El 17 de abril, un juez restringió al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) el acceso a los datos sin censura del seguro social, fallando a favor de los sindicatos y jubilados que demandaron al departamento.
La medida cautelar de la jueza federal Ellen Hollander prohíbe a la Administración del Seguro Social (SSA) conceder a los empleados del DOGE y al empleado especial de la Casa Blanca Elon Musk el acceso a cualquier registro que contenga información de carácter personal, como direcciones. También ordena a Musk, al DOGE y a las filiales del DOGE que eliminen todos los datos no anónimos que obren en su poder de cualquier sistema del Seguro Social.
La orden judicial seguirá vigente mientras se tramite el caso, salvo que la corte de apelaciones dicte lo contrario. Hollander ya había dictado una orden de restricción temporal con un texto similar, que queda sustituida por la presente orden judicial.
En un memorándum en el que explicaba su decisión, dictada horas después de una audiencia en la corte federal de Maryland, Hollander dijo que el objetivo del DOGE —combatir el despilfarro y el fraude— "es loable y, presumiblemente, aplaudido y apoyado por el público estadounidense".
Según ella, el caso se centra en cómo el DOGE lleva a cabo su trabajo.
"Durante unos 90 años, la SSA se guio por el principio fundamental de la expectativa de privacidad con respecto a sus registros. Este caso pone de manifiesto una gran fisura en los cimientos", escribió.
La Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y del Condado y otros demandantes probablemente ganarán su demanda en la que alegan que la decisión de la SSA de dar acceso al DOGE a datos sin censura fue arbitraria y caprichosa, en violación de las leyes federales, concluyó la jueza.
"Además, los demandantes demostraron que sus miembros sufrirán un daño irreparable si no se dicta una medida cautelar, la equidad se inclina a su favor y la medida cautelar sirve al interés público", escribió.
La orden no impide al DOGE acceder a la información censurada del Seguro Social.
Los abogados de los demandantes habían declarado en la moción de medida cautelar que sus miembros esperaban que sus datos permanecieran privados. Afirmaron que el acceso concedido al DOGE violaba una ley denominada Ley de Privacidad, ya que el equipo del DOGE no tenía necesidad de acceder a la información y dicho acceso no estaba justificado por una excepción para uso rutinario.
Los abogados del Gobierno habían afirmado en los documentos judiciales que el trabajo del DOGE consistía, entre otras cosas, en garantizar que los registros del Seguro Social reflejaran con exactitud si las personas estaban vivas o muertas, como parte de un proyecto para mejorar la eficiencia del Gobierno ordenado por el presidente Donald Trump. Afirmaron que las ocho personas a las que se había concedido acceso a datos de carácter personal habían sido sometidas a controles de antecedentes y a formación sobre diversos temas, como la ética.
Los abogados afirmaron que el acceso entraba dentro de una excepción prevista en una ley denominada Ley de Privacidad.
"Aunque la Ley de Privacidad prohíbe en general la divulgación de registros protegidos que contengan información personal sin consentimiento, autoriza la divulgación de dichos registros a aquellos funcionarios y empleados de la agencia que mantiene el registro y que lo necesitan para el desempeño de sus funciones", escribieron en un escrito. "Proporcionar acceso a los registros de la agencia a los miembros del equipo del DOGE de la SSA entra dentro de esa autorización".
El Gobierno tiene previsto recurrir ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos.
A principios de abril, esa corte anuló un fallo de otro juez que impedía al DOGE acceder a los registros de otras dos agencias, el Departamento de Educación y la Oficina de Gestión de Personal.
La mayoría de los miembros de la corte de apelaciones afirmaron que el gobierno había presentado pruebas que sugerían que finalmente ganaría el caso.
En otro fallo dictado esta semana, un tercer juez federal autorizó que prosiguiera un caso presentado por los sindicatos sobre el acceso del DOGE a los datos del Departamento de Trabajo.
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