El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 15 de abril que permite a agencias y departamentos federales trasladarse a espacios y oficinas más económicos fuera de Washington, como parte de los esfuerzos en curso para reducir el gasto gubernamental innecesario.
“El pueblo estadounidense está distribuido en más de 3.8 millones de millas cuadradas en zonas urbanas, suburbanas y rurales”, indica la orden ejecutiva. “Para brindar servicios de la más alta calidad de manera eficiente y rentable, los departamentos y agencias ejecutivas... deben estar donde está la gente”.
La orden de Trump anula dos disposiciones ejecutivas de larga data emitidas por los expresidentes Jimmy Carter y Bill Clinton, que exigían que las oficinas del gobierno federal se ubicaran en distritos comerciales centrales.
La orden de Carter, firmada en agosto de 1978, tenía como objetivo mejorar estos distritos comerciales, pero en su lugar impidió que las agencias se trasladaran a instalaciones de menor costo, según la orden de Trump.
La orden de Clinton, firmada en mayo de 1996, buscaba alentar a las agencias a ubicar sus instalaciones en propiedades y distritos históricos, especialmente cuando se encontraban en zonas comerciales centrales. Sin embargo, no logró garantizar adecuadamente que los servicios gubernamentales se ofrecieran de manera eficiente y eficaz, de acuerdo con la orden de Trump.
“Revocar estas órdenes restaurará el sentido común en la gestión del espacio de oficinas federales al permitir que las agencias elijan instalaciones rentables y se enfoquen en cumplir con éxito sus misiones para los contribuyentes estadounidenses”, señala la orden ejecutiva de Trump.
La orden instruye al administrador de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), que administra las propiedades federales, a iniciar el proceso de actualización de las regulaciones en el registro federal y tomar cualquier otra medida necesaria para alinear la política de gestión del espacio de oficinas federales con su orden.
Se indica que cualquier agencia que adquiera o utilice espacio de propiedad federal o arrendado deberá cumplir con la orden.
Según una hoja informativa de la Casa Blanca, la Administración de Servicios Generales (GSA) actualmente administra aproximadamente 363 millones de pies cuadrados rentables en 8,397 edificios ubicados en más de 2,200 comunidades en todo Estados Unidos.
Las obligaciones por mantenimiento diferido de estos edificios superan ahora los 17 mil millones de dólares, y en muchos casos, dichas obligaciones superan el valor real de las propiedades que posee la agencia federal, según el documento.
La orden de Trump permite a las agencias federales “seleccionar espacios de oficina e instalaciones en función de su rentabilidad, idoneidad para la misión y las necesidades del pueblo estadounidense”, según señala la hoja informativa.
Las revisiones realizadas por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) han llevado en los últimos meses a la cancelación de arrendamientos federales en todo el país, como parte de un esfuerzo por reducir el gasto público innecesario y ahorrar 155 mil millones de dólares del presupuesto federal en el año fiscal 2026.
Según el sitio web oficial del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés)—establecido por Trump en enero mediante una orden ejecutiva—ya se ha cancelado un contrato de arrendamiento de USD $1,863,031 con la Oficina de Recuperación en Boise, Idaho. Ese contrato, correspondiente a un edificio de 79,869 pies cuadrados, generó un ahorro aproximado de USD $18,630,308, según DOGE.
Además, se canceló un contrato con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. en Hadley, Massachusetts, que cubría un espacio de 72,220 pies cuadrados y costaba USD $1,590,490 anuales. Terminar ese contrato se estima generará un ahorro de USD $11,595,327, de acuerdo con DOGE.
También se rescindió un contrato de arrendamiento con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en Los Ángeles, California, correspondiente a un edificio de 57,903 pies cuadrados y con un costo anual de USD $2,464,948.
Según DOGE, la cancelación de ese contrato permitirá al gobierno ahorrar USD $9,812,520.
