Algunos empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) recibieron instrucciones de vaciar cajas fuertes clasificadas y destruir registros de la agencia, según un documento judicial presentado el 11 de marzo por sindicatos de empleados.
Democracy Forward y Public Citizen Litigation Group presentó una moción de emergencia en nombre de los sindicatos para obtener una orden de restricción temporal que impida la destrucción de pruebas dentro de USAID.
En su moción, los sindicatos incluyeron una captura de pantalla de un correo electrónico de la secretaria ejecutiva en funciones de USAID, Erica Carr, en el que ordenaba a los empleados que vaciaran «cajas fuertes clasificadas y documentos personales» de la oficina de la agencia en el edificio Ronald Reagan a partir de las 9:30 a.m. del martes.
«Trituren primero todos los documentos que puedan y reserven las bolsas para quemar para cuando la trituradora no esté disponible o necesite un descanso», escribió Carr en el correo electrónico. El contenido de los documentos no está claro.
Los sindicatos alegaron que la directiva de Carr viola la Ley Federal de Registros (FRA), que exige a las agencias federales que conserven los registros internos, y podría destruir documentos pertinentes a su litigio para impedir que la administración Trump desmantele USAID.
«Esta directiva sugiere una destrucción rápida de registros de la agencia a gran escala que no podría implicar de manera plausible una evaluación razonada de las obligaciones de retención de registros para los documentos relevantes en virtud de la FRA o en relación con este litigio en curso», declararon.
La moción afirma que los demandantes habían solicitado información a la administración Trump sobre los esfuerzos de destrucción en USAID y se les dijo que el asunto estaba bajo investigación.
Sin embargo, los sindicatos solicitaron que la corte interviniera para impedir que la agencia destruyera cualquier documento mientras su litigio estuviera en curso.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró en las redes sociales que el correo electrónico se envió a «unas tres docenas de empleados» y que los documentos que se estaban destruyendo estaban desactualizados.
«Los documentos en cuestión eran antiguos, en su mayoría contenido de cortesía (contenido de otras agencias), y los originales aún existen en sistemas informáticos clasificados», declaró en la red social X sobre las preocupaciones.
Kelly también declaró que el edificio de USAID pronto sería ocupado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
La Asociación Estadounidense de Servicio Exterior (AFSA), uno de los sindicatos que presentó la demanda, dijo que estaba alarmada por los informes de destrucción de documentos en USAID e instó a los dirigentes de la agencia a que se adhirieran plenamente a las leyes federales de conservación de documentos.
«La AFSA está siguiendo de cerca esta situación e insta a los dirigentes de USAID a que aclaren inmediatamente esta directiva», dijo la organización en un comunicado.
AFSA, junto con la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y Oxfam América, presentó una moción separada el 10 de marzo para bloquear el desmantelamiento de USAID bajo el presidente Donald Trump, alegando que viola la Constitución y las leyes federales.
USAID es una agencia independiente establecida por el presidente John F. Kennedy en 1961 a través de la Ley de Asistencia Exterior. La agencia es responsable de administrar la ayuda exterior y la asistencia para el desarrollo de EE. UU.
Después de asumir el cargo el 20 de enero, Trump anunció una congelación de 90 días de toda la ayuda exterior y la financiación para el desarrollo, a la espera de revisiones para garantizar que los programas se ajustaran a los intereses de Estados Unidos bajo su política de «América primero». La medida provocó múltiples impugnaciones legales por parte de sindicatos y legisladores, que alegaron que la congelación de fondos era inconstitucional.
El secretario de Estado, Marco Rubio, que también ejerce de administrador en funciones de USAID, declaró el 10 de marzo que se habían cancelado alrededor del 83 por ciento, es decir, 5200, de los contratos de USAID. Estos contratos «no servían (y en algunos casos perjudicaban) a los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos», dijo.
Rubio dijo que los 1000 contratos restantes se mantendrán.
El sitio web de la agencia se desconectó tras la orden ejecutiva de Trump. USAID ordenó a miles de sus empleados que cesen en su trabajo, poniéndolos en licencia administrativa remunerada, excepto aquellos que se ocupan de «funciones críticas para la misión, liderazgo central y/o programas especialmente designados».
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