La batalla nacional por el aborto se está trasladando a un nuevo frente y es uno que se extiende a través de las fronteras estatales.
Un proveedor de servicios de aborto por telemedicina en Nueva York puso en el punto de mira la ley estatal de protección del aborto, preparando el escenario para un enfrentamiento sin precedentes entre estados sobre uno de los temas más divisivos de la nación.
La Dra. Maggie Carpenter, de New Paltz, Nueva York, fue multada en Texas y acusada en Luisiana por proporcionar píldoras abortivas a pacientes en los dos estados, donde el procedimiento está prácticamente prohibido.
El juez Bryan Gantt, del condado de Collin, Texas, ordenó a Carpenter pagar 100 mil dólares en multas, más los honorarios de los abogados, por recetar píldoras abortivas a una mujer cerca de Dallas, violando la ley de Texas. También prohibió al médico recetar medicamentos abortivos a futuras pacientes de Texas.
La sentencia del 13 de febrero se dictó solo dos días después de que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, firmara una orden de arresto y extradición de Carpenter a su estado para ser juzgada por presuntamente recetar píldoras abortivas a una menor embarazada.
Landry dijo en un mensaje de video que la menor en cuestión estaba "emocionada por tener un bebé" y estaba planeando una fiesta para revelar el sexo.
"Su madre conspiró con un médico de Nueva York para que le enviaran la píldora abortiva por correo y luego obligó a esa menor a tomarla", dijo el gobernador.
Landry sostuvo que Carpenter debe ser extraditada a Luisiana para enfrentarse a la justicia junto con la madre de la niña, pero la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó a las fuerzas del orden de su estado que no ejecutaran la extradición. Dijo que Nueva York promulgó sus diversas leyes de protección teniendo en cuenta situaciones como la de Carpenter.
"Los médicos hacen un juramento para proteger a sus pacientes. Yo hice un juramento para proteger a todos los neoyorquinos. Así que permítanme ser clara: no firmaré la orden de extradición de Luisiana, ni ahora ni nunca" escribió Hochul en la plataforma de redes sociales X.
El primer punto muerto de este tipo plantea nuevas cuestiones jurídicas, desde cómo los estados pueden hacer cumplir sus leyes sobre el aborto contra los infractores de otros estados, hasta las ramificaciones más amplias de las leyes de protección en las relaciones interestatales.
Un campo de batalla emergente
La ley de Nueva York prohíbe la extradición de los proveedores de servicios de aborto que hayan realizado un aborto o proporcionado a una paciente medicamentos para abortar mientras el proveedor se encontraba físicamente en Nueva York.En otras palabras, el estado dio permiso a los proveedores de servicios de aborto por telesalud dentro del estado, para recetar píldoras abortivas a pacientes en estados donde el procedimiento está restringido o prohibido sin temor a represalias en casa.
Carpenter, médico de familia, es también cofundadora de la Coalición del Aborto para la Telemedicina (ACT), un grupo de defensa que trabajó para aprobar la ley de protección de Nueva York y pidió leyes similares en todo el país.
Una activista proaborto muestra un frasco de pastillas abortivas en una contraprotesta a una manifestación provida en la ciudad de Nueva York el 25 de marzo de 2023. (Kena Betancur/AFP vía Getty Images)En respuesta a la orden de extradición de Landry, la ACT señaló en un comunicado que los intentos de los funcionarios de Luisiana de restringir el aborto en su estado "son incompatibles" con la ley de Nueva York.
"La ACT apoyó y sigue apoyando a Nueva York y a otras leyes de protección en todo el país que permiten la distribución de servicios de aborto seguros y eficaces a través de la telemedicina", añadió el grupo.
Obtener una receta para las píldoras abortivas a través de la telemedicina es un concepto relativamente nuevo. Antes de la pandemia de COVID-19, las regulaciones federales exigían que las pacientes acudieran en persona a un proveedor de servicios de aborto para obtener los dos medicamentos del régimen de aborto con medicamentos, la mifepristona y el misoprostol. En 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) revisó esta norma para permitir el envío de píldoras abortivas por correo.
