El equipo de manejo de medios de comunicación del presidente Donald Trump y Rumble Inc. presentaron el 22 de febrero una moción de emergencia ante un tribunal estadounidense solicitando una orden de restricción temporal contra el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, después de que éste ordenara la suspensión en todo el país del servicio de intercambio de vídeos en Rumble en Brasil.
El 21 de febrero, De Moraes emitió la orden de suspensión, después de que Rumble Inc. y Trump Media & Technology Group (TMTG) presentaran una demanda contra él el 19 de febrero, acusándolo de violar las leyes estadounidenses de libertad de expresión al ordenar el cierre de cuentas pertenecientes a un usuario brasileño residente en Estados Unidos.
TMTG opera la plataforma de redes sociales Truth Social, y Rumble Inc. es propietaria de la plataforma de intercambio de vídeos Rumble. El tribunal alegó que Rumble Inc. había incumplido las órdenes judiciales de nombrar un representante legal en Brasil y de eliminar la cuenta de Rumble de Allan dos Santos.
Santos es partidario del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Se le considera prófugo en Brasil y se le investiga por presunta incitación al odio y difusión de información falsa.
El acceso a Rumble fue bloqueado en Brasil tras la orden del juez. La compañía dijo que la plataforma Truth Social, que utiliza la infraestructura de transmisión de vídeo de Rumble, también se vio afectada por la prohibición.
El 22 de febrero, TMTG y Rumble Inc. presentaron una moción ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida solicitando una «orden de restricción temporal ex-parte» y una orden judicial preliminar para bloquear las órdenes de la justicia. Una orden judicial previa a la comparecencia permitiría emprender acciones legales sin necesidad de que el demandado comparezca ante el tribunal.
Según la moción obtenida por The Epoch Times por correo electrónico, De Moraes emitió una orden exigiendo que «Rumble se sometiera inmediatamente a la autoridad del juez Moraes o sería cerrado e incurriría en fuertes multas» poco después de que se presentara la demanda contra él el 19 de febrero.
De Moraes emitió otra orden el 22 de febrero exigiendo a las empresas de telecomunicaciones locales que cerraran Rumble y le impuso una multa diaria de 8700 dólares a la empresa con sede en Estados Unidos después de que se negara a cumplirla, según la empresa.
La moción también aduce que De Moraes «amenazó personalmente» al director general de Rumble, Chris Pavlovski, con emprender acciones penales después de que éste cuestionara públicamente la legalidad de las órdenes de censura de la justicia y manifestara su negativa a cumplirlas.
Las empresas argumentaron que las exigencias de De Moraes de que Rumble eliminara contenidos protegidos por la legislación estadounidense, entregara datos privados de sus usuarios estadounidenses y bloqueara transacciones financieras dentro de Estados Unidos suponen una violación de la Constitución de ese país.
Afirmaron que la justicia exigía a Rumble que designara un representante legal en Brasil «con el único fin de aceptar la notificación de los mandatos de censura del juez Moraes (y las sanciones correspondientes), y para someterse de otro modo a la autoridad del juez Moraes».
«En ausencia de una intervención judicial inmediata y de medidas cautelares, los demandantes sufrirán más daños irreparables, incluida la pérdida de las libertades de la Primera Enmienda, desafíos operativos adicionales y una erosión permanente de la confianza de los usuarios», afirmaba la moción.
Las empresas argumentaron que «si se permite este tipo de evasión de la ley estadounidense, animará a otros funcionarios extranjeros a imponer sus regímenes de censura a las empresas estadounidenses sin el debido proceso, suprimir el discurso político e interferir en las operaciones comerciales de Estados Unidos sin justificación legal».
The Epoch Times se puso en contacto con la Corte Suprema de Brasil para solicitar comentarios, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
En su sentencia en la que anunciaba la orden de suspensión el 21 de febrero, De Moraes afirmó que Rumble había «incumplido repetida, consciente y voluntariamente, e intenta no someterse al ordenamiento jurídico y al poder judicial de Brasil».
El año pasado, la justicia prohibió en Brasil la plataforma de redes sociales X, propiedad de Elon Musk, por negarse a eliminar determinadas cuentas acusadas de difundir desinformación y por no designar un representante legal en el país. La prohibición se levantó después de que la empresa cumpliera las órdenes y pagara las multas pendientes.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
