Una corte federal de apelaciones bloqueó disposiciones clave de la iniciativa de alivio de la deuda estudiantil del expresidente Joe Biden, dictaminando que el Departamento de Educación extralimitó su autoridad legal al implementar una amplia condonación de préstamos a través de su plan de pago en función de los ingresos (ICR).
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Octavo Circuito emitió su fallo el 18 de febrero, confirmando la medida cautelar de una corte inferior contra el Plan de Ahorro para una Educación Valiosa (SAVE, por sus siglas en inglés). El programa está diseñado para reducir los pagos mensuales y acelerar la condonación para algunos prestatarios.
El fallo responde a una demanda presentada por siete estados —Misuri, Arkansas, Florida, Georgia, Dakota del Norte, Ohio y Oklahoma— que impugnaban la legalidad del programa de condonación de préstamos estudiantiles de la administración Biden.
La corte determinó que el secretario de educación carecía de autoridad legal para implementar la condonación de préstamos bajo un plan ICR.
"El texto y la estructura del estatuto requieren que los planes ICR estén diseñados para que el prestatario pague el saldo de su préstamo en su totalidad mediante pagos que pueden fluctuar en función de los ingresos durante el plazo de pago", afirma el fallo.
Los jueces determinaron que el Plan SAVE iba más allá de este marco al condonar préstamos en lugar de garantizar su reembolso, lo que hace que la política sea incompatible con la intención del Congreso.
La demanda argumenta que alterar los umbrales de pago, detener la acumulación de intereses y otorgar una condonación anticipada de los préstamos excedían la autoridad del Departamento de Educación.
El tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo y dictaminó que si bien el departamento tiene el poder de crear planes de pago, debe hacerlo dentro de la legislación vigente.
La decisión también amplió la orden judicial de la corte de distrito, bloqueando la totalidad de la norma SAVE. Los jueces determinaron que las disposiciones de condonación de préstamos de la norma eran fundamentales para su estructura y no podían separarse del resto del plan.
Debido a que las disposiciones de condonación se consideraron ilegales e inseparables de la norma, otros aspectos del Plan SAVE —como los nuevos umbrales de pago y políticas de acumulación de intereses— ahora también están bloqueados.
El fallo también abordó la cuestión de la legitimación legal, afirmando que al menos un estado, Misuri, demostró daño financiero a través de su administrador de préstamos estudiantiles, la Autoridad de Préstamos de Educación Superior del Estado de Misuri.
Los críticos del plan vieron a SAVE como una forma de lograr una amplia cancelación de la deuda después de que la Corte Suprema anulara la anterior orden de alivio de Biden en 2023.
El fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, celebró la decisión de la corte.
"Aunque Joe Biden ya no esté en el cargo, este precedente es imperativo para garantizar que un presidente no pueda obligar a los estadounidenses trabajadores a pagar la deuda de la Ivy League de otros", escribió Bailey en un posteo en X. "ENORME victoria".
Con esta última decisión, millones de prestatarios inscritos en el Plan SAVE podrían ver modificados sus plazos en sus condiciones de pago, en particular aquellos que preveían una condonación anticipada de sus préstamos.
Hasta el momento de esta publicación, el Departamento de Educación de EE. UU. no respondió a una solicitud de comentarios sobre lo que podría significar el fallo judicial para los prestatarios inscritos en el Plan SAVE.
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