El 1 de marzo, el presidente Donald Trump emitió dos órdenes ejecutivas destinadas a aumentar la producción nacional de madera y leña, lo que le valió elogios y críticas.
La primera orden ejecutiva ordenaba a «todos los organismos afectados» que suspendieran las regulaciones «que imponen una carga indebida a la producción de madera». La segunda ordenaba al secretario de Comercio que estudiara las implicaciones para la seguridad nacional de las importaciones de madera.
Respondiendo principalmente a la primera orden, Blaine Miller-McFeeley de Earthjustice, una organización sin ánimo de lucro de derecho ambiental, dijo el 1 de marzo que la administración está iniciando «una motosierra libre para todos en nuestros bosques federales».
«Los estadounidenses atesoran nuestros bosques por todos los beneficios que proporcionan, como la recreación, el aire limpio y el agua potable», dijo Miller-McFeeley en un comunicado en el sitio web del grupo. «Pero esta orden ignora estos valores y abre la puerta a que las tierras vírgenes sean saqueadas, solo por el beneficio corporativo. A largo plazo, esto empeorará los efectos del cambio climático, al tiempo que destruirá el hábitat crítico de la vida silvestre».
Miller-McFeeley dijo que la orden «busca debilitar la Ley de Especies en Peligro de Extinción... la mejor herramienta disponible para garantizar la supervivencia de las especies amenazadas y abordar la crisis de la biodiversidad».
El presidente del Consejo de Recursos Forestales de Estados Unidos (AFRC), Travis Joseph, elogió las órdenes ejecutivas.
«Estas son directivas de sentido común que los estadounidenses apoyan y quieren de su gobierno federal, que posee alrededor del 30 por ciento de los bosques de nuestra nación», dijo Joseph el 3 de marzo en el sitio web de la AFRC.
Según su sitio web, la AFRC es una asociación comercial regional que aboga por la tala sostenida de madera en tierras públicas de todo el oeste para mejorar la salud de los bosques y su resistencia a los incendios, los insectos y las enfermedades.
«Nuestros bosques federales han sido mal gestionados durante décadas», dijo Joseph. «Los estadounidenses han pagado el precio en casi todos los sentidos. Pérdida de puestos de trabajo, de fabricación y de infraestructuras. Pérdida de oportunidades recreativas como la caza y la pesca, y del acceso a nuestras tierras. Degradación de las poblaciones de fauna silvestre, del agua y del aire. Paisajes y comunidades devastados por los incendios forestales.
«Nuestros bosques federales se enfrentan a una emergencia. Es hora de empezar a tratarla como tal tomando medidas inmediatas», dijo Joseph.
Preocupaciones de seguridad nacional
Trump dijo en su orden de desregulación de la industria maderera que impulsar la producción de madera «protegería nuestra seguridad nacional y económica».La abundancia de madera estadounidense es «más que adecuada» para satisfacer las necesidades de la nación, dijo.
Trump dijo que las «políticas federales de mano dura» impiden la plena utilización de los recursos madereros de Estados Unidos y nos hacen «dependientes de los productores extranjeros».
«Es vital que revirtamos estas políticas», dijo el presidente.
El secretario del Interior, Doug Burgum, toma asiento antes de un anuncio de política hídrica en la Agencia de Protección Ambiental, en Washington, el 18 de febrero de 2025. (Kayla Bartkowski/Getty Images)En su orden sobre las implicaciones para la seguridad nacional, Trump dijo que el país «se enfrenta a importantes vulnerabilidades en la cadena de suministro de madera debido a la importación de madera, leña y sus productos derivados que se vierten en el mercado [nacional]».
«La industria de productos de madera, compuesta por madera, madera aserrada y sus productos derivados (como productos de papel, muebles y ebanistería) es una industria manufacturera crítica esencial para la seguridad nacional, la fortaleza económica y la resiliencia industrial de Estados Unidos», se lee en la orden. «Esta industria desempeña un papel vital en industrias civiles clave subsecuentes, incluida la construcción».
Según la orden, cada año, el ejército de Estados Unidos gasta más de 10,000 millones de dólares en construcción. «La adquisición de estos materiales de construcción depende de una industria maderera nacional fuerte y de una base de fabricación capaz de satisfacer tanto las necesidades militares específicas como las necesidades civiles más amplias».
Trump ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, que determinara los efectos sobre la seguridad nacional de las importaciones de madera, madera aserrada y sus productos derivados. Lutnick también tiene la tarea de determinar la capacidad de la producción nacional para satisfacer la demanda.
Lutnick también debe determinar el efecto de los exportadores extranjeros en el mercado de madera y madera aserrada de EE. UU., y el impacto de los subsidios gubernamentales extranjeros y las prácticas comerciales predatorias en las empresas estadounidenses.
El jefe de comercio también debe evaluar las políticas comerciales para ver si las cuotas y los aranceles pueden ser necesarios para proteger la seguridad nacional, y consultar con el secretario de defensa para evaluar los riesgos asociados con las importaciones de madera y madera aserrada.
El presidente Donald Trump habla durante la ceremonia de juramento del secretario de Comercio, Howard Lutnick, en el Despacho Oval el 21 de febrero de 2025. (Jim Watson/AFP vía Getty Images)
Acciones inmediatas
La primera orden de Trump pide a las agencias que eliminen «todos los retrasos indebidos en sus respectivos procesos de permisos relacionados con la producción de madera».Trump ordenó al secretario del Interior, Doug Burgum, y al director de la Oficina de Administración de Tierras, así como a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y al jefe del Servicio Forestal de EE. UU., que emitieran directrices en un plazo de 30 días sobre cómo aumentar la producción de madera, reducir el tiempo de entrega, disminuir la incertidumbre del suministro y promover una gestión forestal sólida.
En un plazo de 60 días, se ha ordenado a Burgum y al director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., junto con Lutnick y el administrador adjunto de pesca, que completen un plan para acelerar la aprobación de los proyectos afectados por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
Burgum, como presidente del Comité de Especies en Peligro, tiene el mandato de garantizar una revisión rápida a todas las presentaciones al comité y de resolver las solicitudes de exención antes de los plazos establecidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
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