El 26 de marzo, una corte federal de apelaciones rechazó una solicitud del gobierno estadounidense de pausar un fallo que ha obligado a los funcionarios a reincorporar a miles de empleados públicos.
La administración del presidente Donald Trump no ha demostrado que tenga probabilidades de éxito en el caso, según dictaminaron dos de los tres jueces de un panel de la Corte de Apelaciones de EE. UU. del Noveno Circuito. El gobierno tampoco ha demostrado que sufrirá perjuicios irreparables a menos que se suspenda la orden de restitución, afirmaron los jueces.
"Los apelantes tampoco han demostrado la probabilidad de que la corte de distrito cometiera un error evidente al determinar que la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos ordenó a las seis agencias despedir a los empleados en período de prueba", escribieron los jueces de circuito Ana de Alba y Barry Silverman. "De ello se desprende que los apelantes no han demostrado que la corte de distrito probablemente abusara de su discreción al ordenar la reincorporación de los empleados despedidos".
A principios de marzo, el juez de distrito estadounidense William Alsup ordenó a seis agencias, incluido el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que reincorporaran a unos 17,600 nuevos trabajadores que despidieron siguiendo las directrices de la Oficina de Administración de Personal (OPM).
La administración Trump apeló. Los funcionarios afirmaron que la revisión por parte de la OPM de un memorándum clave, enfatizando que las agencias tienen la autoridad final para contratar y despedir, debería haber cerrado el caso.
"Se aclaró cualquier confusión, y ninguna agencia pudo transferir la responsabilidad a la OPM", declararon los abogados del gobierno en una moción ante la corte de apelaciones. "...Al menos una agencia anuló los despidos, pero la mayoría no lo hizo. Este resultado no sorprende: el presidente ordenó a las agencias optimizar la fuerza laboral federal, y las agencias pueden tomar decisiones de empleo en función de esa decisión política".
La revisión "debería haber sido el final del asunto, no un punto de partida para que la corte de distrito exigiera a las agencias que reincorporaran en masa a los empleados en período de prueba con la novedosa teoría de que las agencias no deben estar ejerciendo ahora juicios de personal independientes", agregaron en otra presentación.
Los demandantes dijeron en una presentación que el gobierno no había presentado evidencia que cumpliera con los requisitos para una suspensión en espera de la apelación.
"Su protesta retroactiva de que restablecer el status quo sería administrativamente oneroso no establece un daño irreparable", escribieron.
El Noveno Circuito ya había denegado una moción de emergencia para suspender el fallo de Alsup. Alba y Silverman escribieron entonces que suspender la orden "alteraría el statu quo y lo trastocaría por completo". La administración Trump solicitó la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero los jueces aún no se han pronunciado.
La jueza del Circuito de EE. UU. Bridget S. Bade, la otra jueza del panel del Noveno Circuito, dijo anteriormente que el gobierno había argumentado de manera convincente que la orden le imponía una carga sustancial.
Bade también expresó su desacuerdo con el nuevo fallo y consideró que es probable que el gobierno tenga éxito en el caso "porque la corte de distrito no tenía jurisdicción para dictar la orden judicial preliminar".
Aunque Alsup concluyó que las organizaciones que demandaron a la OPM, incluido Vote Vets Action Fund, tienen legitimidad porque tuvieron que desviar recursos debido a las acciones de la OPM, Bade dijo que los grupos no han demostrado que la orden de reinstalación probablemente resuelva los daños que supuestamente han sufrido.
La reincorporación de los empleados despedidos no implica que volverán a los mismos puestos y tareas, ni que las agencias prestarán los servicios que desean los demandantes organizacionales. Es igualmente probable que las distintas agencias reasignen a estos empleados a nuevos puestos, les asignen tareas diferentes o prioricen su misión y servicios de una manera que no resulte en un aumento de los servicios para los demandantes organizacionales, o incluso que los despidan legalmente.
El fallo ocurrió varios días después de que Alsup revocara una decisión anterior y estableciera que los sindicatos codemandantes en el caso también pueden demandar a la administración Trump por los despidos masivos. El Noveno Circuito no abordó esta decisión.
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