El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y Elon Musk deben entregar los registros a los fiscales generales que los demandaron, además de responder a las preguntas escritas, dictaminó una jueza federal el 12 de marzo.
El gobierno de EE. UU. debe entregar al fiscal general de Nuevo México y a otros 12 fiscales estatales que lo demandaron numerosos documentos, incluidos los que DOGE y Musk crearon o editaron con respecto al despido de trabajadores federales, dijo la jueza de distrito de EE. UU. Tanya Chutkan.
Chutkan concedió en gran medida las solicitudes de pruebas de los fiscales generales, que afirman que las acciones de Musk como cara pública del DOGE son inconstitucionales en parte porque no fue confirmado por el Senado de Estados Unidos.
Después de que la jueza rechazara en febrero su intento de bloquear el acceso del DOGE a los datos del gobierno, los fiscales generales dijeron que Chutkan debería conceder un descubrimiento acelerado para poder confirmar que Musk y el DOGE "están dirigiendo acciones dentro de las agencias federales que han perjudicado profundamente a los estados y seguirán perjudicándolos" mientras preparan una moción de medida cautelar.
Los abogados del gobierno se opusieron a la moción. "El material que buscan los estados no es relevante para sus reclamaciones; ni la corte debería exigir tal presentación de pruebas en un plazo acelerado antes de que haya tenido la oportunidad de adjudicar la moción de desestimación del gobierno", dijeron los abogados.
Chutkan dijo que concedía el descubrimiento acelerado porque era "razonable y necesario para evaluar la solicitud de los demandantes de medidas cautelares".
Desestimó los argumentos del gobierno de que acelerar la presentación de pruebas para apoyar la próxima moción de medida cautelar no era razón suficiente para acelerar la presentación de pruebas.
"Los tribunales de esta jurisdicción [...] han determinado sistemáticamente que los procedimientos de medidas cautelares son exactamente el tipo de circunstancias que justifican la obtención expeditiva de pruebas", dijo Chutkan.
El caso se centra en la autoridad del DOGE o en la supuesta falta de la misma, y en si ha estado trabajando con agencias o dirigiéndolas para recortar personal y acuerdos.
En una presentación del caso, un funcionario de la Casa Blanca dijo que Musk, asesor especial del presidente Donald Trump, no era empleado del DOGE y no tenía autoridad para tomar decisiones. Trump dijo más tarde que Musk estaba a cargo del DOGE, mientras que la exconsultora Amy Gleason fue nombrada administradora interina.
El DOGE ha estado ayudando a varias agencias que han despedido a decenas de miles de trabajadores desde que Trump juró el cargo el 20 de enero, según Trump, Musk y funcionarios de la agencia.
Según la nueva orden, que no se aplica a Trump, el gobierno debe entregar documentos sobre la obtención de acceso y la realización de cambios en las bases de datos, listas y resúmenes federales relativos a la cancelación de acuerdos federales, así como documentos creados o editados en relación con el despido de trabajadores federales.
El plazo para la presentación de pruebas es de 21 días.
El juez dictaminó que el DOGE también debe identificar a todas las personas que han ejercido como administrador del DOGE, o como jefe funcional del DOGE desde que Trump asumió el cargo; a todas las personas que forman parte del DOGE; y a todas las agencias para las que el DOGE o Musk cancelaron o ordenaron la cancelación de subvenciones y contratos o el despido de empleados.
Chutkan denegó la solicitud de los demandantes de dos declaraciones juradas, que los fiscales generales dijeron que se planificarían en base a la producción de pruebas del gobierno.
"Aunque los demandantes acuerdan no intentar tomar declaración al presidente Trump o a Musk, la corte reconoce que las declaraciones juradas imponen una carga más pesada que la presentación de pruebas por escrito", dijo el juez. "Si los demandados no responden adecuadamente a la presentación de pruebas por escrito de los demandantes, estos podrán renovar sus solicitudes de declaraciones juradas".
Es al menos la segunda orden de esta semana que exige al DOGE que presente documentos. Otro juez federal ordenó recientemente al DOGE que cumpliera con una solicitud de la Ley de Libertad de Información, al considerar que ha estado actuando de forma independiente del presidente.
Un tercer juez estadounidense ordenó en febrero a un trabajador del DOGE que declarara en un caso aparte que también pretende impedir que el DOGE acceda a algunos sistemas gubernamentales.
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