El 19 de marzo, la Casa Blanca instó a la Corte Suprema de Estados Unidos a tomar medidas con respecto a los jueces que han estado bloqueando las acciones del presidente Donald Trump y su administración.
«Corresponde a la Corte Suprema frenar a estos jueces activistas», le dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas en una rueda de prensa en Washington. «Al hacerlo, estos activistas partidistas están socavando el poder judicial».
Leavitt señaló al juez de distrito de EE. UU. James Boasberg, quien recientemente impidió que el presidente deportara a los no ciudadanos que supuestamente forman parte de la banda el Tren de Aragua.
Trump ha criticado repetidamente a los jueces que han dictado medidas cautelares y órdenes de alejamiento contra su agenda. Esta semana, acusó a Boasberg de querer «asumir el papel de presidente» y dijo que Boasberg y otros jueces deberían ser destituidos.
Esto pareció provocar una respuesta del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien dijo en una inusual declaración que «la destitución no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial».
Los litigantes deberían utilizar el proceso de apelación, o apelar las decisiones y esperar a que las cortes superiores actúen, dijo Roberts.
«El presidente ha dejado claro que cree que este juez debería ser destituido en este caso y también ha dejado claro que tiene un gran respeto por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts», le dijo Leavitt a los periodistas el miércoles.
Los jueces de los casos están «actuando como activistas partidistas desde el estrado», dijo. «Están tratando de dictar la política del presidente de Estados Unidos. Están tratando de retrasar claramente la agenda de esta administración, y eso es inaceptable».
La Corte Suprema no respondió a una solicitud de comentarios.
Boasberg ordenó el fin de semana a la administración Trump que no deportara a ningún presunto miembro de la banda el Tren de Aragua, a menos que estuvieran sujetos a expulsión.
Un avión que transportaba inmigrantes ilegales despegó después de la orden, dijeron más tarde funcionarios estadounidenses, pero esas personas habían pasado por la corte de inmigración y los jueces habían ordenado su expulsión.
Otros dos aviones ya habían salido del espacio aéreo estadounidense antes de que se dictara la orden, le dijo a Boasberg Robert Cerna, funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
La administración Trump sostiene que cumplió la orden. Los abogados del caso que representan a algunos ciudadanos venezolanos dicen que no lo hicieron.
Boasberg programó una audiencia para el viernes para profundizar en el asunto.
Otras sentencias recientes contra el gobierno incluyen órdenes de reincorporar a casi 25,000 trabajadores, una orden que bloquea el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y una orden que suspende la directiva de Trump de expulsar a los miembros del servicio que se identifican como transgénero.
La administración Trump ha apelado las sentencias.
«El abogado de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia están trabajando en esto. Están apelando estos casos y seguiremos utilizando todo el peso de la oficina del abogado de la Casa Blanca y el equipo de abogados del presidente para luchar contra esto en las cortes porque sabemos que ganaremos incluso si tenemos que llegar hasta la Corte Suprema», dijo Leavitt.
En una presentación ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia solicitó a la corte que reasignara el caso de deportación a otro juez, alegando que Boasberg ha empleado «procedimientos inusuales e indebidos».
Está previsto que la corte celebre los argumentos orales de la apelación el lunes.
Varios jueces de la Corte Suprema han dicho en los últimos años que el alto tribunal podría tener que abordar la creciente prevalencia de los mandatos judiciales a nivel nacional, o amplios bloques de políticas impuestas por los jueces de distrito de EE. UU.
«Parecen ser incompatibles con los límites de larga data sobre la reparación equitativa y el poder de las cortes del Artículo III. Si su popularidad continúa, esta corte debe abordar su legalidad», escribió el juez Clarence Thomas en una opinión en 2018, coincidiendo con un fallo en el que la Corte Suprema confirmó la prohibición que emitió la primera administración Trump para viajes desde algunos países a EE. UU. después de que las cortes inferiores dictaran medidas cautelares contra las restricciones.
Algunos legisladores republicanos han presentado artículos de destitución contra al menos cinco jueces que han fallado en contra del gobierno, incluido Boasberg. Ninguno ha sido aprobado aún por la Cámara de Representantes de EE. UU.
Los jueces federales ejercen su cargo hasta que se jubilan, fallecen o son destituidos. La Cámara presenta artículos de destitución, que son aprobados por mayoría simple de los presentes en el momento de la votación.
El Senado de EE. UU. decide entonces si acepta la destitución. La condena requiere una mayoría de dos tercios de los senadores que votan.
Los republicanos controlan ambas cámaras, pero solo tienen 53 senadores en el Senado, que es un órgano de 100 integrantes.
«El pueblo estadounidense votó por el programa del presidente Trump. No por el del juez James Boasberg», dijo en la plataforma de redes sociales X el representante Abe Hamadeh (R-Ariz.), copatrocinador de los artículos contra Boasberg. «Debemos responsabilizar a estos jueces activistas por su extralimitación ejecutiva».
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