Una importante organización no gubernamental católica presentó una demanda contra la administración Trump por la paralización de la financiación de los programas de reasentamiento de refugiados.
En una demanda presentada el 18 de febrero en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) indicó que 6700 refugiados admitidos fueron asignados a un programa de reasentamiento cuando la administración Trump terminó su financiación en enero, y que esta medida podría poner en peligro dichos esfuerzos. El grupo de obispos también señaló que la pausa en la financiación implica que ahora debe asumir millones en costos incurridos, lo que viola las leyes federales.
"Como resultado directo de la suspensión, la USCCB tiene millones de dólares pendientes de reembolso por servicios ya prestados a los refugiados y está acumulando millones más cada semana, sin ninguna indicación de que vayan a efectuarse reembolsos en el futuro o de que el programa vaya a reanudarse", afirmaba la demanda, añadiendo que "ya se ha visto obligada a despedir a cincuenta empleados".
La demanda menciona tanto al Secretario de Estado, Marco Rubio, como al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.
Si la financiación continúa suspendida sin intervención judicial, la USCCB "se enfrenta a daños irreparables en sus programas de reasentamiento de refugiados de larga trayectoria y en su reputación y relación con sus subreceptores y las poblaciones de refugiados a las que sirve", señalaba su demanda.
La Conferencia es una de las 10 agencias nacionales, la mayoría religiosas, que se ocupan de los refugiados y que se vieron en apuros desde que el 24 de enero recibieron una carta del Departamento de Estado informándoles de la suspensión inmediata de la financiación, mientras se realiza una evaluación de los programas de ayuda exterior.
La demanda argumentaba además que el programa de reasentamiento no es ayuda exterior, sino un programa nacional para ayudar a los refugiados recién llegados a cubrir sus necesidades iniciales, como la vivienda y la inserción laboral.
"La USCCB gasta más en el reasentamiento de refugiados cada año de lo que recibe en fondos del gobierno federal, pero no puede mantener sus programas sin los millones en fondos federales que proporcionan la base de esta asociación público-privada", establecía su demanda.
Aunque la administración Trump no respondió a la demanda en la corte, el vicepresidente JD Vance criticó al grupo de obispos católicos en una entrevista en Fox News a principios de febrero, señalando que este y otros grupos relacionados estaban involucrados en facilitar la inmigración ilegal en Estados Unidos.
"Amas a tu familia, después a tu prójimo, luego a tu comunidad y a tus conciudadanos en tu propio país", dijo Vance, católico, a Fox News. "Después de eso, puedes centrarte y dar prioridad al resto del mundo".
Vance, quien se describió como un católico devoto en la entrevista, expresó su decepción con los obispos porque "no habían sido un buen socio en la aplicación de una inmigración con sentido común" y recibieron 100 millones de dólares "para ayudar a reasentar a inmigrantes ilegales".
Mientras tanto, varios funcionarios de la administración Trump, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicaron que pretenden cancelar la financiación a organizaciones no gubernamentales (ONG) por lo que consideran esfuerzos para ayudar a inmigrantes ilegales a entrar en Estados Unidos.
Según el sitio web del grupo, la USCCB es una de las 10 ONG de Estados Unidos que participan en las labores de reasentamiento de refugiados.
The Epoch Times contactó al Departamento de Estado para solicitar comentarios.
Con información The Associated Press.
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