El lunes, un juez federal de California puso una pausa al plan de la administración Trump de poner fin al estatus de protección temporal (TPS) de 350,000 inmigrantes venezolanos, cuyo estatus legal expiraba el 7 de abril.
El juez de distrito de EE. UU. Edward Chen emitió una orden judicial a nivel nacional en respuesta a un caso legal presentado por la Alianza Nacional TPS, poniendo en espera el plan de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem de revertir las protecciones otorgadas por la anterior administración Biden mientras el caso continúa.
Noem dijo anteriormente que la administración Trump revocaría las protecciones TPS para los venezolanos alegando que eran contrarias a los intereses de EE. UU. y que ya no estaban justificadas por las condiciones en Venezuela.
En una orden de 78 páginas, Chen dijo que los demandantes han demostrado una probabilidad de éxito al demostrar que las acciones de Noem "no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por un ánimo inconstitucional".
Chen declaró que el plan de Noem de revocar el TPS podría causar "daños irreparables a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente afectados, costará miles de millones a Estados Unidos en actividad económica y perjudicará la salud pública y la seguridad en comunidades de todo Estados Unidos".
"Al mismo tiempo, el gobierno no ha identificado ningún daño compensatorio real en la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos", declaró el juez.
El TPS es una designación que permite a las personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otros acontecimientos extraordinarios permanecer en Estados Unidos.
En 2021, la administración Biden concedió el TPS a los venezolanos, alegando una "grave emergencia humanitaria" causada por la crisis política y económica bajo el líder de la nación sudamericana, Nicolás Maduro. La designación del TPS se fijó inicialmente para 18 meses, pero luego se extendió hasta octubre de 2026.
Según la sentencia judicial, se ha concedido el TPS a unos 600,000 inmigrantes venezolanos desde la designación de 2021.
Noem dijo en febrero que la nueva administración Trump revocaría el estatus legal de 350,000 inmigrantes, mientras que los restantes perderían sus protecciones en septiembre.
La secretaria del DHS declaró que Venezuela ya no cumple las condiciones para la designación, citando "notables mejoras" en la economía, la salud pública y la delincuencia del país.
Jose Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, calificó la sentencia como "una victoria legal" y "un testimonio de la fuerza" de la comunidad TPS.
"Continuaremos esta lucha con determinación inquebrantable, no solo para proteger el futuro de 350,000 venezolanos, sino para defender a todos los titulares de TPS en este país", dijo Palma en un comunicado de prensa.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios y no recibió respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
La Alianza Nacional TPS, una organización de titulares de TPS dirigida por sus miembros, presentó la demanda en marzo, alegando que Noem no tiene autoridad para revocar el TPS concedido a los inmigrantes y que sus acciones estaban motivadas por el racismo.
La medida para poner fin al TPS para los inmigrantes venezolanos formaba parte de la campaña más amplia del presidente Donald Trump para aumentar la seguridad fronteriza y tomar medidas enérgicas contra los programas de inmigración y humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley estadounidense.
El DHS también tenía previsto revocar el estatus legal temporal de más de 530,000 inmigrantes que entraron en Estados Unidos en el marco del programa de permisos humanitarios de la administración Biden, conocido como programa CHNV.
Este programa permitía la entrada de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela si cumplían ciertos requisitos, entre ellos tener patrocinadores estadounidenses.
Noem dijo en un aviso de marzo que tales programas de libertad condicional "no sirven a un beneficio público significativo" y no son efectivos para reducir los niveles de inmigración ilegal en los Estados Unidos.
Declaró que el programa CHNV debería ser cancelado porque no estaba cumpliendo con los propósitos previstos y no está alineado con los objetivos de política exterior de la administración Trump.
Con información de Reuters.
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