El 16 de abril, un juez federal se negó a desestimar una demanda presentada por sindicatos que pretenden impedir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) acceda a los sistemas de datos del Departamento de Trabajo.
Dirigido por el multimillonario tecnológico y asesor presidencial Elon Musk, el DOGE fue creado por el presidente Donald Trump mediante un decreto ejecutivo con el objetivo de identificar y erradicar el despilfarro, el fraude y los abusos en el Gobierno federal para reducir el gasto público y la deuda gubernamental.
En un fallo de 46 páginas, el juez John Bates, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, afirmó que algunas de las reclamaciones presentadas por un grupo de sindicatos que demandaron al departamento podían seguir adelante, incluida la alegación de que el DOGE carece de autoridad legal para acceder a los sistemas y que, al hacerlo, viola la Ley Federal de Privacidad.
Bates también desestimó algunas de las otras reclamaciones presentadas por los sindicatos, incluida que dice que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) violó las leyes de privacidad de la atención médica al permitir que el DOGE accediera a sus sistemas.
El fallo se produce después de que la AFL-CIO y una coalición de sindicatos que representan a los trabajadores del gobierno federal y del sector público demandaran en febrero al Departamento de Trabajo, al HHS, al DOGE y a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
La demanda pretende impedir que el DOGE acceda a los sistemas del Departamento de Trabajo, que contienen datos financieros y médicos de millones de estadounidenses.
Argumentó que DOGE está violando múltiples leyes al acceder a los datos, incluida la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Privacidad, que prohíben a una agencia revelar registros sobre una persona a otra agencia a menos que la persona haya dado primero su permiso por escrito.
«Sin la intervención de esta corte, DOGE tendrá acceso a datos altamente sensibles, entre los que se incluyen, entre muchos otros, información médica y sobre prestaciones de todos los trabajadores federales con indemnizaciones por accidentes laborales o reclamaciones por neumoconiosis, la identidad de los trabajadores vulnerables que han solicitado la protección del Departamento a través de denuncias sobre salarios y horarios o sobre seguridad en el trabajo, y registros de investigaciones y litigios de la Oficina de Estadísticas Laborales, cruciales para comprender con precisión el estado de nuestra economía», afirma la demanda.
La demanda argumentó, además, que DOGE tendría acceso a registros relacionados con investigaciones sobre los negocios de Musk, como Tesla y SpaceX, así como a registros que contienen secretos comerciales sensibles de sus competidores.
«Ningún otro empresario del planeta tiene acceso a este tipo de información sobre sus competidores», afirma la demanda.
Musk dijo en febrero que se recusaría de cualquier asunto en el que surgiera un conflicto de intereses.
En su fallo, Bates escribió que el Congreso promulgó la Ley de Privacidad para proteger a las personas identificadas en los sistemas federales, de modo que pudieran confiar en que solo aquellas personas con una necesidad válida de acceder a su información pudieran hacerlo.
«Como resultado, una intrusión en ese ámbito —incluso si este abarca literalmente solo una fila de millones en un conjunto de datos— equivale a un daño similar a la intrusión en otros ámbitos privados, como el hogar», escribió Bates.
El juez reconoció que es probable que el caso sufra muchos «giros y vueltas» antes de que se resuelva.
«Se trata de un caso dinámico, sustentado por una serie de hechos que evolucionan ante los ojos de la corte», escribió. «Pero, independientemente de cómo se desarrolle el caso, la denuncia sigue siendo la misma».
Democracy Forward, que presentó la demanda en nombre de las organizaciones sindicales, acogió con satisfacción la sentencia.
«Nos complace que las organizaciones sindicales y económicas que defienden los derechos de las personas y el estado de derecho puedan tener su oportunidad en los tribunales a medida que avanza este caso», dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el DOGE y la Casa Blanca para recabar sus comentarios.
Con información de The Associated Press.
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