Los legisladores de Tennessee aprobaron por unanimidad un proyecto de ley para evitar que el estado facilite los abusos de la sustracción forzada de órganos por parte del Partido Comunista Chino (PCCh) en el poder.
La Ley de Seguridad Genómica y Poner Fin a la Sustración de Órganos de Tennessee, patrocinada por ocho legisladores de la Cámara de Representantes del estado y tres del Senado, fue aprobada en ambas cámaras con votos de 90-0 y 27-0 respectivamente. Ahora se dirige al escritorio del gobernador Bill Lee (republicano).
El proyecto de ley aborda dos cuestiones distintas que han causado preocupación en todo el mundo: el acceso del Estado chino a colecciones masivas de datos genéticos y la atrocidad contra los derechos humanos que supone la sustracción de órganos vitales de presos de conciencia patrocinada por el Estado.
La nueva ley prohibiría a las aseguradoras de salud de Tennessee proporcionar cobertura para trasplantes y cuidados postrasplante para operaciones realizadas en China, o que involucren órganos que provengan de China ya sea por venta o donación. La legislación también autorizaría al comisionado de salud del estado a aplicar la política a otros países que faciliten o patrocinen tales abusos.
La medida también prohíbe a los centros médicos o de investigación utilizar secuenciadores genéticos o software operativo o de investigación, si los dispositivos proceden de una nación adversaria extranjera o de una empresa que pueda estar bajo el control de la nación adversaria. Entre los países afectados se encuentran China continental y Hong Kong, Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia. Los institutos tendrían que retirar y sustituir los dispositivos no conformes en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la ley.
Los legisladores también pretenden restringir el almacenamiento de datos de secuenciación genética a través de la ley, que prohibiría el acceso remoto al almacenamiento de datos que no sea público desde fuera de Estados Unidos sin la autorización por escrito del comisionado de salud del estado.
La medida permite al fiscal general del estado, Jonathan Skrmetti, investigar cualquier posible violación. Las instalaciones se enfrentan a una multa de 10,000 dólares cada vez que utilicen un dispositivo prohibido para analizar datos de secuenciación genética o almacenen a sabiendas datos de secuenciación genética de origen estadounidense en un país extranjero. Un proveedor de seguros médicos que infrinja deliberadamente la ley se enfrenta a multas de 100,000 dólares por cada infracción.
Un paciente podría reclamar al menos 5000 dólares en daños legales a una entidad declarada culpable de violar el proyecto de ley por "cada uso único de la información genómica de la persona".
El senador estatal Adam Lowe dijo en una sesión plenaria el 10 de marzo que le preocupa que el PCCh pueda utilizar el material genético de los estadounidenses para "cualquier cosa, desde una guerra biológica hasta... una transferencia de órganos en el mercado negro".
En los últimos años, los legisladores estadounidenses destacaron la recopilación masiva de datos genéticos por parte de la empresa china BGI (Beijing Genomics Institute Group), vinculada al ejército, y afirmaron que tales actividades suponen un riesgo para la seguridad. Estados Unidos ha incluido a las unidades de BGI en listas negras comerciales, alegando que su tecnología ha ayudado a reprimir a las minorías en China.
El proyecto de ley fue aprobado por el Senado de Tennessee el 17 de marzo.
Días antes, varios miembros del Congreso de EE. UU. dieron a conocer la Ley de bloqueo de las compras de trasplantes de órganos procedentes de China. El proyecto de ley, patrocinado por los representantes Neal Dunn (R-Fla.), Gus Bilirakis (R-Fla.) y el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh, John Moolenaar (R-Mich.), pondría fin al reembolso federal de las cirugías de trasplante y los servicios médicos relacionados que utilizan un órgano procedente de fuentes potencialmente ilícitas.
Dunn dijo que Estados Unidos "debe hacer todo lo que esté en su mano" para asegurarse de que no está participando en la violación de los derechos humanos, y describió la legislación como un paso importante hacia la rendición de cuentas.
A principios de este mes, los legisladores volvieron a presentar la Ley de Protección de Falun Gong para imponer sanciones al régimen chino por sus atrocidades de sustracción forzada de órganos, cuyo principal objetivo son los practicantes del grupo religioso perseguido Falun Gong, una práctica de autocultivación basada en los principios morales de verdad, benevolencia y tolerancia.
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