El presidente Donald Trump emitió una proclamación invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que prevé la deportación de no ciudadanos en tiempos de guerra o invasión.
La proclamación se dirige a los miembros de la banda Tren de Aragua (TdA), que Trump vincula al régimen socialista de Venezuela. Trump declaró al TdA como organización terrorista extranjera en febrero.
El caso está en un limbo legal después de que varios grupos demandaran a la administración.
Mientras tanto, la ley ya se ha utilizado como base para un vuelo de deportación que transporta a cientos de ciudadanos venezolanos a El Salvador en virtud de un acuerdo anunciado un día antes.
Historia de la ley
La Ley de Enemigos Extranjeros formaba parte de las Leyes de Extranjería y Sedición promulgadas en 1798 por la legislatura federalista durante la cuasi guerra naval entre Estados Unidos y Francia.La ley autoriza al presidente a «detener, restringir, asegurar y expulsar, como enemigos extranjeros» a los ciudadanos de una nación hostil durante guerras declaradas o tiempos de invasión.
La ley, que se ha utilizado muy pocas veces en 227 años, fue invocada por primera vez contra ciudadanos británicos por el presidente James Madison durante la Guerra de 1812.
En 1917, después de que el Congreso declarara la guerra a Alemania, el presidente Woodrow Wilson emitió una proclamación que se aplicó a los alemanes y, más tarde, a los austrohúngaros, búlgaros y otomanos. Miles de personas fueron registradas y algunas fueron internadas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Roosevelt utilizó la ley como base para el internamiento masivo de ciudadanos no estadounidenses de nacionalidad japonesa, alemana e italiana. El internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés se realizó bajo una autoridad diferente.
Comienzan los vuelos de deportación
La proclamación de Trump marca el primer intento de uso de la ley desde la Segunda Guerra Mundial y es la primera que no se basa en un estado de guerra declarada.Más bien, la proclamación de Trump se basa en el lenguaje que permite tal autoridad durante «cualquier invasión o incursión depredadora... contra el territorio de Estados Unidos, por parte de cualquier nación o gobierno extranjero».
En la proclamación, Trump dijo que el TdA está perpetrando tal invasión «bajo la dirección, clandestina o de otro tipo, del régimen [del presidente venezolano Nicolás Maduro]».
Un juez federal bloqueó la implementación de la proclamación alrededor de las 7 p. m. EDT del 15 de marzo.
El 16 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que 250 miembros del TdA habían sido deportados a El Salvador, que había aceptado acoger a los deportados que Venezuela se había negado a readmitir, a cambio de un pago de 6 millones de dólares por parte de Estados Unidos.
La Casa Blanca confirmó más tarde que el vuelo había salido antes de que la corte emitiera la orden.
Recursos legales
La proclamación fue impugnada de inmediato por los abogados de cinco de los ciudadanos venezolanos con el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles y Democracy Forward.La demanda cita la naturaleza sin precedentes del uso de la ley por parte de Trump, señalando que anteriormente solo se utilizaba en tiempos de guerra. También afirma que la proclamación podría utilizarse para deportar a ciudadanos venezolanos de forma más generalizada.
En un fallo inicial, el juez James Boasberg de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ordenó un retraso de al menos dos semanas en la deportación de los cinco demandantes, y en un fallo posterior concedió la certificación de demanda colectiva a todos los afectados por la proclamación.
«No creo que pueda esperar más y estoy obligado a actuar», dijo Boasberg el 15 de marzo antes de su fallo para bloquear la aplicación inmediata de la orden. «Un breve retraso en su expulsión no causa ningún daño al gobierno».
La fiscal general Pam Bondi y el Departamento de Justicia presentaron el 16 de marzo una moción de emergencia en la Corte de Apelaciones de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
«Esta corte debe detener esta intrusión sin precedentes a la autoridad del Ejecutivo para expulsar a extranjeros peligrosos que representan graves amenazas para el pueblo estadounidense», escribió Bondi.
Reacción de los legisladores
Los republicanos tacharon a Boasberg como un juez activista que impide la deportación de delincuentes violentos del país.«Es ridículo que un presidente demócrata pueda importar a miembros de bandas violentas, pero un presidente republicano no pueda deportarlos», escribió el representante Mike Collins (R-Ga.) en una publicación en la red social X.
El representante Brandon Gill (R-Texas) prometió en X presentar artículos de destitución contra Boasberg.
El representante Andrew Clyde (R-Ga.) volvió a publicar la entrada de Gill y ofreció su apoyo. Sin embargo, es poco probable que cualquier intento de destitución llegue lejos, ya que la destitución de un juez federal requiere el consentimiento de dos tercios del Senado.
Pocos demócratas han emitido declaraciones hasta ahora, pero algunos han anunciado su oposición al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El representante Juan Vargas (D-Calif.) y otros demócratas de la Cámara de Representantes volvieron a presentar el 13 de marzo la Ley de Vecinos, No Enemigos, que anularía la legislación de 1798. Vargas calificó la legislación como una «ley draconiana de tiempos de guerra».
El mismo proyecto de ley había sido reintroducido en enero en el Senado por la senadora Mazie Hirono (D-Hawái).
El representante Joaquín Castro (D-Texas) dijo el 14 de marzo que cualquier esfuerzo por utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones sería un «abuso de poder».
¿Qué sigue?
El destino de la proclamación está en las cortes. Los demócratas u otros críticos no tienen otras opciones, dado que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso.El uso de la ley por parte de Trump es novedoso y depende de un supuesto vínculo entre el TdA y el régimen de Maduro.
La sentencia temporal de Boasberg podría ser anulada por la apelación de Bondi, o podría confirmarse en espera de un nuevo litigio.
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