.
La Casa Blanca había referido previamente a Musk, un empresario tecnológico, como un empleado especial del gobierno. Esta designación le permite trabajar para el gobierno federal y, potencialmente, evitar las reglas de divulgación sobre posibles conflictos de interés y finanzas que generalmente se aplican a otros empleados gubernamentales.
El funcionario de la Casa Blanca, Joshua Fisher, dijo en un documento judicial el 17 de febrero que Musk no trabaja para el DOGE y no tiene autoridad para tomar decisiones.
Tanto el DOGE como una subunidad del DOGE están separadas de la Oficina de la Casa Blanca, que emplea a Musk como empleado especial del gobierno y asesor principal del presidente, dijo Fisher.
El 19 de febrero, Trump dijo en un evento en Miami que Musk dirige DOGE.
“Firmé un decreto creando el Departamento de Eficiencia Gubernamental y puse a un hombre llamado Elon Musk a cargo”, dijo el presidente. Trump se ha referido a Musk en varias ocasiones como el líder funcional del DOGE.
CREW dijo en su demanda legal que, aunque Musk escribió en una publicación de noviembre de 2024 en la plataforma de redes sociales X que "todas las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental se publicarán en línea para garantizar la máxima transparencia", y DOGE no ha cumplido con esa promesa.
DOGE "ha operado en las sombras, un grupo de actores en su mayoría no identificados, cuyo estatus como empleados gubernamentales es incierto, controlando funciones gubernamentales importantes sin supervisión", dice la demanda.
"[DOGE] no ha proporcionado una transparencia significativa sobre sus operaciones ni garantías de que está manteniendo los registros adecuados de su trabajo sin precedentes y legalmente dudoso".
A pesar de no estar autorizado por ley, el DOGE "ejerce un poder sorprendentemente amplio sobre todo tipo de funciones federales, superando con creces su autoridad legal limitada", alegó CREW.
La demanda indicó que el DOGE ejerce diferentes grados de control sobre contratos federales, la Oficina de Gestión de Personal, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento del Tesoro.
También alega que el DOGE ha violado la Ley de Libertad de Información (FOIA) y la Ley de Archivos Federales al no divulgar ni preservar registros, a pesar de las solicitudes de CREW.
“El pueblo estadounidense tiene el derecho de saber cómo [DOGE] está gestionando (o mal gestionando) sus impuestos y sus datos, cómo está ejerciendo su autoridad para influir en las operaciones del gobierno, si los conflictos de interés en el liderazgo del [DOGE] están impactando su trabajo y hasta qué punto está operando fuera de su estrecho mandato legal”, se lee en el texto.
CREW solicitó al tribunal que obligue a DOGE a cumplir con sus solicitudes de divulgación bajo el FOIA y a preservar sus registros.
Trump dijo a los periodistas el 18 de febrero que no permitiría “ningún conflicto de interés” relacionado con el trabajo de Musk.
Más tarde añadió: “Le dije a Elon, cualquier conflicto, no puedes tener nada que ver con eso. Así que, cualquier cosa que tenga que ver con, posiblemente, incluso el espacio, no dejaremos que Elon participe en eso”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los reporteros a principios de febrero que “si Elon Musk se encuentra con un conflicto de interés relacionado con los contratos y los fondos que el DOGE está supervisando, entonces Elon se apartará de esos contratos”.
Musk dijo durante una aparición en Fox News el martes: “Me apartaré si hay un conflicto.”
El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 10 de febrero de 2025. Andrew Caballero-Reynolds/AFP vía Getty Images.La demanda presentada por la Fundación San Francisco AIDS y otras ocho organizaciones, la mayoría de las cuales brindan atención médica y servicios sociales a la comunidad LGBT, impugna las Órdenes Ejecutivas 14151, 14168 y 14173. Las nueve organizaciones demandantes reciben financiamiento federal.
Los demandados son Trump, quien está siendo demandado en su capacidad oficial como presidente, junto con los departamentos de Justicia, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, y Vivienda y Desarrollo Urbano, así como otras agencias federales, incluyendo la OMB y la Fundación Nacional para las Humanidades.
La Orden Ejecutiva 14151 de Trump instruye a la OMB y al Departamento de Justicia a "coordinar la terminación de todos los programas discriminatorios", incluyendo los "mandatos, políticas, programas, preferencias y actividades ilegales del DEI y 'diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad' (DEIA) en el Gobierno Federal, bajo cualquier nombre que aparezcan".
El presidente Joe Biden utilizó el acrónimo DEIA en la Orden Ejecutiva 14035 firmada el 25 de junio de 2021, que requería que cada agencia federal nombrara un director de diversidad o un oficial de diversidad e inclusión. La accesibilidad, en este contexto, significa que "los espacios de trabajo federales deben ser completamente accesibles para los empleados con discapacidades", según el sitio web de la Junta de Acceso.
La Oficina de Administración de Personal fue encargada de crear un plan para implementar DEIA en las agencias, según informó el Servicio de Investigación del Congreso en junio de 2024. Trump derogó la Orden Ejecutiva 14035 cuando firmó la Orden Ejecutiva 14148 el 20 de enero.
La Orden Ejecutiva 14168 de Trump establece que la política del gobierno, desde ese momento en adelante ,será reconocer "dos sexos, masculino y femenino", y rechaza "la idea de que existe un vasto espectro de géneros desconectados del sexo de una persona".
La Orden Ejecutiva 14173 de Trump apunta a "preferencias peligrosas, despectivas e inmorales basadas en la raza y el sexo bajo el disfraz de la llamada 'diversidad, equidad e inclusión' (DEI) o 'diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad' (DEIA), que pueden violar las leyes de derechos civiles de esta nación".
La denuncia legal afirma que las tres órdenes ejecutivas "buscan castigar y desfinanciar a los demandantes por reconocer la existencia de personas transgénero, abogar por sus derechos y adoptar un enfoque equitativo para la provisión de sus servicios que reconozca la rica diversidad de los Estados Unidos".
La Orden Ejecutiva 14168 ofrece "un punto de vista despectivo, deshumanizante, idiosincrático y anticientífico sobre las personas transgénero y la identidad de género" y las excluye de "reconocimiento y protección por parte del gobierno", según la demanda.
Las tres órdenes ejecutivas exponen a los demandantes y a aquellos a quienes sirven a "desdén y exclusión de los servicios que reciben asistencia financiera federal debido a lo que son", y "plantean una amenaza existencial para las personas transgénero y las organizaciones que respetan su existencia", según la demanda.
The Epoch Times se contactó con el Departamento de Justicia, que está representando a los demandados en ambas demandas, para comentarios, pero no recibió respuesta antes del cierre de la publicación.
Con información de Zachary Stieber y Jack Phillips.
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