Erik Baptist, asesor principal y director del Centro para la Vida de Alliance Defending Freedom, dijo que el aumento de las leyes de protección del aborto y sus complicaciones legales asociadas era "la consecuencia lógica e inevitable" de esa decisión.
"Ahora, tenemos un estado como Nueva York que autoriza a sus médicos y prescriptores a suministrar medicamentos para abortar fuera de sus fronteras y... a sabiendas, en estados que tienen leyes y protecciones provida, como Texas, violando sus leyes", declaró Baptist a The Epoch Times.
El aborto es ilegal en todas las etapas del embarazo en Luisiana, excepto cuando el procedimiento se realiza para salvar la vida de la madre. Las sanciones por violar la ley varían desde 5000 a 50,000 dólares de multa y de uno a cinco años de prisión.
Texas también prohibió el aborto de manera similar en todos los casos, salvo aquellos que suponen una amenaza grave para la vida o la salud de la madre. Sin embargo, el estado de la estrella solitaria no presentó cargos penales contra Carpenter, optando en su lugar por demandarla.
Sin embargo, ambos casos plantean las mismas preguntas: ¿Qué ley estatal reina de forma suprema y cómo se puede hacer cumplir?
"¿Pagará ese proveedor esas multas? O cuando intenten notificar y obtener esas multas fuera del estado, como en el estado de Nueva York, ¿qué hará ese proveedor y cómo se defenderá? ¿Se esconderá detrás de la ley escudo de Nueva York?", preguntó Baptist.
La gente hace fila para ingresar al edificio federal y juzgado J. Marvin Jones en Amarillo, Texas, el 15 de marzo de 2023. Los partidarios de la vida esperan una prohibición nacional de una píldora abortiva ampliamente utilizada cuando su demanda contra los reguladores de medicamentos del gobierno se presente en la corte de Texas. (Moisés Avila/AFP vía Getty Images)
Cuestiones constitucionales
Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, dijo que las respuestas a tales preguntas pueden no ser blancas o negras, particularmente en el caso de Luisiana, que involucra extradición. "Tradicionalmente hay más áreas grises en lo que respecta a la extradición", dijo Ziegler a The Epoch Times.De acuerdo con la Cláusula de Extradición Interestatal de la Constitución de los Estados Unidos: "Una persona acusada en cualquier estado de traición, delito grave u otro crimen, que huya de la justicia y sea encontrada en otro estado, será entregada, a petición de la autoridad ejecutiva del estado del que huyó, para ser trasladada al estado que tenga jurisdicción sobre el crimen".
Ziegler señaló que, a primera vista, la ley parece aplicarse a quienes cometen un delito en un estado y luego huyen a otro para evitar ser procesados.
"Lo complicado para Luisiana en esta situación es que la doctora nunca puso un pie en Luisiana, ¿verdad? Ella envió las pastillas por correo desde Nueva York, así que esta no es una situación clásica de fugitivo", dijo.
Luisiana podría argumentar que la situación requiere una interpretación actualizada de la cláusula, "pero estarían argumentando a favor de un cambio, creo, no del statu quo", dijo Ziegler.
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, aún no presenta una demanda federal contra Nueva York, aunque su secretario de prensa, Lester Duhé, insinuó que podría estar en proceso.
"¡Estén atentos!", dijo Duhé a The Epoch Times en un correo electrónico.
Otra sección relevante de la Constitución es la Cláusula de Plena Fe y Crédito, que dicta que los estados deben dar "plena fe y crédito" a los "actos públicos, registros y procedimientos judiciales" de todos los demás estados.
Ziegler dijo que la disposición, que tradicionalmente se aplica a asuntos civiles, podría entrar en juego si Carpenter decide apelar el fallo de Texas.
"Ahí tienes una sentencia definitiva que una corte de Texas dictó contra el médico y la cuestión será si Texas puede obligar a una corte de Nueva York a acatar esa sentencia. Y eso dependerá del significado de la cláusula de fe y crédito plenos" dijo.
