El presidente Donald Trump dijo el martes que había llegado a un acuerdo con el bufete de abogados Willkie Farr & Gallagher, entre cuyos socios se encuentra Doug Emhoff, el marido de la exvicepresidenta Kamala Harris.
Según el acuerdo, Willkie Farr proporcionará 100 millones de dólares en servicios jurídicos gratuitos a causas respaldadas tanto por el bufete como por la administración Trump, entre las que se incluyen la asistencia a veteranos y otros funcionarios públicos, la garantía de la equidad en el sistema judicial estadounidense y la lucha contra el antisemitismo.
En una publicación de Truth Social, Trump declaró que el bufete se comprometía a «contratar, ascender y retener a los empleados en función de sus méritos», asegurando que no participará en prácticas basadas en la diversidad, la equidad y la inclusión.
Willkie Farr también afirmó que no discriminará a los candidatos a un puesto de trabajo por sus creencias políticas y que no negará la representación a los clientes por las opiniones políticas personales de sus abogados.
Este es el tercer bufete de abogados que llega a un acuerdo con Trump, quien también ha emitido en las últimas semanas órdenes ejecutivas que suspenden las autorizaciones de seguridad para abogados de otros bufetes importantes, como Jenner & Block y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (Paul Weiss).
El presidente de Willkie Farr, Thomas Cerabino, dijo en una declaración compartida por Trump que el contenido del acuerdo «es coherente con la opinión de nuestro bufete sobre el acceso de los clientes a la representación legal».
«El bufete espera tener una relación constructiva con la Administración Trump y sigue comprometido a atender las necesidades de nuestros clientes, nuestros empleados y las comunidades de las que formamos parte», declaró Cerabino.
La publicación de Trump también incluía una declaración de la Casa Blanca en la que se afirmaba que Willkie Farr se había puesto en contacto «proactivamente» con el presidente para ofrecer «su compromiso decisivo para poner fin a la instrumentalización del sistema judicial y la profesión jurídica».
Además de Emhoff, entre los socios del bufete se encuentra Timothy Heaphy, que fue el abogado investigador jefe del comité de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. El bufete también representó a dos extrabajadores electorales de Georgia en una exitosa demanda por difamación contra el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien acusó falsamente a trabajadores de manipular las elecciones de 2020.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con Willkie Farr y Emhoff para recabar sus comentarios, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.
El 28 de marzo, otro bufete de abogados, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, llegó a un acuerdo con Trump para proporcionar 100 millones de dólares en servicios jurídicos gratuitos «durante la administración Trump y más allá» para causas apoyadas mutuamente.
Paul Weiss también negoció un acuerdo con la Casa Blanca el 20 de marzo para proporcionar 40 millones de dólares en servicios jurídicos gratuitos para causas similares. A cambio, la administración rescindió una orden similar a las dirigidas a Jenner & Block y WilmerHale, que han demandado a la administración alegando que la orden de Trump viola las protecciones de la Constitución para la libertad de expresión y el debido proceso.
Al emitir las órdenes el mes pasado, Trump dijo que las firmas estaban involucradas en actividades que «socavan la justicia y los intereses de Estados Unidos». Acusó a Jenner & Block y WilmerHale de participar en «representaciones partidistas obvias para lograr fines políticos» y de apoyar «la obstrucción de los esfuerzos para evitar que los extranjeros ilegales cometan crímenes horribles y trafiquen drogas mortales dentro de nuestras fronteras».
Ambas firmas estaban vinculadas al exfiscal especial Robert Mueller, que había investigado previamente las acusaciones de cooperación entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y actores rusos. La investigación no encontró finalmente pruebas sobre la presunta conspiración para influir en las elecciones.
Dos jueces federales han concedido parcialmente las solicitudes de los bufetes de abogados para bloquear la entrada en vigor de partes de las directivas de Trump. La solicitud de WilmerHale de bloquear una sección que suspendía las autorizaciones de seguridad de sus abogados fue denegada por un juez.
Con información de Reuters y The Associated Press
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