El Gobierno de Nicaragua canceló este viernes la personería jurídica a otras diez asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, incluida la Fundación Suiza para la Cooperación al Desarrollo, con lo que suman más de 5660 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral unas cinco ONG, entre ellas la Fundación Suiza para la Cooperación al Desarrollo, por incumplimientos a las leyes que los regulan, y las otras cinco porque solicitaron su disolución voluntaria.
Según el Ministerio del Interior, la Fundación Suiza para la Cooperación al Desarrollo, que estaba inscrita desde el 9 de marzo de 2002, cayó en incumplimiento porque no reportaron su estado financiero en el período 2024 y tenían su junta directiva vencida.
Entre las diez ONG canceladas se encuentra también la Asociación Instituto Nacional para la Promoción y Defensa de los Derechos del Consumidor, la Asociación Cristiana Monte de la Unción Santa, la Asociación Iglesia Ministerio Misionero Evangelístico Santidad a Jehová "Pentecostal", y la Asociación para el Fomento de la Educación Nicaragua.
También las que solicitaron su disolución voluntaria, como la Fundación Causa de Esperanza, la Asociación Nicaragüense de Acuicultores, la Asociación de Iglesias Camino de Santidad de Nicaragua, la Asociación Ministerio Evangelístico Querubines del Rey, y Lifelink International.
Con el cierre de estas diez ONG suman más de 5660 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente, Daniel Ortega, fue reelegido para un quinto mandato —cuarto consecutivo—, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas.
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