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, sostiene una miniexposición que muestra los Diez Mandamientos durante una conferencia de prensa en Baton Rouge, Luisiana, el 5 de agosto de 2024. (Hilary Scheinuk/The Advocate vía AP, Archivo)Ziegler añadió que espera que se produzcan más litigios, no solo en el caso de Carpenter, sino en otros, a medida que surjan situaciones similares.
"Esto solo será la punta del iceberg", dijo.
Implicaciones futuras
Otros veintiún estados y el Distrito de Columbia cuentan con leyes de protección del aborto para proteger a los residentes de investigaciones y enjuiciamientos fuera del estado, aunque la ley de Nueva York es la primera que se pone a prueba.Sean cuales sean los fallos finales, estos casos sin precedentes podrían tener implicaciones más amplias no solo para el debate nacional sobre el aborto, sino también para las relaciones interestatales.
"Esta es una de las primeras veces que vemos a un grupo de estados decir activamente: 'No solo no creo que Texas y otros estados provida puedan tener las leyes que quieren tener, sino que voy a impedir activamente que hagan cumplir sus leyes'", dijo Katie Glenn Daniel, directora de asuntos legales y asesora política de Susan B. Anthony Pro-Life America.
Aunque la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Dobbs de 2022, devolvió el asunto del aborto a los estados para que legislaran, Daniel dijo que las leyes de protección podrían devolver el asunto al ámbito federal.
"Cuando los estados demócratas favorables al aborto empezaron a aprobar estas llamadas leyes escudo, rechazaron la idea de un enfoque federalista exclusivo de los estados porque dijeron: 'Permitiremos que la gente se siente en nuestros estados y viole las leyes de Texas, Florida y Luisiana'" dijo.
El presidente Donald Trump dijo que cree que el aborto debe seguir siendo una cuestión de derechos de los estados. Esa posición podría significar que el Departamento de Justicia se mantenga al margen de la contienda. Pero Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, dijo que es solo cuestión de tiempo que el gobierno federal se vea obligado a tomar partido.
Las líderes pro vida Kristan Hawkins (centro) y Penny Nance (derecha) celebran la revocación del fallo Roe v. Wade en Washington el 24 de junio de 2022. (Cortesía de Students for Life of America)"Habrá una crisis constitucional... sobre esto en algún momento" dijo Hawkins a The Epoch Times.
Señaló que la Ley Comstock prohíbe el envío por correo de píldoras abortivas a cualquier lugar del país, no solo a través de las fronteras estatales. La ley de obscenidad de 1873 prohíbe el envío por correo de materiales "obscenos, lascivos, indecentes, inmundos o viles", incluyendo cualquier sustancia, droga o dispositivo destinado a producir o procurar un aborto.
Bajo la administración Biden, el Departamento de Justicia interpretó la Ley Comstock para excluir el envío por correo de medicamentos abortivos cuando el remitente "carece de la intención" de que se utilicen ilegalmente. Hawkins dijo que esa interpretación suponía una clara violación de la ley, una postura que los jueces de la Corte Suprema Samuel Alito y Clarence Thomas insinuaron el año pasado que podrían aceptar.
En cuanto a las leyes de protección, Hawkins describió la falta de cooperación interestatal en la aplicación de la ley sobre el aborto como "un problema enorme, enorme".
"Los estados siguen las leyes de otros estados todo el tiempo cuando se trata de custodia de menores, negocios, banca" señaló. "No se puede elegir las leyes que te gustan o no te gustan en el estado".
Baptist, por su parte, dijo que es probable que esas leyes dañen los lazos que unen a la nación.
Los estados son "las incubadoras de la democracia, donde se supone que deben tener un mosaico de leyes, en muchos sentidos, para satisfacer la voluntad de su pueblo a través de sus representantes electos" dijo.
"Al socavar a los estados vecinos o de todo el país, se está derrotando la forma en que nuestro país se ha configurado históricamente".
Baptist dijo que cree que el mejor camino a seguir sería que el gobierno federal revocara su decisión de permitir la entrega de la píldora abortiva por correo. Sin embargo, en última instancia, cree que al menos uno de los casos de Carpenter acabará ante la Corte Suprema del país.
"Pero nunca se puede predecir cómo va a fallar la Corte Suprema de los Estados Unidos".
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