La Administración de la Seguridad Social (SSA) expresó su «pleno apoyo» a un reciente memorándum emitido por el presidente Donald Trump que exige a la agencia tomar una serie de medidas para impedir que los inmigrantes ilegales obtengan prestaciones del gobierno, según un comunicado de 16 de abril.
«Este memorándum refuerza el compromiso de la SSA de salvaguardar el dinero de los contribuyentes y garantizar la integridad de los programas que administra», afirmó la agencia. El memorándum exige a la SSA que amplíe su programa de fiscales contra el fraude a al menos 50 fiscalías federales.
La Oficina del Inspector General (OIG) de la SSA se encarga de investigar las denuncias de fraude relacionadas con la Seguridad Social. Para enjuiciar los delitos federales, la OIG colabora con los fiscales federales del Departamento de Justicia, así como con otras autoridades fiscales locales y estatales.
Además de ampliar el programa de fiscales contra el fraude, el memorándum ordena a la SSA que establezca programas de enjuiciamiento por fraude a Medicaid en 15 oficinas de fiscales federales.
Se ha pedido a la SSA que considere restablecer el uso de sanciones pecuniarias civiles contra las personas que participen en fraudes a la Seguridad Social, lo que, según el memorándum, es «una iniciativa que ha estado paralizada durante varios años».
La SSA también debe investigar los informes de ingresos de personas de 100 años o más cuyos registros no coinciden. El mes pasado, la agencia dijo que estaba identificando y corrigiendo los registros de los beneficiarios después de que se revelara que millones de personas mayores de 120 años figuraban en las bases de datos del gobierno como elegibles para la Seguridad Social.
«La Administración de la Seguridad Social se dedica a proteger las prestaciones vitales que los trabajadores estadounidenses han ganado para sí mismos y sus familias», afirmó el comisionado en funciones, Leland Dudek.
«Nos comprometemos a trabajar con diligencia para aplicar el memorándum del presidente y garantizar que las prestaciones se paguen únicamente a quienes deben recibirlas».
La Casa Blanca anunció recientemente que más de 6300 inmigrantes ilegales que recibían Seguridad Social y otras prestaciones federales fueron despojados de estos pagos.
Según la Casa Blanca, a estas personas se les permitió entrar en Estados Unidos a pesar de estar señaladas como un riesgo para la seguridad nacional, tener antecedentes penales o figurar en la base de datos de control de terroristas del FBI.
También se les concedió la libertad condicional en el país, lo que les protegía de la deportación. La libertad condicional por motivos de inmigración permite a una persona vivir temporalmente y, en algunos casos, trabajar en Estados Unidos.
La libertad condicional de las 6300 personas finalizó el 8 de abril. La SSA reclasificó sus números de Seguridad Social en un archivo maestro de personas no elegibles para garantizar que nunca puedan volver a recibir otra prestación federal.
«Solo para contribuyentes elegibles»
El memorándum de Trump del 15 de abril está dirigido al comisionado de la Seguridad Social, al inspector general de la Administración de la Seguridad Social, al fiscal general y a los secretarios de Trabajo, Salud y Servicios Humanos y Seguridad Nacional.«Estas prestaciones financiadas por los contribuyentes deben ser solo para los contribuyentes elegibles», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que ordenaba a todas las agencias identificar los programas financiados con fondos federales que ofrecen asistencia financiera a los inmigrantes ilegales y tomar medidas correctivas para garantizar que los fondos «no se utilicen para apoyar políticas de saneamiento ni para ayudar a la inmigración ilegal».
La represión de la inmigración ilegal ha dado lugar a una caída masiva de los encuentros fronterizos.
A nivel nacional, la patrulla fronteriza registró una caída diaria de las detenciones de inmigrantes ilegales hasta un nuevo mínimo de 264 al día en marzo.
Esta cifra es inferior a las 330 detenciones diarias registradas en febrero, que fue el «promedio nacional más bajo de detenciones» en la historia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en ese momento, según la agencia.
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