Las agencias estatales de educación deben ahora certificar que las escuelas bajo su jurisdicción no discriminan a los estudiantes o empleados por motivos de raza u origen nacional para seguir teniendo derecho a recibir financiación federal en el futuro, según dijeron las autoridades el 3 de abril.
El anuncio, publicado por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, se produce tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas públicas.
También cita la decisión de la Corte Suprema de 2023 que determinó que la práctica de la Universidad de Harvard de tener en cuenta la raza de los solicitantes en el proceso de admisión era ilegal e inconstitucional.
Los formularios firmados deben entregarse el 13 de abril. El anuncio decía que los encargados de la educación estatal son responsables de las acciones de cumplimiento de todos los distritos escolares locales.
«La ayuda financiera federal es un privilegio, no un derecho. Cuando los comisionados de educación estatales aceptan fondos federales, aceptan cumplir los requisitos federales contra la discriminación», dijo Craig Trainor, secretario adjunto en funciones de la Oficina de Derechos Civiles, en el anuncio.
«Desafortunadamente, hemos visto demasiadas escuelas burlarse o violar abiertamente estas obligaciones, incluso utilizando programas de diversidad, equidad e inclusión para discriminar a un grupo de estadounidenses a favor de otro grupo basándose en características de identidad, en clara violación del Título VI».
«A ningún estudiante se le deben negar oportunidades ni tratar de manera diferente debido a su raza. Esperamos que todas las agencias educativas estatales y locales estén de acuerdo y certifiquen su cumplimiento a este principio legal y constitucional».
La orden ejecutiva de Trump citaba la DEI en forma de prácticas de contratación, formación y grupos de afinidad para empleados y estudiantes de las escuelas.
También prohíbe planes de estudio como la teoría crítica de la raza y otras formas de instrucción sesgada y adoctrinamiento ideológico centrado en identidades raciales o de género.
La orden y una explicación de las leyes de derechos civiles que la respaldan se enviaron a los líderes de educación primaria, secundaria y superior de todo el país el 14 de febrero.
Ya se han recortado los contratos y subvenciones que financiaban los programas de DEI en las universidades.
El 2 de abril, los demócratas de la Cámara de Representantes se reunieron con la secretaria de Educación, Linda McMahon, para transmitir sus preocupaciones sobre la futura financiación federal a los distritos de bajos ingresos y los programas de educación especial.
Durante la conferencia de prensa que se produjo tras la reunión, los legisladores criticaron la «guerra contra la DEI» de Trump y dijeron que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, creada mucho antes de la actual administración, tenía como objetivo abordar todo tipo de denuncias de acoso y discriminación, y no ser utilizada como una herramienta para eliminar la diversidad y la equidad.
«Los derechos civiles se convierten en el quid de la controversia», dijo el representante Jamie Raskin (D-Md.).
«No queremos que la segunda administración Trump sea el momento en el que todos los progresos que hemos hecho en la historia de Estados Unidos hacia una educación igualitaria y excelente para todos se vayan de repente por el desagüe».
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