El 4 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos se mostró escéptica ante el argumento de México de que los fabricantes de armas deben responder por la violencia cometida por los cárteles.
Varios magistrados cuestionaron la falta de información en la demanda de México para alegar un cierto nivel de delito por parte de las empresas fabricantes de armas.
Los jueces Samuel Alito y Amy Coney Barrett pidieron a México que identificara a los distribuidores que supuestamente formaban parte del flujo de armas con fines ilegales.
"No los ha identificado, que yo sepa por la demanda", dijo Barrett al abogado de México. La jueza Elena Kagan señaló de manera similar al abogado de México que su parte no nombraba a traficantes en particular.
El juez Brett Kavanaugh preguntó al abogado de México sobre las consecuencias económicas de su teoría de responsabilidad. "Esa es una preocupación real para mí", dijo.
El caso, Smith & Wesson contra Estados Unidos Mexicanos, proviene del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Primer Circuito, que dictaminó el año pasado que los miembros de la industria estadounidense de armas de fuego podrían enfrentarse a una demanda en virtud de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).
Dicha ley protege generalmente a las empresas de armas de fuego de demandas basadas en el uso indebido de sus productos por delincuentes, pero contiene una excepción que el Primer Circuito consideró que se cumplía en este caso. Más concretamente, la ley permite que las empresas enfrenten demandas si violan conscientemente una ley estatal o federal y esa violación fue causa próxima de un daño determinado.
El tribunal de apelaciones sostuvo que la demanda de México había alegado adecuadamente que las empresas de armas de fuego habían ayudado e instigado "la venta de armas de fuego por distribuidores en violación consciente de las leyes estatales y federales pertinentes".
Añadió que "el gasto de fondos del gobierno mexicano para frenar a los cárteles es una consecuencia previsible y directa" de que los distribuidores vendieran armas a compradores con intenciones ilegales.
En un momento, la jueza Sonia Sotomayor sugirió que México no había hecho lo suficiente para demostrar que las empresas de armas tomaron alguna acción afirmativa para participar en un esquema que fomentaba las infracciones.
Después del intercambio de Sotomayor con el abogado de México, la jueza Ketanji Brown Jackson le dijo al abogado que consideraba que la PLCAA requería que demandas como la de México hicieran más para demostrar violaciones de la ley.
El juez Clarence Thomas también pareció expresar su preocupación porque la demanda no demostrara una violación de leyes concretas. Preguntó además si México enfrentaría problemas de garantías procesales al alegar violaciones de la ley federal por parte de ciertos individuos cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos no les había imputado dicha violación.
La jueza Jackson también parecía preocupada porque los argumentos de México pudieran invitar a una intervención judicial injustificada.
"Todas las cosas que han pedido en esta demanda equivaldrían a diferentes tipos de restricciones reglamentarias que creo que el Congreso no quería que fueran los tribunales los que las impusieran", dijo.
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