El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) propuso una nueva norma que le exige a los inmigrantes revelar sus identificadores de redes sociales —o nombres de usuario— para mejorar la selección por razones de seguridad pública y nacional.
El USCIS emitió un aviso de propuesta de reglamentación el 5 de marzo, con el que pretende exigir la recopilación de identificadores de redes sociales y nombres de plataformas de las personas que solicitan la admisión en Estados Unidos, así como de los solicitantes de beneficios de inmigración como tarjetas verdes, asilo y naturalización.
El USCIS, una división del Departamento de Seguridad Nacional, afirma que esta recopilación es necesaria para verificar la identidad y detectar posibles amenazas a la seguridad y afiliaciones extremistas.
La agencia abrió un periodo de comentarios públicos de 60 días para recabar opiniones sobre la propuesta.
La medida está en consonancia con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 20 de enero sobre la mejora de los controles de inmigración.
La orden de Trump pide a las agencias federales que apliquen procedimientos de investigación más estrictos, en particular para los extranjeros procedentes de países considerados riesgos para la seguridad. Exige una base de referencia uniforme para la investigación de antecedentes, un mayor escrutinio a las personas procedentes de países con amenazas de seguridad identificadas y medidas inmediatas para excluir o expulsar a los extranjeros que supongan un riesgo para la seguridad pública. La orden también exige una revisión a los programas de inmigración existentes para garantizar que no comprometen los intereses de seguridad de Estados Unidos.
La apuesta por reforzar la seguridad fronteriza llega tras años de lo que Trump ha descrito como una política de «fronteras abiertas» de su predecesor, el presidente Joe Biden, cuyo mandato registró niveles récord de inmigración ilegal.
En su primer día en el cargo, Trump firmó 10 órdenes ejecutivas sobre seguridad fronteriza y deportación, poniendo fin a las denominadas políticas de «captura y liberación», cerrando la aplicación CBP One y presionando a México para que ponga freno al tráfico de drogas y refuerce la aplicación de la ley de inmigración. También declaró una emergencia fronteriza, aumentó las deportaciones y puso fin a la ciudadanía por nacimiento, aunque esta última medida fue bloqueada por los tribunales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. informó recientemente que los agentes de la Patrulla Fronteriza registraron solo 8326 detenciones en febrero, el total mensual más bajo registrado. Durante la administración Biden, la CBP informó de hasta 300,000 detenciones de personas que cruzaban ilegalmente la frontera en un solo mes.
Febrero fue el primer mes completo de Trump en el cargo, y atribuyó la caída a sus políticas.
«Gracias a las políticas de la Administración Trump, la frontera está cerrada a todos los inmigrantes ilegales», escribió Trump en una publicación en la plataforma de redes sociales Truth Social el 1 de marzo. «Cualquiera que intente entrar ilegalmente en EE. UU. se enfrentará a importantes sanciones penales y a la deportación inmediata».
Biden, el exsecretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de la administración Biden negaron repetidamente las afirmaciones de una política de «fronteras abiertas», diciendo que su enfoque equilibraba la aplicación de la ley con las protecciones humanitarias.
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