El Departamento de Justicia (DOJ) puede detener temporalmente la financiación de programas que brindan orientación legal a inmigrantes ilegales, incluidos aquellos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras una demanda presentada por los grupos que brindan el servicio se resuelve en la corte, dictaminó un juez federal el 15 de abril.
El fallo del juez de distrito Randolph Moss afecta a varios programas, incluido el Programa de Orientación Legal, el Servicio de Ayuda de la Corte de Inmigración, el Programa de Orientación Legal para Grupos Familiares y la Iniciativa de Asesoramiento para Niños.
El Congreso asigna 29 millones de dólares al año para los cuatro programas que colectivamente proporcionan información a los inmigrantes ilegales no representados sobre sus derechos y obligaciones durante los procedimientos de deportación.
El fallo de Moss significa que una coalición de grupos sin fines de lucro que ofrecen los programas perderán temporalmente su financiación federal el 16 de abril.
La decisión se produjo en respuesta a una demanda presentada por el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes en enero en nombre de la coalición, pocos días después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada "Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión".
Esa orden ordenaba al fiscal general y al secretario de seguridad nacional realizar una auditoría de todos los contratos, subsidios y otros acuerdos que proporcionan financiación federal a organizaciones no gubernamentales que apoyan o prestan servicios a "inmigrantes deportables o ilegales", como parte de los esfuerzos de Trump para reducir el despilfarro y el fraude dentro del gobierno.
Poco después de firmarse la orden, el Departamento de Justicia emitió una "orden de suspensión de trabajos" para los programas con el fin de permitir una auditoría y, al mismo tiempo, pausar la financiación.
En su demanda, la coalición de organizaciones sin fines de lucro argumentó que los programas afectados por la pausa en la financiación eran necesarios para ayudar a aumentar la eficiencia de las cortes de inmigración, reducir los costos en las adjudicaciones administrativas de inmigración y "ofrecer salvaguardas para los no ciudadanos sin representación en un sistema de inmigración sobrecargado".
Los demandantes señalaron que, a diferencia de los casos penales, las personas en las cortes de inmigración y en los centros de detención no tienen derecho a un abogado y, generalmente, completan los procedimientos sin asistencia legal.
"Efectos devastadores e irreparables"
Programas como el Immigration Court Helpdesk y otros son "la única fuente de información experta sobre el sistema legal de inmigración que muchas personas reciben", y eliminarlos en un momento en que las detenciones y deportaciones están "aumentando exponencialmente" bajo los esfuerzos de la administración Trump para abordar la crisis de inmigración ilegal tendría "efectos devastadores e irreparables" para las personas detenidas, dijeron.La demanda argumentó además que la orden de Trump violaba la Ley de Procedimiento Administrativo porque el Congreso ya había asignado fondos a algunos de los programas en un proyecto de ley convertido en ley bajo la administración Biden en 2024.
Además, la orden violó los derechos de la organización bajo la Primera Enmienda a la libertad de expresión para difundir información asesorando a los inmigrantes ilegales sobre sus derechos legales en los centros de detención del ICE, argumentó la demanda.
El Departamento de Justicia anuló la orden de suspensión de trabajos poco después de que se presentara la demanda y ordenó que se restableciera la financiación a los programas, sin proporcionar detalles sobre su decisión.
El 11 de abril, el departamento dijo que terminaría sus contratos con los grupos en todo el país a partir de las 12:01 a. m. del 16 de abril, según una moción renovada para una orden de restricción temporal presentada por los grupos esta semana.
Durante la audiencia del 15 de abril, el abogado del Departamento de Justicia, Zachary Sherwood, le dijo a Moss que el caso era esencialmente una disputa contractual y que no debería manejarse en la Corte de Distrito de EE. UU., sino trasladarse a la Corte de Reclamaciones Federales, que maneja la mayoría de las reclamaciones relacionadas con contratos contra el gobierno federal.
Moss dijo a los abogados de ambas partes que no podía encontrar una justificación inmediata para ordenar al Departamento de Justicia que continuara financiando los programas por ahora.
El juez solicitó más información a ambas partes antes de emitir una decisión final en el caso el próximo mes, incluidos los registros que muestren cómo el Departamento de Justicia llegó a su decisión de terminar los contratos y cualquier plan para gastar el dinero asignado en el futuro, así como información sobre cualquier problema que experimenten los grupos cuando intenten comunicarse con los no ciudadanos detenidos en las próximas semanas.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para solicitarle comentarios.
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