La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó este miércoles el informe que recomienda la inhabilitación para ejercer cargo público contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por diez años, una decisión que deberá ser ratificada por el pleno del Parlamento.
Este grupo parlamentario, antesala del pleno, dio luz verde a un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda la acusación constitucional a Vizcarra por el cierre del Parlamento en 2019, ocurrido en medio de una lucha entre poderes para impulsar la reforma de la judicatura.
Vizcarra se ausentó de la sesión después de informar que el Tribunal Constitucional (TC) había declarado infundada la demanda competencial sobre los hechos.
No obstante, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, respondió que el trámite de la acusación constitucional seguirá adelante, a pesar de su "inasistencia injustificada".
El expresidente Vizcarra es procesado actualmente por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua, antes de ser jefe de Estado, y mantiene una intensa actividad pública en redes sociales para impulsar un nuevo partido político con miras a las elecciones generales de 2026.
Junto a Vizcarra, la comisión legislativa aprobó la acusación constitucional y la inhabilitación contra el ex primer ministro Salvador del Solar por un plazo de cinco años.
También ha reservado la decisión sobre la acusación promovida contra el también ex primer ministro Vicente Zeballos, porque éste pidió su reprogramación.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, sustentó el informe contra Vizcarra, Del Solar y Zeballos por presunta infracción del artículo 134 de la Constitución Política, referido a la disolución del Congreso que faculta al mandatario a disolver el Parlamento cuando este le niegue la confianza o censure a dos Consejos de Ministros.
El abogado Luciano López, defensa de Del Solar, pidió considerar que ya se ha superado el plazo de caducidad de la acusación y rechazó que la cuestión de confianza planteada por el ex primer ministro no haya tenido la aprobación del entonces Consejo de Ministros.
Tras la votación de las acusaciones, la comisión designó a los legisladores María Acuña y Héctor Ventura como los encargados de sustentar el informe acusatorio ante el pleno del Congreso.
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